«No vamos a firmar”: Canciller (e) confirma que no le adjudicarán contrato de pasaportes a Thomas Greg

En un nuevo giro de la polémica licitación de pasaportes, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo confirmó que el Gobierno no piensa firmar la adjudicación del contrato para Thomas Greg and Sons, la multinacional que hace unas semanas recibió el contrato sin autorización del presidente.

“Este es un proceso que hay que revisarlo. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares. He elevado unas consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente para que ellos conceptúen sobre esta estrategia”, dijo el canciller Murillo, quien además es la persona encargada de todo este tema de la licitación.

En días pasados, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, sorprendió a todo el país al anunciar que había adjudicado y firmado el contrato para que fuera Thomas Greg and Sons la encargada de fabricar los pasaportes durante el tiempo que le resta al Gobierno.

Sin embargo, sus decisiones fueron tomadas sin consultarle a sus superiores y en contravía de lo que pedía el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que no se le asigne a TGS un contrato que está plagado de presuntos líos de corrupción.

Desde ese entonces, se rumoraba que el Gobierno estaba buscando los argumentos jurídicos para dejar sin efectos ese acto administrativo de Salazar, quitarle la adjudicación a Thomas y continuar con la otra licitación que estaba en curso. Sin embargo, esta es la primera vez desde que inició este gran lío que Murillo lo confirma.

De hecho, el mismo canciller ya había empezado a cuestionar la validez de los documentos firmados por el exsecretario por dos cosas: primero porque, según él, Salazar no tenía el poder para pasar por encima de decisiones tomadas por sus superiores, y, segundo, porque la adjudicación se habría hecho sin certificado de asignación presupuestal vigente.

Es decir, se entregó un contrato, pero sin decir de dónde saldría el dinero para pagarlo, un “error” que podría ser la salida del Gobierno para dejar sin efectos esas resoluciones.