Burbuja Política
La Gloria del beisbol cordobés y colombiano se encontraba en la capital del Atlántico con el equipo Vaqueros de Montería cuando sufrió un infarto fulminante.
En sus redes sociales, Vaqueros, lamento la partida de Morales «Te fuiste de forma inesperada, amigo. Quienes pertenecemos a esta familia y todo el deporte cordobés, lloramos tu partida física y oramos por tu encuentro con el Señor. Vuela Alto, Ismael».
La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha aceptado el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, como sujeto incorporado a la fuerza pública durante el período comprendido entre 1989 y 2004. La magistrada Heidy Patricia Baldosea, encargada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, anunció esta determinación en la Audiencia Única de Verdad llevada a cabo este viernes en Bogotá, en la cual Mancuso participó de manera virtual.
La JEP considera que Mancuso desempeñó un papel crucial como bisagra o punto de conexión entre los grupos paramilitares y la fuerza pública. Esta aceptación excepcional de su sometimiento implica que se reconocen las responsabilidades y acciones de Mancuso como parte de la estructura de la fuerza pública durante el periodo mencionado.
Por su parte, el magistrado Pedro Díaz presentó el análisis y la contrastación de lo dicho por Mancuso durante la Audiencia Única de Verdad. La contrastación, señaló la JEP, que amplió el umbral de verdad con relación a señalamientos sobre la parapolítica. “Mancuso evidenció que detrás de la violencia desplegada por el contubernio entre el paramilitarismo y la fuerza pública (en Córdoba contra sindicalistas y profesores) se encontraban importantes actores económicos y políticos de la región”, dijo el magistrado Díaz.
Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde 2008, ya había golpeado las puertas de la JEP, pero le negado su ingreso en 2020, sin embargo , luego de varios intentos y recursos judiciales con los cuales buscó abrirse un espacio, el exjefe paramilitar logró en 2022 que la justicia transicional lo escuchara en una audiencia pública en la que debía explicar qué tanta verdad podía aportar, pero esta vez como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas y miembros de la Fuerza Pública.
El alcalde del municipio de San Pelayo Harving Espitia, recibió en su despacho al alcalde electo William Cavadia Hernandez para darle la bienvenida al Palacio Municipal que administrará desde el primero de enero de 2024.
En medio del encuentro, Espitia socializó con el alcalde electo, los lineamientos del proceso de empalme que se adelantará de manera conjunta entre la administración saliente y la entrante, durante los próximos días.
Así mismo, el actual alcalde de San Pelayo le anunció al mandatario electo que ya firmó el convenio interadministrativo que garantiza la inversión de más de 19 mil millones de pesos para la construcción de más kilómetros de pavimento, en concreto rígido, desde el corregimiento de Bongamella hacia el corregimiento de Buenos Aires.
En total, son más de 45 mil millones de pesos los que gestionó la administración «Trabajemos Juntos» ante Invias para conectar a ambos territorios.
Al término de la reunión, el nuevo alcalde, William Cavadia Hernández recibió con mucho regocijo lo anunciado por Espitia y manifestó que » Seguiré trabajando de manera transparente, brindándole garantías al pueblo pelayero. También, quiero expresarles que dentro de los próximos días vamos a estar visitando las obras terminadas y las que ya están culminando su ejecución».
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución impuesta al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez (2016 – 2019), y le impuso una inhabilidad general de 12 años, al hallarlo responsable de interés indebido en la adjudicación del contratista que se encargaría del manejo de las basuras en la ciudad.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el exmandatario utilizó su cargo como alcalde y presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB- para favorecer a terceros, entre ellos a su hijo, quien recibiría un 28 % de la comisión total que se lograra por la adjudicación del contrato, si este se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia, que sería suministrada por la Unión Temporal Vitalogic RSU.
Para cumplir con el objetivo de entregar el manejo de las basuras a una firma en particular, el ahora sancionado escogió la persona o consultor que se encargaría de elaborar los términos de dicha contratación, y entregó instrucciones para que la EMAB lo vinculara y le pagara por sus servicios, sin que existiera soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría.
Para el Ministerio Público se demostró que el procesado “se apartó de la función pública en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, (…) sino que, por el contrario, usó el poder otorgado con su cargo o investidura para buscar beneficios personales, transgrediendo el fin último del servicio público que es servir a los demás y no a sí mismo”.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta cometida por el entonces alcalde Rodolfo Hernández como una falta gravísima cometida a título de dolo, y precisó que, por tratarse de un servidor público de elección popular que no se encuentra en ejercicio de su mandato, la sanción impuesta quedó ejecutoriada con la notificación efectuada y su ejecución es de carácter inmediato.
La Procuraduría puntualizó en el fallo de segunda instancia que el hecho investigado configura un acto de corrupción de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales existentes, y en la lucha contra esas conductas “el ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente”.
El Consejo de Estado negó la tutela presentada por el magistrado Gerardo Botero Zuluaga que pretendía tumbar la terna de solo mujeres que propuso el presidente de la República, Gustavo Petro, para elegir a la próxima fiscal general de la Nación.
El 5Consejo concluyó que no se estaban vulnerando los derechos fundamentales al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género o libertad de expresión del magistrado que presentó la tutela.
La tutela presentada por Botero solicitaba dejar sin valor y efecto la decisión de la Corte Suprema de negar la devolución de la terna, además de ordenar al presidente Gustavo Petro presentar una nueva terna, en la que por lo menos se incluyera a un hombre. El implicado aseguró que “para evitar una estigmatización en su contra” aseguraba que, si hubiera existido el caso contrario en que se presentara una terna de solo hombres, también se habría movilizado en su contra.
Colombia solo ha tenido una fiscal general en su historia: Viviane Morales, quien duró apenas un año en el cargo. Y más recientemente, Martha Lucía Zamora estuvo en calidad de encargada por menos de un mes. Este puesto ha sido mayoritariamente ocupado por hombres desde su creación en 1991. La terna actual de la que se elegirá fiscal está conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.
Gracias al compromiso, gestión y voluntad del Gobernador de Córdoba Orlando Benítez Mora y el respaldo que siempre ha mantenido en la generación de espacios de participación y fortalecimiento del liderazgo con la población juvenil en el territorio Cordobés, se hizo oficial la entrega de la oficina del subsistema de plataforma de juventudes la cual está dotada con todas las herramientas para su efectivo funcionamiento, ubicada en el interior del Coliseo Miguel Happy Lora.
La entrega de esta oficina surge de la necesidad de seguir brindando un mejor apoyo al subsistema, un proyecto que hoy se ejecuta por primera vez en el departamento en donde los jóvenes cordobeses a parte de contar con una Secretaría de Juventud Departamental, tienen un lugar específico para seguir avanzando en sus procesos.
El mandatario departamental manifestó su beneplácito con la juventud cordobesa y destacó que vale la pena seguir luchando por los sueños para garantizar un mejor futuro.
» De esta manera hoy estamos entregando resultados que nacieron como ideas que se gestaron como proyectos y que hoy son una realidad, nos satisface que hemos articulado esfuerzos con cada uno de los jóvenes quienes representan la territorialidad» expresó Benítez Mora durante el acto de entrega.
A su vez la Secretaria de Juventud Rosa Elena Páez, al igual que los jóvenes que conforman el Concejo de Juventud Departamental agradecieron al Gobernador Orlando Benítez todo el apoyo que ha brindado su gobierno a las juventudes y por haber materializado un sueño que hoy día se hace realidad, el de tener un espacio propio dónde se siga convergiendo y propiciando encuentros de interlocuciones y el intercambio de experiencias colectivas.
La oficina estará abierta a partir de hoy y funcionará en el horario de lunes a viernes desde las 8:00 A.M hasta las 12:00 M y en por las tardes desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
El Presidente de la República, en el marco de las facultades que el Congreso de la República le otorgó con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida», expidió el decreto 1959 del 15 de noviembre de 2023, por el cual crea el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, como una entidad de carácter especial, del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
El objeto de la entidad será prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad y atención integral en salud a la población en general, así como participar y fungir como organismo asesor y articulador en el ámbito nacional en materia de investigación, desarrollo e innovación y formación de talento humano en salud.
Este decreto ley le otorga la competencia a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, teniendo en cuenta su experticia en los proyectos de renovación, para que adquiera la infraestructura del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, y posterior a su saneamiento económico entregar esta propiedad a la entidad Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.
El pasado 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, durante un encuentro con la ciudadanía en el Gobierno con el Pueblo en la Localidad de Engativá, había advertido su rechazo a que el Hospital San Juan de Dios se demoliera y anunció que se buscarían los mecanismos legales para que, después de 25 años de cierre del centro asistencial, se indemnice al pueblo trabajador afectado.
Para el primer mandatario, desde su administración como Alcalde Bogotá, la recuperación del que fue el primer centro asistencial médico de América Latina, ha sido un compromiso y promesa con la ciudadanía de Bogotá y el país.
Como alcalde de Bogotá, su administración lo adquirió con dineros públicos y lo convirtió en un hospital del Distrito.
“A mí me sucedió (Enrique) Peñalosa y lo que pensó Peñalosa fue en cómo dinamitarlo y construyó un contrato con una firma española que tiene como objetivo, como objetivo no, pero una de sus cláusulas es demoler el San Juan de Dios, el edificio central y fusionarlo con el hospital Santa Clara», manifestó el mandatario en ese Gobierno con el Pueblo.
Esta decisión, enfatizó, era que “el pueblo se olvide, en su memoria, que existió un hospital que se llamaba el Hospital San Juan de Dios, que Bolívar y Santander se lo expropió a los españoles para ponerlo al servicio de la ciudadanía bogotana».
“Y es que, explícitamente, firma la carta el ministro y firma la carta el presidente, que debe decir que la Torre Central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por Ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir», enfatizó.
La entrada en vigor de este decreto ley le permite proyectarse como un hospital universitario, con un centro nacional de simulación para la formación de las futuras generaciones de profesionales de las ciencias de la salud.
Además de ser un centro nacional de telemedicina que acercará y garantizará la prestación de los servicios a las comunidades donde la oferta de salud no es oportuna y suficiente.
Por medio de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) alertó sobre una nueva importación de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, calificado con grado de calidad Sample Grade (SG), es decir, un grano que no alcanza a cumplir con los estándares de calidad establecidos.
En la misiva, el gremio señaló que la importación de este maíz amarillo calificado con grado de calidad SG tiene como origen el puerto de New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Y embarcó el pasado 14 de noviembre con 40.660 toneladas al puerto de Santa Marta.
Henry Vanegas, presidente de Fenalce, expresó «Este maíz SG no cumple con las regulaciones para ser consumido por humanos ni puede considerarse un ingrediente apropiado en la elaboración de alimentos para animales. Puede contener semillas nocivas, suciedad e impurezas de origen animal, insectos, granos rotos, olores extraños, contaminación del grano con micotoxinas (agentes causantes de cáncer de hígado) y demás material extraño, que representa una amenaza significativa para la salud humana y genera riesgos en la cadena pecuaria. Lo anterior pone en peligro la seguridad alimentaria de los colombianos».
La Procuraduría General de la Nación absolvió de culpas al exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, tras el dictamen que determinó que Enrique Pizano no tenía rastros de cianuro en su organismo en el momento de su muerte. Pizano fue un testigo clave y habría denunciado irregularidades en la contratación con Odebrecht.
En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público afirmó que, a pesar de que Valdés concluyó que la muerte de Enrique Pizano se dio por un infarto agudo al miocardio y no por un arritmia cardiaca secundaria (según las estimaciones del hospital de Facatativá), la imprecisión no va en contra de lo asegurado por el hospital una vez se hizo la necropsia.
La presunción de que Enrique Pizano tenía cianuro en su organismo se fundamentó en la muerte de su hijo Alejandro. A Pizano hijo le encontraron el químico en su organismo tras haber bebido una botella de agua que lo contenía; el ente acusador concluyó que esta botella se la iba a tomar Enrique y no su hijo por el temor que tenía de ser descubierto por su presunta responsabilidad en irregularidades presentadas en la contratación con Odebrecht.
“La anterior equivocación del señor Valdés fue reconocida por él de manera pública (…), pero dicho aspecto no puede considerarse como una conducta que merezca reproche disciplinario, ya que fue una conclusión a priori realizada con fundamento en las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, esto es, desnudo, envuelto en una toalla con unas manchas que podían considerarse sangre por cortes al afeitarse”, concluyó el Ministerio Público.
Tras cuatro años de un largo proceso judicial en el que han salido implicados altos exfuncionarios y empresarios de la costa, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Aida Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos tras los hechos ocurridos el 1° de octubre del 2019, día en que decidió tirarse por la ventana de un consultorio odontológico de Bogotá para escapar de la justicia colombiana y viajar hasta Venezuela.
Según el documento de la Fiscalía, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron la fuga de Merlano Rebolledo.
Para el ente acusador es claro que Merlano tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y era consciente de que fugarse del centro de reclusión en el que estaba presa por compra de votos significaría un delito.
Por eso, la Fiscalía acusó a Merlano por el delito de fuga de presos contemplado en el artículo 448 del código penal colombiano.
“El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses)”, reza el reglamento judicial.
Tras su fuga, Merlano viajó a Venezuela y se escudó allí durante más de tres años. Para esa época, el gobierno de Iván Duque había roto las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro y, por ende, era imposible solicitar su deportación.
Así las cosas, Merlano estuvo protegida por Maduro hasta el pasado marzo, cuando el presidente Gustavo Petro solicitó su envío al país, teniendo en cuenta que ya se habían normalizado las relaciones comerciales y de cooperación internacional con ese país.