En su primera visita al departamento en 2021, la ministra TIC y la jefe de gabinete, María Paula Correa, explicarán a los cordobeses la importancia de los proyectos de conectividad en las regiones y su importancia en el proceso de reactivación económica y social.
La ministra Abudinen también estará acompañada del gobernador Orlando Benítez y el alcalde Carlos Ordosgoitia para entregar tabletas y equipos de cómputo a estudiantes y jóvenes del departamento.
Además, la jefe de la cartera TIC invitará a los empresarios y emprendedores del departamento para que se unan a Vende Digital, estrategia del Gobierno Nacional que busca acompañarlos en la implementación de canales digitales.
Socializar el proyecto de conectividad rural más grande de la historia de Colombia, monitorear la calidad de los servicios móviles (voz y datos) de los operadores en diferentes lugares, activar una Zona Digital para proveer Internet gratuito a los habitantes de Montería y entregar equipos de cómputo a estudiantes, son las principales actividades de la ministra TIC, Karen Abudinen, en su visita este martes 26 de enero al departamento de Córdoba.
La funcionaria llegará a Montería como parte de una gira que realizará este 2021 por todo el territorio nacional para dar a conocer a los colombianos los planes del Ministerio TIC en el proceso de reactivación económica y productiva del país.
Su visita se iniciaría a las 11:00 a.m. en el parque Ronda del Sinú (Carrera 35 con Avenida 1), ubicado en la capital de Córdoba, lugar en donde activará una Zona Digital para que los cordobeses disfruten de conectividad gratuita.
En este mismo espacio, la ministra y la jefe de gabinete, María Paula Correa, darán declaraciones a los periodistas sobre la importancia tecnológica y el impacto social de los proyectos de conectividad en Montería y los invitarán a participar en la iniciativa de transformación digital de los medios de comunicación que hace parte del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, con la cual el Ministerio TIC apoyará a partir de este año a través de un presupuesto de $ 85.000 millones.
Adicionalmente, en este lugar la ministra Abudinen invitará a los empresarios y emprendedores de Córdoba, para que participen en el programa Vende Digital, cuyo objetivo del Gobierno Nacional es acompañarlos en la implementación de canales de ventas digitales y contribuir con su reactivación económica.
Continuando con la agenda ministerial, la jefe de la cartera TIC visitará el colegio Santa María Barrio Nuevo Milenio (sector de Zarabanda) para entregar tabletas a jóvenes damnificados por incendio ocurrido el pasado 6 de enero. La meta del Ministerio TIC con esta entrega es contribuir al proceso académico y facilitar el acceso a la información.
En horas de la tarde, la ministra TIC se dirigirá a la biblioteca Biblioparque David Sanchez Juliao para entregar, junto con el gobernador Orlando Benítez, la dotación de una sala virtual con 50 computadores para que cualquier persona pueda acceder a contenidos digitales.
Finalmente, la ministra Karen Abudinen se dirigirá a la Institución Educativa Juan XXIII sede Escuela Nueva, ubicada en corregimiento El Floral, para socializar con rectores, profesores y estudiantes el proyecto de conectividad que transformará el sector educativo y la vida en el campo de todos los monterianos.
Se trata del proyecto Colegios Conectados, con el cual se instalarán 14.745 Centros Digitales con internet wifi inalámbrico por 10 años. Estarán ubicados en todo Colombia, principalmente en instituciones educativas. En este espacio de socialización, la ministra TIC también entregará equipos de cómputo a rectores de colegios beneficiados de la iniciativa Computadores Para Educar.
Desigualdades sociales, inestabilidad educacional y exclusión.
La desigualdad social es una situación o escenario de diferencias estructurales en la accesibilidad a derechos y beneficios entre clases sociales. Es el resultado de la configuración de problemas socioeconómicos en el territorio y fundamentalmente en la sociedad. Es una condición en la cual hay profundas distorsiones de accesibilidad y priorización sobre los recursos, los servicios, las formas de vida, los ingresos, la educación, la salud y seguridad ciudadana, entre otras variables; por parte de los menos favorecidos. Así las cosas, la desigualdad es un posición discriminatoria y excluyente de un individuo o una clase social hacia otro (a) debido a su posición política, social, económica, ideológica, religiosa, incluso frente a su sexo, raza, color de piel, personalidad, cultura, entre otros aspectos. En ese sentido es violatoria de la democracia participativa de los distintos actores sociales en las decisiones y distribución de los recursos para su bienestar.
La falta de humanismo y del legítimo cumplimiento de los deberes y derechos consagrados en las normas de una sociedad, genera estilos extremos de desigualdad social, de hecho toman la forma de opresión y dominio sobre el actuar y los distintos modos y factores de producción. Es allí cuando se estructura la lucha de clases, la opresión y el exterminio del pensamiento diferente y diverso. Igualmente se correlaciona lo anterior con la aparición de la exclusión social, surgida específicamente de las diferencias entre el verdadero bienestar del individuo, es decir a lo que tiene derecho, y lo que el estado o la realidad manipulada por las clases mayoritarias y opulentas le definen o le dejan.
En ese sentido en el reciente concepto sobre epistemología de las virtudes o virtudes epistémicas, se considera que para eliminar las desigualdades es necesario fundamentar condiciones o elementos como la sabiduría, la comprensión intelectual sobre las necesidades del otro, la creatividad intelectual para afrontar y tejer acciones sociales que impulsen a superar la pobreza y la exclusión social y finalmente, por ejemplo, la sensibilidad y la objetividad por los problemas sociales de los que no tienen facilidades para el logro de su bienestar.
En esa diferencia de asumir la accesibilidad a los recursos y beneficios en la sociedad, la falta de solidaridad se vería como un componente de no ser sensibles y objetivos, ello aumenta el grado de desigualdad en las sociedades incipientes para este tipo de virtudes. Algunos filósofos indican que frente a este fenómeno lo que se impone es una escala de valores, es decir una jerarquía entre ellos que es asumida por las minorías sociales y la alta clase que tipifica el cumplimiento de unos principios y valores sobre otros. Es allí donde se concentra en su máxima expresión la desigualdad social, más allá del impacto de una situación simplemente económica.
Los problemas socioeconómicos como la pobreza, la informalidad, la inequidad salarial, el déficit de inversión pública, la inseguridad ciudadana, la desigualdad, la exclusión social sistémica y el bajo desarrollo humano, entre otros aspectos; se convierten en factores determinantes sobre que clases de desigualdad tiene una población.
En ese sentido, entre ellas podemos destacar: las desigualdades en el acceso a recursos económicos y presupuestales, desigualdad de oportunidades, desigualdades jurídicas, desigualdades territoriales, desigualdades político institucionales y desigualdades en accesibilidad a empleos dignos, entre otras tipologías.
Entre todas las tipologías de desigualdades, una de las más influyentes, en términos de sus consecuencias es la desigualdad educacional, generadora de pobreza y bajo desarrollo humano, entre múltiples consecuencias. La poca accesibilidad que poseen los niños en llegar a la educación en zonas rurales e incluso en las urbanas, las lamentables condiciones de infraestructura de la escuela pública en el territorio, las altas tasas de deserción de los jóvenes para vincularse a grupos al margen de la ley y los bajos rendimientos académicos de los estudiantes que llegan a acceder a la educación; son los rigores desbordantes de una desigualdad educativa dispar o distorsionada. Ello ocasiona disparidades en las oportunidades para la población, es demostrado que bajas tasas de escolaridad o analfabetismo estructural, deriva en pésimos empleos y peor aún, en desempleo friccional y por competencias inadecuadas. La tendencia es al atraso, los bajos salarios o la poca dignidad salarial, como a su vez el débil desarrollo humano; tal como se manifiesta en algunos países de América Latina y el Caribe (ALyC).
Esa distorsión en la educabilidad de la población, soportada en una pésima o escaza formación para el trabajo o para la sociedad que requiere salidas estructurales para el desarrollo; es precisamente lo que rompe la armonía sectorial y los principios de la igualdad y la equidad de oportunidades. El enriquecimiento de unos pocos a costa del resto de los ciudadanos es una apología a la destrucción de la democracia, pero especialmente concibe con mayor profundidad las brechas entre los más y los menos educados. Es de anotar que los altos niveles de informalidad en la mayoría de los países de ALyC en los últimos 10 años, se fundamentan en las brechas sociales generadas por la baja inversión social, alta pobreza, desempleo y la distribución inequitativa del ingreso. Estos determinantes se ocasionan linealmente por la baja escolaridad, las débiles bases en formación de punta y la precariedad en términos de desarrollo e innovación tecnológica.
Si revisamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), todos buscan un mundo sin desigualdades e injusticias sociales, pero destaquemos los objetivos: cuatro (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida) y diez (Reducción de la desigualdad en y entre los países), están centrados en reducir las distorsiones o disparidades sociales, como a su vez en lograr el equilibrio radical entre las clases sociales desde la perspectiva de una mejor distribución de la riqueza y el alcance de mejores indicadores de calidad educacional en la población.
Frente al ODS número cuatro (4), la ONU en su último informe indica que “si bien durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas; aún se hace necesario ascender en cobertura y calidad. Alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas”.
Igualmente anota la ONU, “…en 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria…”. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/).
Si analizamos el ODS número 10; las naciones unidas, indican que “si bien ha cedido la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.
La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia.
En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es.
Si cruzamos las incidencias de las desigualdades frente a los bajos niveles de cobertura y calidad educacional, tal como se evidencian en los datos la ONU, aun en el mundo y en especial en ALyC; se manifiesta la urgente necesidad de implementar medidas tendientes a impactar, desde los gobiernos tanto nacionales como regionales, los problemas sociales subsecuentes como la inequidad, exclusión y pobreza que se derivan de lo explicado anteriormente. En ese sentido es importante sostener para efectos de garantizar educación de calidad, el fortalecimiento de un modelo de gratuidad o matricula cero sostenible a largo plazo.
2. La gratuidad en la matrícula en la educación superior: medida eficaz para alcanzar igualdad y aumento de cobertura educacional.
La experiencia internacional demuestra que la gratuidad, genera mayor igualdad en el acceso a la educación superior, pero por sí sola, no garantiza la equidad. Estudios demuestran que Francia y Argentina son ejemplos en este sentido. En ambos casos, las tasas de deserción son mucho más altas para los estudiantes pobres, quienes enfrentan déficits académicos y problemas económicos en su paso por la universidad, aunque la matricula sea gratuita. Seis (6) de cada 10 jóvenes desertan del sistema en estos países, por ejemplo. Por ello, una mayoría de países han implementado mecanismos para aumentar el acceso a la educación superior a estudiantes de bajos recursos y otros grupos desfavorecidos mediante becas, pero con algún gasto o pago por parte del estudiante. Marlon Lloyd, 2019; indica que apoyos como becas y préstamos altamente subsidiados, e igualmente políticas compensatorias son en esencia lo ofertado para elevar la tasa de matrícula y evitar la deserción estudiantil. Chile, por ejemplo, entre 2010-2014 redujo la tasa de interés para los préstamos estudiantiles para estudiantes pobres de 6% a 2%, en un intento por reducir la carga de la deuda estudiantil. El país después implementó la gratuidad para los 5 deciles más bajos, como parte de una estrategia focalizada en beneficio de los más necesitados, medida que logro elevar la justicia social y los niveles de formación equilibrada en el país. Otros ejemplos son, India, Malasia y Brasil, países que reservan lugares para estudiantes de grupos históricamente excluidos en la educación superior, mientras que muchas instituciones en Estados Unidos dan preferencia a esos grupos—sobre todo estudiantes afroamericanos e hispanos—en los procesos de admisión.
Si bien la educación gratuita se fundamentó y estructuró en la educación básica y media en la mayoría de los países de ALyC; no ha sido igual para la educación superior. En Colombia, por ejemplo, producto de los efectos de la pandemia las universidades tanto públicas como privadas decidieron durante 2020, reducir sus matrículas en algunos casos y en otros, ofertar completa gratuidad para los semestres académicos, específicamente las públicas.
Las dificultades financieras de las familias colombianas, las profundas desigualdades del ingreso y los elevados costos de las matriculas en la educación superior privada que sumado al creciente desempleo en el país durante la emergencia sanitaria y los confinamientos estrictos, provocaron el análisis del Ministerio de Educación Nacional entorno a la matrícula cero. A esta medida se sumaron las gobernaciones departamentales y las alcaldías municipales.
Sin lugar a dudas ayudó a fortalecer la educabilidad de los jóvenes que ya accedieron a sus respectivos cupos en las distintas universidades en el país, pero se evidencia para el presente semestre (I/2021), una disminución en los descuentos y ayudas sociales para tal fin.
El Ministerio de Educación Nacional anunció la continuidad del Fondo Solidario para la Educación, con el cual se les dio a todas las universidades públicas recursos adicionales para ayudar a financiar el valor de la matrícula de sus estudiantes durante el año 2020. Importante asistencia social que ayudará a reducir un poco la brecha educacional en este frente y se reflejará en los próximos años en la igualdad de oportunidades, tal como explicábamos en el primer capítulo.
Se hace esencial continuar y sostener el modelo entendiendo que la educación de calidad aparte de ser un derecho fundamental deje de ser un bien de consumo perentorio y se convierta sosteniblemente en un bien social común, gratuito y con alta accesibilidad. Colombia debe apostarle a una gratuidad plena de la matrícula de la educación superior gradualmente, continuar con el fondo asistencial de solidaridad y con el apoyo de las universidades y los entes territoriales.
Las siguientes universidades ya emprendieron este proceso y continuaran el presente semestre de 2021, algunas con matricula cero y otras con descuentos estratificados sobre la matricula: Universidad de Córdoba, Universidad de Antioquia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Escuela Superior de Administración Pública-(Esap)
Universidad del Valle, Universidad del Tolima, Universidad de Cartagena, Universidad Industrial de Santander (UIS), entre otras.
Si el modelo de gratuidad de matrícula en las universidades públicas no continúa, la desigualdad en el país se concentrará y sostendrá, profundizándose los niveles de pobreza multidimensional como de empleo indignos asociados a mano de obra de poca formación. Véase los niveles de desigualdad, desde la distribución del ingreso en ALyC. (Tabla anexa).
Si bien se ha avanzado en reducir la desigualdad en los últimos 30 años, como indicábamos anteriormente, los avances han sido poco significativos, ello indica que las medidas deben ser más efectivas frente a este desempeño y dirigidas a la población que más lo necesita; especialmente en educación, accesibilidad, cobertura y calidad.
Para finalizar debo recordar las palabras del ilustre escritor Yuval Harari, historiador Israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien afirma en su libro: “la tiranía del mérito: ¿que ha sido del bien común?”; “la igualdad es un bien común, no es diferenciador, es unificador, pienso que viene siendo hora de pasar de las descripciones de lo que está pasando para ahondar en las causas y en la forma de actuar para evitarlas, vale decir: ir más al fondo que a la superficie”. La desigualdad no espera para fragmentarla y eliminarla.
El día de ayer, en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, la directora de Indeportes Córdoba, Leidy Moreno, junto al área de ciencias aplicadas del deporte del Programa Talentos Colombia del Ministerio del Deporte, realizaron una jornada de evaluaciones físicas y psicológicas a los deportistas cordobeses inscritos en dicho programa, correspondientes a las disciplinas de Karate.
La directora Leidy Moreno manifiesta que “Córdoba, Tierra de Atletas, tiene inscritos talentos de los deportes: Karate, ciclismo, para natación, para atletismo, boxeo y tiro con arco, con quienes se realizará un trabajo importante para proyectarlos como deportistas de alto rendimiento que representen con orgullo a nuestro Departamento tanto a nivel nacional como internacional»
En este sentido, Talentos Colombia es un programa del Ministerio del Deporte que ofrece procesos de captación, identificación, selección, seguimiento y desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades para la práctica deportiva, a fin de garantizar el relevo generacional y el apoyo a los sueños deportivos de los colombianos.
Es así como “desde el Instituto departamental de Deportes y Recreación de Córdoba continuaremos apoyando a nuestros deportistas y sus diferentes procesos, que les permiten ser mejores cada día” Afirmó la directora Leidy Moreno.
El día de hoy, desde el municipio de Los Córdobas se continuarán con las evaluaciones a los deportistas de boxeo, de los municipios de Chinú, Montelibano, Ciénaga de Oro, Canalete, Puerto Escondido y San Pelayo. Igualmente, se continuarán en los próximos días con las demás disciplinas.
En el último artículo publicado analizamos los pro y contras del aumento salarial decretado en Colombia por el gobierno nacional para 2021. Siguiendo en esta temática, para esta oportunidad trataremos el impacto de este aumento frente a la Canasta Básica Familiar(CBF), entendida como una herramienta sólida para medir el verdadero consumo de los colombianos frente al crecimiento que experimentan los salarios. Se ha indicado que en el país esta canasta, al parecer, ha sido poco atendida por las comisiones de concertación laboral y de políticas salariales, ya que se ha dado mayor prioridad a las normas constitucionales y directrices técnicas asociadas a la productividad empresarial y no a la realidad contextual socioeconómica del trabajador.
Es importante indicar que, en 2019, se fijó la nueva CBF dada a conocer por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), con los elementos metodológicos e indicadores que definen los cálculos que identifican la tipología inflacionaria del país, a partir del consumo. Esta metodología se revisa y actualiza cada 10 años en el país y se mide el índice de precios al consumidor (IPC), como a su vez se actualizan los listados de productos en la economía nacional, gracias a la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares.
Algunos elementos que introdujo la nueva metodología, podríamos citar: el paso de 9 a 12 divisiones de gastos para el consumidor, ya que se analizan por separado los egresos de los bienes y servicios que se presentan en restaurantes y hoteles, los muebles y artículos para el hogar, la recreación y la cultura, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Igualmente, se modificó el rubro de vivienda que tendrá una mayor ponderación y el de alimentos que perdió peso en el cálculo. Además, se contabilizan para la inflación 84 productos nuevos y salieron 71 que se encontraban hasta 2018. Es decir, se pasó de 441 a 443 productos, entre nuevos y actualizados.
Entre los que se incluyeron, hoy vigentes en la nueva lista, se pueden destacar algunos como los servicios de streaming (Netflix, Amazon o HBO), comida como el queso mozarella, la salsa de soya o el maní, bebidas como el tequila o el vino, artículos para las motocicletas o las bicicletas, el alquiler de canchas de fútbol 5 o los alimentos y artículos para las mascotas, entre otros. También entran los almuerzos por fuera del hogar, los planes de celular, los videojuegos por internet o los cursos de natación o tenis.
Definió el Dane que se excluyen para tomar el dato de inflación algunos productos como el arroz para la sopa, el kumis, la impresión de fotografías, la cera para los pisos o el lustrado de zapato, entre otros. También desaparecerán otros como la aspiradora, el baloto o los fósforos. Estos se excluyen por su baja usabilidad, compras o demanda y baja presencia en los presupuestos de los hogares analizados durante el período de estudio.
Otro cambio esencial de la canasta es el aumento de cobertura de la aplicación, al pasar de 24 a 38 ciudades. Igualmente, se empezó por primera vez en el país, a tener en cuenta el gasto de los hogares unipersonales que según la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares representan alrededor de 14% de los hogares del país. Según el Dane, estos suelen informar que tienen una mayor proporción del gasto en servicios de telecomunicaciones y en las comidas fuera del hogar.
Es de anotar que un poco más del 67% de los productos (bienes y servicios) que se incluyen en la CBF Dane desde el 2019, no se pueden adquirir con el salario mínimo en Colombia. El valor total de la canasta básica para una familia compuesta por 4 personas y lograr satisfacer sus necesidades, es totalmente inalcanzable, más si solo trabaja uno de los jefes de hogar. Ello sumado al desempleo, ubicado por encima del 14% y la informalidad cercana al 46% en Colombia, los cual afecta en mayor proporción al núcleo familiar. Aspectos que se ahondarán en el periodo postvacuna y postpandemia que se avecina.
Según los cálculos, la canasta le cuesta a un hogar promedio –integrado por cuatro personas: $3.488.577 mensuales. Es decir, el hogar requeriría cerca de 3.8 salarios mínimos legales (SML 2021=$908.526) para la adquisición de todos los bienes y servicios necesarios y vitales, que permitan el sostenimiento de la familia en todas sus necesidades este año. Ahora, en ese sentido es importante para el análisis observar la relación entre el valor de canasta básica familiar (Vcbf) y su relación con el valor de la fuerza de trabajo (Vft) y el salario mínimo legal (SML); con el fin de determinar el grado de evolución que presenta la decadencia salarial en Colombia.
En términos generales, en el país a cifras de 2020, un hogar requería cerca de medio salario mínimo legal mensual vigente – SMLMV- para cubrir solamente alimentación. Lo cual frente a la pobreza y al crecimiento inflacionario en el año que entra, será absolutamente despreciable e insostenible; incluso llegará cerca del 80% del medio salario mínimo del año anterior. Es de anotar, que en la práctica estas canastas son mucho más costosas; estudios de Educar Consumidores, indican que estos precios de la CBF dejan a una mayor proporción de la población colombiana sin garantía de un “mínimo vital” de subsistencia, ni siquiera de su alimentación completa; empezando por quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que para 2020 se ubican cerca de los 16,8 millones de personas. Panorama que se agrava bajo condiciones de creciente inseguridad y precariedad del empleo e igualmente por la inestabilidad y lentitud en las actividades productivas sectoriales.
Frente a lo anterior, al equiparar el valor de la fuerza de trabajo familiar (Vftf), anteriormente citada, con el valor de la canasta básica familiar (Vcbf) se establece la capacidad adquisitiva del SML respecto a tres niveles de necesidades de artículos de consumo por parte de las familias de la clase trabajadora en Colombia: i) necesidades fisiológicas (NF): es el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables; ii) necesidades imprescindibles (NI): es el nivel de necesidades percibidas como esenciales por el hábito, la costumbre, las expectativas, la cultura y el grado de desarrollo del país; iii) necesidades sociales (NS): comprende el nivel de necesidades del trabajador como ser socialmente desarrollado y las exigencias acordes con su dignidad y los requerimientos históricos para el florecimiento humano y social integral.
Consecuentes a esta clasificación de las necesidades y los bajos índices de crecimiento del salario en Colombia, anota un estudio de Educar Consumidores; la clase trabajadora le ha tocado en suerte, más bien, una combinación del sistema premoderno y colonial como excluyente de una adjudicación estratificada de necesidades con el mecanismo cuantificador del mercado. En tanto las capacidades y necesidades ontológicas (esenciales e históricas) no son satisfechas, el ser humano se encuentra en permanente conflicto con su existencia (facticidad). Estas brechas entre los diferentes niveles de necesidades (NF, NI, NS) y los ingresos permite calcular los índices de sufrimiento social y pauperización que afectan a la clase trabajadora (Sarmiento Anzola, 2019).
Al relacionar el SML con el Vcbf podemos establecer que una familia de 3 o 4 personas con un salario como el decretado sigue siendo insuficiente frente a las estructuras macroeconómicas explicadas y especialmente frente a los elementos justificables de la canasta familiar básica en el país, tal como se ha demostrado. Para reafirmar lo anterior veamos algunos planteamientos relacionados con esta relación inversa.
Sarmiento, 2019; anota por ejemplo que “los indicadores de sufrimiento social de la clase trabajadora reflejan una situación de pauperismo al relacionar los valores de la CBF y el SML”. En la Gráfica No 1, adjunta, se puede observar el comportamiento entre la Inflación y el SML. Si bien la inflación ha bajado considerablemente y más por el desempleo en los dos últimos años, el SML crece moderadamente, más bien con una lentitud estructural que afina el desequilibrio del mercado laboral y el verdadero poder adquisitivo. De otro lado nótese el crecimiento significativo del valor de la Canasta Básica Familiar Mensual (VCBFM), el cual está por encima de los $3 millones y refleja un grado de desigualdad e inequidad no solo salarial sino social frente a la pobreza que se agudiza postpandemia.
En este sentido, durante el año 2021 la capacidad adquisitiva del 21.82% de la población colombiana que devengan el SML (10.6 millones), será reducida tal como se evidencia en la línea azul del grado desigualdad y/o pauperización salarial (ver gráfica citada). Ello sumado al nivel de degradación que ha sufrido el salario o el ingreso frente al desempleo masivo, incluso que ha llevado a un pago deprimente de las horas laborales, en gran parte de las actividades productivas en Colombia; promueve una tendencia injusta para el trabajador en Colombia en los próximos años.
Finalmente, nótese que el análisis se centra en los que trabajan actualmente o tienen contratación vinculante y de hecho devengan al menos el SML; ahora piensen en los que están en la informalidad o los que no devengan un peso durante el año, esos que no reportan tiempos de búsqueda de empleo, es decir, aquellos que perdieron la esperanza de trabajar (desempleo oculto) en el país. La situación seguramente es más crítica, en el sentido que no tienen para alcanzar un 30% de la CBF mensualmente. Entiéndase que las tres últimas generaciones de hombres y mujeres trabajadoras han padecido un alto grado de injusticia social, pobreza, desempleo y aislamiento en Colombia. Esto lo reafirma el Coeficiente de Gini para el país, ubicado en 0.54, constituyéndose en uno de los más altos del mundo, indicador que demuestra las disparidades y la desigualdad absoluta de las políticas salariales y sociales. Seguiremos avanzando en este núcleo temático.
El anunciado Proyecto de Acuerdo aprobado en el Concejo de Montería que le da facultades al alcalde para la implementación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, deja más interrogantes que soluciones.
Por: Oswaldo Marchena mendoza.
@marchenojob
La pandemia, la informalidad, la pasividad del gobierno de Montería y la indiferencia del gobierno Nacional contribuyeron con el derrumbe de las empresas de transporte colectivo de la ciudad, y con ello se extinguieron años de esfuerzos en equipos, tecnología y se perdieron cientos de empleos directos.
Montería que está a las puertas de ingresar al Sistema Estratégico de Transporte Público, se está sumergiendo en una peligrosa movilidad informal. Al tiempo que el transporte formal agoniza, la informalidad se fortalece.
El gobierno de Montería acaba de recibir del Concejo Municipal, autorización para la implementación del Fondo de Estabilización Tarifaria, una especie de “vaca” que recibirá recursos de varias fuentes para compensar la diferencias entre la tarifa técnica (la que indican los estudios, pero que nunca se cobra, y la tarifa al usuario, que al final es una tarifa política).
Las condiciones de la movilidad en Montería obligan a una tarifa técnica de difícil alcance para el usuario, y por ser el transporte urbano colectivo un servicio público esencial, tienen los entes territoriales la obligación de irrigar recursos para compensar ese faltante en la tarifa, y garantizar la movilidad de sus ciudadanos.
Es eso, o seguiremos viendo a dos adultos en una moto con un menor en el tanque de la gasolina y otro apretado entre el conductor y el parrillero. Una ciudad que se define como verde y sostenible, no puede depender su movilidad de miles de motocicletas que por su antigüedad y malas condiciones mecánicas envenenan el ambiente.
La discusión no se puede suscribir a un asunto social done se encuentran el derecho al empleo y al ambiente sano, tampoco es una crítica al mototaxismo, el asunto pasa por la salud de todos los habitantes que respiran aire contaminado por las fuentes móviles de contaminación y por el deber que tienen los entes territoriales de garantizar la movilidad segura de sus ciudadanos.
Paños de agua tibia.
El anunciado Proyecto de Acuerdo aprobado en el Concejo de Montería que le da facultades al alcalde para la implementación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, deja más dudas que soluciones. Para un grupo de transportadores es más que todo un “Saludo a la Bandera”, porque aún los técnicos de la Secretaría de Tránsito de Montería y de Montería Amable, no tienen definidos de dónde saldrán los recursos para dicho fondo.
Mientras se estructura su diseño, y se pone en marcha (varios meses), las empresas de transporte público colectivo de la ciudad seguirán perdiendo diariamente millonarios recursos, obligándolas a seguir retirando vehículos del servicio, despidiendo trabajadores y dejando un espacio apetecido por la informalidad (esa que no paga impuestos y no está obligada suscribir seguros para proteger a sus usuarios en casos de accidentes).
El tanque de oxígeno del gobernador, Orlando Benítez Mora.
El oscuro panorama del transporte colectivo recibió una luz al final del año, gracias a que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, implementó el Fondo Para el Transporte y la Movilidad de Córdoba, el cual se convierte en un tanque de oxígeno para el agonizante Sistema Estratégico de Transporte Público de Montería, y servirá para promover su implementación en otros municipios.
Dicho fondo permitirá la suscripción de un convenio entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, para fortalecer el Fondo de Estabilización Tarifaria. La diferencia es que mientras el primero ya definió de donde saldrán los recursos, el segundo solo inicia una etapa técnica para establecer las fuentes de financiación.
La percepción de los transportadores de Montería es que mientras la quiebra sistemática de las empresas del sector va por el ascensor, las soluciones que propone el gobierno de Montería van por las escaleras.
El intento de golpe jurídico contra Benítez Mora, fracasó en el Consejo Nacional Electoral, luego en el Tribunal Administrativo de Córdoba, y ahora acaba de naufragar en el Consejo de Estado, donde se le pone punto final a la cacareada presunta inhabilidad del Gobernador. Por: Oswaldo Marchena Mendoza. @marchenojob A Orlando Benítez Mora, gobernador de Córdoba, la vida le plantea retos de forma permanente. En el pasado la violencia no solo tocó desde temprano las puertas de su hogar, sino que también se le llevó a seres queridos. En su más reciente escenario de dificultades acaba de salir ileso de una emboscada jurídica que le prepararon; no sus contradictores, sino, un pequeño grupo de quienes fueron derrotados en las urnas en la pasada campaña a la Gobernación de Córdoba por el movimiento político social que lideró Benítez. Se puede controvertir un modelo de gobierno, algo valido y normal dentro de una democracia, donde los grupos de oposición hoy la ley les garantiza su ejercicio. Algo que no se puede aceptar, son las diferentes maniobras (jurídicas, por ejemplo), para tratar de obtener en los estrados judiciales el propósito que no se alcanzó en las urnas. Es preciso reconocer que tras los primeros meses del “Gobierno del Pueblo”, muchos sectores que no apoyaron a Benítez en la carrera por la Gobernación, hoy miran con buenos ojos las acciones de su administración. Incluso, desde el Gobierno Nacional, los vientos soplan a favor de la gestión de Benítez. Nunca un gobernador de Córdoba le tocó enfrentar una pandemia, y ante ese reto el gobierno de Orlando Benítez no ha sido inferior, a pesar de la ostensible disminución de los ingresos, y que la crisis sanitaria paralizó la economía del departamento. Son escenarios llenos de dificultades a lo largo de su vida, donde Benítez Mora, gracias a su resiliencia y fe ha podido salir adelante. La más reciente tempestad que le tocó sortear, fue una verdadera asonada judicial desatada por esa minoría que no se repone aún del totazo sufrido en las urnas y ante la opinión pública. El intento de golpe jurídico contra Benítez Mora, fracasó en el Consejo Nacional Electoral, luego en el Tribunal Administrativo de Córdoba, y ahora acaba de naufragar en el Consejo de Estado, donde se le pone punto final a la cacareada presunta inhabilidad del Gobernador. No dejó de gobernar para salir a defenderse. Es preciso recordar que desde que inició su mandato popular, la administración de Orlando Benítez, nunca se ha detenido. Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, solo se ha quedado en su casa, desde donde continuó trabajando mientras esperaba los resultados de las pruebas COVID-19, tras haberse relacionado con personas diagnosticadas con el virus. Desde que se conoció el concepto de la Procuraduría (filtrado de forma extraña a los medios) que pedía anular su elección, Benítez Mora, señaló, “Toda mi vida he actuado con respeto y apego a la ley. Mis actuaciones como dirigente político siempre han sido transparentes y de cara a la opinión pública. Los asuntos jurídico-legales, los dejo en manos del equipo asesor en quienes deposito mi confianza y la confianza del pueblo que representamos. Sigo enfocado en gobernar a Córdoba de forma transparente, decente, incluyente y justa; trabajando sin distracciones, de la mano de Dios y por el pueblo, generando oportunidades, bienestar y seguridad para el departamento”. Toda esa promesa de seguir enfocado en la hoja de ruta que trazó para el departamento la cumplió al pie de la letra. Nunca dejó de gobernar y gestionar para dedicarse a su defensa. Volviendo al fallo del Consejo de Estado, esto dijo en su ponencia, la Magistrada, Lucy Jeannette Bermúdez, “Se analizaron detalladamente las funciones asignadas al hermano del hoy gobernador, en su calidad de Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS, y no se encontró ninguna que le entregara competencias de autoridad administrativa”. “Pa qué se acabe la vaina”, habría que agregarle. Que celebren las familias campesinas que se benefician con el programa Unidades Productivas, que les entrega insumos, asistencia técnica y asesoría para la comercialización de los productos. Un programa que dinamiza el campo, y pone al campesino en el centro de la gestión. Que celebren los primeros 4 mil bachilleres que gracias al Fondo de Educación Superior para el Pueblo, tendrán la oportunidad de ingresar a una Institución de Educación Superior e iniciar una carrera profesional, algo impensable en las familias pobres de esos estudiantes, antes que la iniciativa de política pública del Gobernador, Orlando Benítez, se convirtiera en una realidad. Que celebre todo Córdoba porque por fin el péndulo que define su estabilidad jurídica y administrativa, dejará de moverse y se quedará quieto.
La violencia intrafamiliar contra la mujer en Córdoba se disparó en un 89% en el presente año, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que comenzó en el país el 6 de marzo pasado y ha dejado más de 36 mil muertos. La revelación la hizo la presidenta de la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de Córdoba (Rosmuc), Francisca Sánchez Gómez, tras precisar que en el año 2019, la violencia intrafamiliar contra la mujer fue de 80% en este departamento. Para la dirigente el auge se da por el confinamiento que obligó a hombres y mujeres a permanecer en las viviendas durante varios meses, por el mal comportamiento de las parejas, por el machismo y celos de los hombres que no les gusta que la mujer vista o se comporte de determinada forma y porque hay mujeres que son las que trabajan y tienen que darle hasta para las cervezas a los maridos. Sánchez Gómez explicó que el pasado 25 de noviembre, cuando se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una señora de 52 años del corregimiento de Guacharacal, municipio de San Carlos, denunció que el esposo la agrede en forma permanente. La mujer tiene 14 hijos y dice que no abandona el hogar porque no tiene para donde irse. Otra dama de la misma municipalidad contó que su compañero sentimental la maltrata física y verbalmente. “Si no le sirvo la comida o le doy un vaso con agua cuando él lo pide, enseguida me manda un manotazo”, expresó la señora de San Carlos, según la presidenta de Rosmuc. Más de 830 casos de violencia intrafamiliar en Montería Pero si eso ocurre en Córdoba, Montería no es la excepción. Cuando solo hace falta un mes para que finalice el 2020, en esta ciudad se han registrado más de 830 casos de violencia intrafamiliar. Dentro de estos hechos más de 300 hombres han sido desalojados de sus residencias por haber cometido actos de violencia contra sus mujeres. La aseveración la hizo la Casa de Justicia de Montería, a través de la defensora de familia Luz Piedad Arteaga, tras precisar que 36 por ciento de las acciones tomadas, de los 830 casos, han sido contundentes para evitar mayores abusos entre las familias. La Casa de Justicia dijo que los casos de violencia intrafamiliar se registran en casi todos los sectores de Montería, pero es más frecuente en los barrios populares de la capital del departamento de Córdoba. Por su parte, la miembro directivo de la Corporación Oriana, Lina Arrieta de Alfaro, afirmó que el 95% de los casos de violencia intrafamiliar son contra las mujeres. Mientras que un 5% son contra los hombres. “Cuando las mujeres agreden a los hombres, es porque ya no aguantan más”, recalcó. Los municipios de Córdoba donde se registra más este flagelo son Montería, Cereté, Lorica y Montelíbano. Aunque hay que advertir que los casos del sur de Córdoba casi siempre se registran debido a los conflictos sociales y de orden público que ocurren en las subregiones del San Jorge y Alto Sinú.
Algunas concepciones en la literatura especializada indican que el enfoque de la economía naranja es un modelo innovador, generador de desarrollo y cambios sustanciales en la visión de prolongar la diversidad Cultural y la sostenibilidad de las costumbres tradicionales en el territorio, a partir de distintas dinámicas, inmersas en los postulados de la economía de la cultura y las industrias creativas.
Esta tendencia es pertinente revisarla y analizarla con mayor rigurosidad y detalle, especialmente frente a la estructura de ubicarse más como un modelo rentístico pegado a los sistemas culturales que a la formación de un capital intelectual y de gestión del conocimiento al interior de la cultura y sus dimensiones. La cultura, en sí, no se puede definir ni concebir como una mercancía, con un fuerte valor de uso y absurdo valor de cambio. Si esa visión se profundiza, lo más seguro es que se produzca un escenario instrumentalista, mecanicista y/o monetarista de la creatividad y la formación humanística, propia de la cultura. Incluso puede llegar a ser una tendencia peligrosa y tendencial frente al fondo social que debe impulsarse en el clásico empresariado cultural, en un país que, desde la segunda guerra mundial, ha tendido el impacto de la internacionalización, hoy la globalización, y en el futuro inmediato la afluencia de una nueva aristocracia global como del transnacionalismo productivista mundial sobre la cultura.
Si bien la construcción de valor agregado y la generación utilitaria de los emprendimientos culturales, son esenciales a la hora de garantizar al talento humano su sostenibilidad como la supervivencia y estabilidad laboral en este sector (entre otras cosas, descuidado por el estado colombiano por más de 25 años); también es cierto que se debe garantizar o lograr el equilibrio entre la productividad asociada al rendimiento y la transversalidad social que debe generar su impacto. Es decir, el balance y no la ruptura entre el rescate y sostenibilidad de valores y tradiciones frente a la descolonización cultural desde la reducción de los efectos extranjeristas en la misma.
En otras palabras, hay que cuidar, el impacto de la supremacía del capitalismo cultural y el neoliberalismo a ultranza de mercado sobre la transformación social que debe imponer el emprendimiento cultural y las industrias creativas.
La descolonización cultural y la emancipación del sector cultura en Colombia, es decir la libertad de desarrollo, sin permisos o condicionamientos monetaristas, es el deber ser de la práctica legítima de las actividades culturales en todas sus áreas.
Con el fin de ilustrar un poco más lo anterior, en reciente entrevista el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, expresó: “nuestro reto como país es abonar el terreno para pasar de un modelo de crecimiento económico, basado en rentas, a uno en el que el capital humano y el conocimiento sean la base de la expansión”. Realmente al revisar las convocatorias tanto del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, como las definidas por las alianzas de INNpulsa, SENA, Findeter y otras agencias como entidades descentralizadas del estado; no se percibe claramente, que el modelo haya transitado de ser puramente rentístico a fomentar el desarrollo y el posicionamiento del país competitivamente, desde un enfoque en el que la transformación se efectúe desde el conocimiento, la valoración social del intelecto y su apropiación en la comunidad. La expansión del país sigue en la transnacionalización empresarial, el financiamiento de la gran empresa y la producción acumulativa de capital. La cultura y sus distintas dimensiones van en esa vía, es decir explicadas desde una sociedad postindustrial liberal, tal como ocurrió con la salud y la educación.
En ese sentido, el emprendimiento cultural soportado en industrias creativas y servicios culturales de soporte, denominadas industrias culturales convencionales; son fundamentales, no se niegan, ni se rechazan; pero es pertinente garantizar la producción que verdaderamente fomente el conocimiento y la ciencia desde lo cultural asociada a la preservación, internalización y descolonización cultural que se focalice la epistemología y el pragmatismo criollo de la cultura.
Como lo afirma Lander, 2018; el modelo civilizatorio de la sociedad liberal industrial se impone a sí mismo como el único horizonte posible de llegada, desconociendo además de la tierra su plena madurez. Desde nuestra óptica, tal descolonización de los extranjerismos, deben imponerse hasta que la cultura, la creación y la empresión logren hegemonía, legitimidad e institucionalidad. Es ello lo que hará libre la nueva culturización y en ese sentido la economía naranja contenga un fuerte sentido complementario al valor agregado social y humanístico.
La globalización y el neoliberalismo engendrado desde el capitalismo, promueve disrupciones en el mercado de bienes y servicios. Es la búsqueda de la productividad sobre el valor en sí del bien. Es decir, la competitividad sectorial asociada a la rentabilidad es la razón de ser. En ese sentido lo cultural, al parecer, producto de los efectos de la globalización, la productividad y la competitividad; tiende a unificarse con el tiempo y soportarse más en un modelo rentístico que de valoración humanística.
Anota Betancourt, (2019), con la industrialización de la sociedad, a la par de la globalización del capitalismo, se mercantiliza la vida, se le asigna un precio al tiempo, a la salud, a la espiritualidad, a la educación, al placer, a la cultura; así se economiza la vida, se le capitaliza con base en las leyes de la oferta y la demanda.
Esto funciona para otro tipo de mercados, para la cultura y su emprendimiento creativo, este modelo productivista es de cuidado. El concepto que la cultura no es gratis, es peligroso y tal vez tendencioso; la empresarialidad en este subsector es bienvenida, pero en equilibrio absoluto, como se ha explicado anteriormente.
En ese marco productivista que se evidencia claramente en el enfoque de la economía naranja, llama la atención la fuerte inclinación o pronunciamiento en el enriquecimiento económico de las industrias culturales o creativas, el desarrollo económico sobre un modelo de renta y no de apropiación social cultural sostenible y de hecho programas con denominaciones atractivas, pero sin profundidad; ni en infraestructura cultural como en formación transversal y estructural. Hay que reconocer que se ha avanzado, de hecho, las Áreas de Desarrollo Naranja-ADN y los convenios de fortalecimiento de capacidades en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural, le devuelve en alguna medida, la democratización y humanización en la preservación cultural como a su vez incita a la organización de los sistemas culturales en los municipios y departamentos a futuro.
Para argumentar un poco más lo explicado, revisemos los planteamientos de Cubeles, 2000; frente al impacto de la globalización y el capitalismo rentístico en las industrias culturales. El autor expone cinco grandes ejes:
• La transnacionalización de las empresas.
• La concentración empresarial y la estructuración de redes.
• La tendencia a la centralización territorial.
• La estandarización de los medios de comunicación y de los contenidos culturales.
• El proceso de convergencia digital de los mercados.
En ese sentido Betancourt, 2019, relaciona estos ejes y considera que la transnacionalización de las empresas se hace a partir de la compra de todos los pequeños o medianos negocios posibles, arruinando a la competencia y/o comprándola, esto lleva entre otras cosas al surgimiento de grandes empresas multisectoriales (diversificación de mercados) a ocupar espacios importantes en múltiples renglones de la economía de los países atentando contra su autonomía e influyendo directamente (razón instrumental) en sus políticas públicas, por encima de los intereses de amplias colectividades, así como de la armonía de la madre tierra y de sus relaciones ecosistémicas. La gran concentración de capitales transnacionales fortalece la centralización de las relaciones de producción, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.
En ese sentido la alta concentración de capitales y la estandarización de modelos económicos e identitarios transnacionales deslocalizan los conocimientos locales y ancestrales, los descontextualizan, folclorizan o los rechazan, para imponer a través del libre mercado, por todos los medios posibles, productos de consumo masivo, iguales pero novedosos, homogéneos pero diferentes, además crea la ilusión de equidad social en el capitalismo y la autoregulación de sus mercados.
Esta deslocalización y estandarización asociada a una sociedad consumista de productos culturales homogéneos llevarán a una economía naranja desigual, monopolista y excesivamente diferencial. Recuerden, las minorías culturales podrán ser desplazadas por este modelo global y productivista, por ello el estado en estos primeros 15 años debe fortalecer en presupuestos, organización y formación, a dichas minorías para que a futuro puedan ser emprendedores culturales sostenibles en el enfoque de la economía naranja. En ese sentido, en el marco del convenio 13336 de 2020 realizado entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Córdoba; con la actuación de la Universidad de Córdoba como operador, proponemos para el Departamento de Córdoba y la consolidación del sistema regional cultural, lo siguiente:
A) Firmar un Pacto Social por la Cultura en el Departamento de Córdoba, que propicie la participación activa y los movimientos emergentes culturales, no solo de los empresarios actuales sino de las minorías culturales, es decir, aquellos que aún no tienen voz o son invisibles en el sector.
B) Constitución de un Nodo de Emprendimientos Culturales (NEC): con la participación institucional del estado, las universidades, las organizaciones educativas y los agentes culturales en el territorio. Con un enlace transversal de la empresa privada.
C) Creación del Observatorio de Economía y Cultura entre la Gobernación de Córdoba y Universidad de Córdoba. Que facilite la investigación cultural y asesore junto al Nodo en la formulación de proyectos y participación en convocatorias naciones e internacionales.
D) Diseñar pequeños circuitos de emprendimiento cultural y dinamización de la industria creativa, en alianzas con las universidades y el nodo consolidado para atender las minorías y mayorías culturales, que no tienen espacio para acceder a proyectos de impacto.
hay algo que poco o nada le ha interesado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y tiene que ver con la necesidad de procesar la basura, de transformarla y dejar de enterrarla, que al final es lo que hacen los llamados rellenos sanitarios. Por: Oswaldo Marchena Mendoza. Twitter: @marchenojob. “Nosotros generamos 2 mil 100 toneladas de residuos sólidos mensuales, cerca de 25 mil toneladas al año y no tenemos un lugar para la disposición”. La afirmación la hizo en la pasada cumbre de alcaldes de Córdoba, el mandatario de Lorica, Jorge Negrete López, a nombre de los 10 municipios de la subregión del bajo Sinú, que le dieron la vocería para que expusiera los problemas y proyectos comunes. El dato quedó flotando en el evento, y vaya uno a saber si el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, incorporó el tema a su agenda. La disposición de las basuras en los municipios de Córdoba es un problema que vienen eludiendo los mandatarios de turno. De acuerdo a datos de la CAR CVS, según información entregada por la empresa URBASER S.A E.S P. (anteriormente SERVIGENERALES S.A.E.S.P.) en el año 2018 se recibieron en el relleno sanitario Loma Grande en la ciudad de Montería (recibe la basura de la mayoría de municipios del departamento) 16.006 toneladas de residuos sólidos en promedio al mes, mientras que en año 2019 aproximadamente 15.019 toneladas promedio mes. Ha sido tan fuerte la presión de la cantidad de basuras sobre el relleno Loma Grande que al mismo se le terminó su vida útil de forma anticipada el pasado 15 de enero de 2016, algo que obligó al operador a habilitar una nueva celda en dicho relleno, y que contó con la respectiva licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. La gran preocupación siempre ha sido que Córdoba cuenta con un solo relleno sanitario y que ante cualquier eventualidad en el mismo estaríamos ante una emergencia sanitaria de gran magnitud. Expertos del tema recomiendan la construcción de rellenos sanitarios en las diferentes subregiones del departamento. Sin embargo, hay algo que poco o nada le ha interesado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y tiene que ver con la necesidad de procesar la basura, de transformarla y dejar de enterrarla, que al final es lo que hacen los llamados rellenos sanitarios. Enterrar la basura: Bueno para el concesionario y malo para el planeta. Muchos países vienen enfrentando el problema de las basuras con la instalación de plantas de tratamiento que convierten los desechos en energías renovables limpias, y ello equivale a decir que antes de enterrar las basuras y seguir envenenando el planeta, decidieron explotarlas y sacar provecho de las mismas. En Colombia los rellenos sanitarios mantienen sitiados a sus vecinos. Los de Doña Juana en Bogotá hicieron un frente común para enfrentar los perjuicios que les causa, mientras que los habitantes de la vereda Loma Grande en Montería, observan indefensos como su única fuente de agua recibe a diario lixiviados que se desprenden de las basuras. La instalación de plantas de tratamiento de basuras (con la capacidad de convertir los residuos en energías o para otros usos) en los rellenos sanitarios, sobre todo en aquellos que están en conflictos permanentes con la comunidad (la mayoría), debido a los malos olores y otros efectos ambientales, debería ser requisito para que sigan operando. En una publicación de El Espectador, Daniel Callejas, líder de la iniciativa mundial para aprovechar los residuos, sostiene que Colombia tendría un potencial económico si aprende a reutilizar las miles de toneladas de desechos que produce a diario. El lío con los concesionarios de las basuras es que estos no ven con buenos ojos la instalación de este tipo de plantas, porque para ellos es más negocio enterrarla que transformarla. ¿Y qué pasa si un alcalde o gobernador quiere tratar y procesar las basuras de su territorio?, sucede que los concesionarios se creen los dueños de las basuras y por lo tanto cualquier decisión de ese tipo pasa por su aprobación. El interrogante que se plantea es ¿Al concesionar la recolección y disposición de las basuras, se le da al operador el manejo total de las mismas?, aquí la respuesta más que de tipo ambiental es del orden jurídico. Una Planta Piloto en el bajo Sinú. Los 10 municipios que, de acuerdo al alcalde de Lorica, Jorge Negrete López, producen alrededor de 25 mil toneladas de residuos al año, tienen la oportunidad de darle una mano al ambiente con la instalación de una planta procesadora de basuras en esa subregión, y evitar caer en las manos de un concesionario privado. La idea sería estructurar un operador público donde los entes territoriales junto a la Gobernación de Córdoba se conviertan en socios. Es un proyecto que se ajusta a las propuestas del gobernador, Orlando Benítez Mora, en el sentido de fortalecer lo público para beneficiar al pueblo. Una planta procesadora de basuras genera empleo y riquezas. En esta nueva alianza por el ambiente jugará un papel importante la Universidad de Córdoba, bajo la fórmula del actual rector, Jairo Torres Oviedo: “La ciencia al servicio del desarrollo de la región”. Si dejamos de enterrar la basura, le daremos un gran alivio ambiental al planeta.
Resultados encuesta social-tercera ronda, DANE. Opinión nacional en medio de la pandemia. (II)
Por; Giovanni Carlos Argel Fuentes, Ph.D
1. ¿Qué es el Bienestar Subjetivo?: una mirada a partir de la paradoja de Easterlin.
Presentamos el segundo reporte de tres, sobre los resultados de la encuesta social en su tercera ronda, realizada por el DANE en septiembre de 2020. En esta oportunidad trataremos el componente BIENESTAR SUBJETIVO a nivel de conceptos y resultados en el país, conforme a las percepciones que se suscitan de la población encuestada y estudiada en el marco de la evolución de la crisis generada por la pandemia en los dos últimos trimestres del año 2020.
Para iniciar analicemos un poco que es el bienestar subjetivo y analicemos su estructura desde la literatura especializada en la economía y la sicología. En ese sentido, es de resaltar en primera instancia, que los estudios acerca del bienestar subjetivo o economía de la felicidad, han adquirido con el tiempo relevante importancia en el mundo, más allá de la satisfacción o conformidad de la población sobre algunas percepciones asociadas a las formas de vida y distintas cualificaciones entorno a su comportamiento en la sociedad.
Al igual que otras ciencias, como la sicología, la sociología y la antropología organizacional y territorial, la economía de la felicidad; mide la satisfacción, la plenitud, la preocupación y el crecimiento personal y colectivo a través de medidas de orden subjetivo y auto reportadas que provienen, como indicábamos, de la percepción o del sentir de la población. Si bien estas medidas son manifestadas por la población mediante instrumentos aplicados en un momento específico o tendencial, es importante resaltar que dicha información autoreportada refleja significativamente la noción de bienestar subjetivo y el comportamiento desde una primera voz, de la población identificada.
Por ello, el bienestar subjetivo es un concepto que va más allá de la felicidad y se define como un buen estado mental, que incluye las evaluaciones que las personas hacen de sus vidas y reacciones afectivas a las experiencias que se enfrentan. Es un enfoque de medición superior al comportamiento que explica os aumentos del ingreso y los gastos en la familia. Es decir, este concepto y su práctica está por encima de la lógica presupuestal individual o familiar, para atender plenitudes de la satisfacción, preocupaciones, estados de ánimo y comportamientos sociales, frente a las crisis o emergencias; entre otras dimensiones.
La OECD (2013) anota, en su publicación Guidelines on Measuring Subjective Well- being, que el bienestar subjetivo, recoge tres dimensiones, planteadas por diversos autores, saber: la evaluativa, la afectación y la Eudaimonia.
Actualmente, el bienestar subjetivo de las personas se mide a partir de las dos primeras dimensiones. La dimensión principal y más estudiada es la estructural o de evaluación de la vida, ya que hace referencia al aspecto racional o intelectual del bienestar. De hecho, esta dimensión, busca obtener juicios evaluativos sobre la vida de los individuos o aspectos específicos del ciclo vital. En otras palabras, pretende medir la satisfacción en general y no de estados emocionales.
La segunda dimensión, la afectación, mide lo emocional y relacional, los códigos sentimentales y los estados mentales como sentimentales. Ambas dimensiones se miden en una temporalidad racional y específica, de conformidad con lo que se desea analizar y estudiar frente a fenómenos especificos en sociedad y en el territorio.
Diferentes autores, Easterlin (1974), Deaton (2008), Helliwell, Layard & Sachs (2012), han cuantificado el comportamiento a lo largo de distintos grupos poblacionales, de las medidas evaluativas y de afectación que reportan las personas, así como sus correlaciones y determinantes4. En ese sentido este enfoque es relevante, en términos de correlacionar el crecimiento económico y productivo sectorial, frente a la evolución del comportamiento humano y su contexto en el marco del diseño de políticas públicas, que aborden dichas dimensiones por parte de los gobiernos.
Easterlin (2006) destaca el interés particular que le otorga la psicología a las características individuales. No son las circunstancias las que determinan la felicidad de las personas o la satisfacción con la vida; son las características personales (la influencia genética o los rasgos de personalidad, por ejemplo) las que terminan influyendo sobre el bienestar subjetivo de éstas. “En este enfoque individual, la felicidad tiende a un nivel estable determinado por la personalidad y los rasgos genéticos. Algunos eventos en la vida como el matrimonio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, hacen que momentáneamente las personas tengan niveles por encima o por debajo de su nivel habitual, pero rápidamente se adaptan y regresan a su punto de ajuste” (Easterlin (2006), pág. 466)5. Este autor define que las condiciones de vida y las circunstancias que se le dan al individuo en su comportamiento cotidiano y frente a sus metas, determinan elementos constitutivos del bienestar subjetivo. De hecho, no hay una regular correlación entre el aumento de los ingresos y la felicidad. La paradoja de Easterlin se cumple cabalmente en observar con evidencias en los países de estudio en 2010, que no necesariamente tener mayores ingresos es conducente a la satisfacción plena de las necesidades y alcanzar felicidad o la eudaimonia.
De otro lado autores como Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz y Stone (2004), estudian la importancia de la afectación o el balance afectivo en el comportamiento del individuo frente al impacto socioeconómico. El balance resulta de evaluar o medir la dimensión afectiva-emocional, y se define como la resta entre el promedio de sentimientos positivos con el promedio de los sentimientos negativos. Esta medida se utiliza en varios análisis debido a que permite tener una sola medición de afectación, tiene mayor simplicidad en su interpretación y elimina sesgos culturales.
2. Los indicadores sobre Bienestar Subjetivo. DANE, octubre de 2020.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia-DANE, viene realizando periódicamente encuestas para medir el bienestar subjetivo y fundamentalmente los indicadores de percepción y comportamiento emocional de la población durante la pandemia. Como lo han denominado “tomarle el pulso” a la sociedad colombiana frente a la dinámica económica y la crisis; se ha realizado un seguimiento fundamental con este procedimiento.
En ese sentido, se estudia cómo se siente el colombiano en los estados de evaluación y afectación, tal como se explicó anteriormente, y de allí definir la situación de felicidad o preocupación, parcialmente en Colombia mes a mes.
En la metodología el DANE, aplica una encuesta denominada “Encuesta de Pulso Social – EPS”, que indaga sobre variables o dimensiones relacionadas con:
Confianza del consumidor.
Bienestar subjetivo.
Redes de apoyo de los hogares
Bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes.
Conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.
Anota el DANE que esta información es estratégica, en especial en medio de la salida de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional e implementadas por los gobiernos locales, así como en el marco de una eventual revitalización económica y social.
En virtud de ello, presentaremos en este artículo algunas de las variables estudiadas por la entidad y se explicarán correlaciones y elementos valorativos dados por las percepciones de la población y se asocien a los conceptos explicados en el capítulo 1.
La percepción de la población en todas las regiones conforme al estado de su salud y el nivel educativo; es satisfactorio. Se ubican las opiniones en las categorías bueno, regular y muy bueno. Es destacable que no existen preocupaciones frente a esta variable, especialmente el 64.13% de los técnicos consultados y el 58,67% de los profesionales. Es decir, el 57.19% de la población estima tener buen estado de salud a pesar de la emergencia y la arremetida de la infección en todos entes territoriales en el país. De igual forma un 15.2% de los encuestados indican tener muy buen estado de salud, para un total de 72.39% de la población en las dos categorías. Ver Gráfica No 1.
Frente al contagio y la velocidad de infección, la población manifiesta preocupaciones relevantes, apenas normal en situaciones críticas como esta. El 34.19% y el 29,1% de los encuestados se ubican en las categorías muy preocupado y un poco preocupado. De la misma forma el 22.23% indica estar algo preocupado. Situación que implica un deterioro del ambiente colectivo del ciudadano, asociados a la tranquilidad personal y la pérdida de confianza sobre las políticas de salud pública en el país y las regiones.
Si analizamos frente al mes de agosto de 2020, es notoria la recuperación de confianza entre meses, véase que las opiniones en las categorías, muy ocupado se ubicó en ese mes, en el 39.7% (lo que indica una disminución en septiembre) y un poco ocupado en 27.8% (lo que indica una leve subida en septiembre, teniendo en cuenta que quienes estaban muy preocupados tomaron confianza frente a las medidas sanitarias y el autocuidado; y pasaron a las categorías un poco preocupado y algo preocupado). Finalmente, las mujeres presentan los más altos indicadores de preocupación frente al contagio y sus implicaciones para los dos meses enunciados. Ver Gráfica No 2.
Ahora bien, si analizamos esta variable por ciudades, podemos evidenciar que los indicadores de mayor preocupación se ubican en Neiva (59.8%), Riohacha (55.3%), Montería 54.4%), Cúcuta (53.6%), Pasto (53.5%), Popayán (53.5%) y Pereira (49.1%). Las ciudades y la población más tranquila y nada preocupadas en la opinión y que presentan este indicador con mayor estadística en su percepción, son:
Sincelejo (18.3%), Quibdó (14.9%), Cartagena (13%) y Armenia (13%). Ver Gráfica No 3.
Ahora bien, consultados los encuestados frente a la aplicación de la vacuna una vez esté autorizada, el 62.52% está de acuerdo y el 32.45% no está de acuerdo, aún. Los hombres superan a las mujeres en la aceptación en un 66.52%. Las cifras disminuyeron frente al mes de agosto, lo cual indica la pérdida de confianza por un lado y seguramente frente a la creencia del aumento de la inmunidad de rebaño o colectiva en las comunidades.
De la misma manera y en plena situación crítica y ad portas de posibles rebrotes, como los sucedidos en Europa, Asia y EEUU; se evidencia el afán de la población por la cura urgente. Ello indica el estado de zozobra y una luz de esperanza a su vez, que afecta el comportamiento o las conductas de la población en su estado psicológico por causa de esta razón. Es decir, un balance inicial de afectación intervenido por la necesidad de sobreponerse a la crisis o por el miedo a morir. Ver Gráfica No 4.
Como puede verse, aún existe un porcentaje moderado de personas que no están dispuestos a aplicarse la vacuna para su bienestar, veámoslo por ciudades para esta ocasión:
Ciudades como Riohacha (80.7%), Santa Marta (80.7%), Quibdó (79.8%), Tunja (75.9%) y Pasto (75.3%), presentan los indicadores más altos en el optimismo por la aplicación de la vacuna; en contraste Cali (48.9%), Bucaramanga (37.9%), Pereira (37.9%) y Sincelejo (37.4%); presentan los indicadores más altos de abstención y/o negatividad a la aplicación de la vacuna para su bienestar. Ver Gráfica No 5.
De la misma forma, según el grado de pobreza monetaria desde 2019, el 34% (no pobres) de los encuestados manifiestan estar algo favorecidas por parte del gobierno frente a las medidas económicas, sociales y ecológicas definidas, e igualmente el 28.2% (pobres) que fueron consultados. Entre tanto, el 36.5% (pobres) manifiestan estar poco favorecidas e igualmente el 28.4% (no pobre). De la misma forma el 28% (pobre) y el 23% (no pobre); manifiestan pertenecer al grupo nada favorecidas. Como puede evidenciarse, la alta incertidumbre entre pobres y no pobres frente a estar o no favorecidos en el medio de la crisis; es creciente y sostenida en la población. En ese sentido, se siente un abandono frente a la percepción de la gente en el recibo de ayudas y ante la posible situación de salir avante en esta crisis. Ver Gráfica No 6.
Las ciudades con mayor número de personas que no realizan tareas laborales o no tienen empleo son: Cúcuta, con el 43.9% (hombres) y el 67.6% (mujeres); Sincelejo con el 44.7% (hombres) y el 66.4% (mujeres); Montería, con el 42.7% (hombres) y el 66% (mujeres); Cartagena, con el 49.1% (hombres) y 64% (mujeres) e Ibagué, con el 42.7% (hombres) y el 61.7% (mujeres). Las de menores indicadores fueron: Bogotá D.C, con el 28.3% (hombres) y el 32.3% (mujeres); igualmente Pasto con el 24.4% (hombres) y el 37.7% (mujeres). Ver Gráfica No 7.
Ello explica la crisis sustancial de la población en su bienestar subjetivo, en términos de esta variable; lo cual profundiza la inestabilidad en la conducta en los consultados.
Finalmente, en el estudio realizado por el DNP, anteriormente citado, corrobora que desde 2018 se tiene un nivel de satisfacción de la población decreciente, afectados por diversas variables como las anotadas en el primer capitulo.
Anotan los autores, “La edad presenta una relación convexa con la satisfacción en la vida, hecho que se ha demostrado a nivel internacional; para el caso colombiano existe un punto de inflexión cercano a los 50 años donde la satisfacción que empieza disminuyendo y comienza a subir nuevamente (Gráfico 8).
Es decir, ciudades como Barranquilla y las del Valle de Aburrá, experimentan después de los 50 años de edad de su población crecimientos significativos en los niveles de felicidad y satisfacción plena más allá del ingreso per cápita.
Es notorio que antes y durante la crisis, teniendo en cuenta la recesión económica, el progresivo deterioro del bienestar subjetivo, sin analizar otras variables como el estado civil, el matrimonio, las discapacidades, las aspiraciones salariales, el esparcimiento, el sueño y la edad biológica. Este enfoque es urgente de interpretar a la luz de nuevas políticas diferenciales de orden regional, con el fin de intervenir estados mentales y conductas agresivas, más aun, después de un confinamiento estricto y aislamientos diferenciales como los implementados en Colombia.
