“Yo no viajo con Avianca”: la cancelación de los tiquetes de Petro desata un llamado al boicot.
La decisión de Avianca de cancelar las reservas del expresidente Gustavo Petro para viajar a México encendió una ola de críticas en redes sociales. Sectores afines al exmandatario impulsaron el mensaje “Yo no viajo con Avianca” y llamaron a dejar de usar los servicios de la aerolínea.
La compañía canceló los tiquetes de Petro para la ruta Bogotá–Ciudad de México–Bogotá, previstos para el 30 de agosto y el 2 de septiembre, y reembolsó el valor pagado. En una carta del 24 de agosto, Avianca explicó que una revisión de cumplimiento normativo lo identificó en la lista SDN de la OFAC, administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Petro está en ese listado desde octubre de 2025.
Las reservas se habían comprado a través de una agencia de viajes en Ecuador; la cancelación solo afectó sus tiquetes, no los de los otros dos pasajeros de la misma reserva.
Avianca sostiene que la medida no es política. Argumenta que opera rutas hacia Estados Unidos, procesa transacciones en dólares y usa tecnología y bienes de origen estadounidense, por lo que le resultan vinculantes las sanciones de la OFAC. Esas normas, dice, le prohíben prestar servicios a personas cuyos bienes e intereses están bloqueados por figurar en la lista.
Petro rechazó esa explicación. Calificó la cancelación como “exclusión por razones políticas” y “arbitrariedad bajo las leyes colombianas”. Aseguró que Avianca no es una empresa de Estados Unidos —sino del Reino Unido— y que la OFAC no la obliga a impedirle volar.
El exmandatario se sumó a la campaña de no comprarle tiquetes “hasta que cambie su posición” y anunció posibles acciones jurídicas. Finalmente viajó a México en Aeroméxico.
Dirigentes cercanos al petrismo secundaron el rechazo. Isabel Zuleta calificó la decisión como una “falta de respeto con Colombia”, mientras otras voces anunciaron que tampoco volverán a volar con la aerolínea.
La controversia dejó dos lecturas enfrentadas: para Avianca, se trata del cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales; para Petro y sus aliados, de discriminación política. El debate jurídico de fondo —hasta dónde obliga la OFAC a una aerolínea con operaciones en Estados Unidos, pero sin ser empresa estadounidense— sigue abierto.
