El anunciado Proyecto de Acuerdo aprobado en el Concejo de Montería que le da facultades al alcalde para la implementación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, deja más interrogantes que soluciones.
Por: Oswaldo Marchena mendoza.
@marchenojob
La pandemia, la informalidad, la pasividad del gobierno de Montería y la indiferencia del gobierno Nacional contribuyeron con el derrumbe de las empresas de transporte colectivo de la ciudad, y con ello se extinguieron años de esfuerzos en equipos, tecnología y se perdieron cientos de empleos directos.
Montería que está a las puertas de ingresar al Sistema Estratégico de Transporte Público, se está sumergiendo en una peligrosa movilidad informal. Al tiempo que el transporte formal agoniza, la informalidad se fortalece.
El gobierno de Montería acaba de recibir del Concejo Municipal, autorización para la implementación del Fondo de Estabilización Tarifaria, una especie de “vaca” que recibirá recursos de varias fuentes para compensar la diferencias entre la tarifa técnica (la que indican los estudios, pero que nunca se cobra, y la tarifa al usuario, que al final es una tarifa política).
Las condiciones de la movilidad en Montería obligan a una tarifa técnica de difícil alcance para el usuario, y por ser el transporte urbano colectivo un servicio público esencial, tienen los entes territoriales la obligación de irrigar recursos para compensar ese faltante en la tarifa, y garantizar la movilidad de sus ciudadanos.
Es eso, o seguiremos viendo a dos adultos en una moto con un menor en el tanque de la gasolina y otro apretado entre el conductor y el parrillero. Una ciudad que se define como verde y sostenible, no puede depender su movilidad de miles de motocicletas que por su antigüedad y malas condiciones mecánicas envenenan el ambiente.
La discusión no se puede suscribir a un asunto social done se encuentran el derecho al empleo y al ambiente sano, tampoco es una crítica al mototaxismo, el asunto pasa por la salud de todos los habitantes que respiran aire contaminado por las fuentes móviles de contaminación y por el deber que tienen los entes territoriales de garantizar la movilidad segura de sus ciudadanos.
Paños de agua tibia.
El anunciado Proyecto de Acuerdo aprobado en el Concejo de Montería que le da facultades al alcalde para la implementación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, deja más dudas que soluciones. Para un grupo de transportadores es más que todo un “Saludo a la Bandera”, porque aún los técnicos de la Secretaría de Tránsito de Montería y de Montería Amable, no tienen definidos de dónde saldrán los recursos para dicho fondo.
Mientras se estructura su diseño, y se pone en marcha (varios meses), las empresas de transporte público colectivo de la ciudad seguirán perdiendo diariamente millonarios recursos, obligándolas a seguir retirando vehículos del servicio, despidiendo trabajadores y dejando un espacio apetecido por la informalidad (esa que no paga impuestos y no está obligada suscribir seguros para proteger a sus usuarios en casos de accidentes).
El tanque de oxígeno del gobernador, Orlando Benítez Mora.
El oscuro panorama del transporte colectivo recibió una luz al final del año, gracias a que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, implementó el Fondo Para el Transporte y la Movilidad de Córdoba, el cual se convierte en un tanque de oxígeno para el agonizante Sistema Estratégico de Transporte Público de Montería, y servirá para promover su implementación en otros municipios.
Dicho fondo permitirá la suscripción de un convenio entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, para fortalecer el Fondo de Estabilización Tarifaria. La diferencia es que mientras el primero ya definió de donde saldrán los recursos, el segundo solo inicia una etapa técnica para establecer las fuentes de financiación.
La percepción de los transportadores de Montería es que mientras la quiebra sistemática de las empresas del sector va por el ascensor, las soluciones que propone el gobierno de Montería van por las escaleras.
El intento de golpe jurídico contra Benítez Mora, fracasó en el Consejo Nacional Electoral, luego en el Tribunal Administrativo de Córdoba, y ahora acaba de naufragar en el Consejo de Estado, donde se le pone punto final a la cacareada presunta inhabilidad del Gobernador. Por: Oswaldo Marchena Mendoza. @marchenojob A Orlando Benítez Mora, gobernador de Córdoba, la vida le plantea retos de forma permanente. En el pasado la violencia no solo tocó desde temprano las puertas de su hogar, sino que también se le llevó a seres queridos. En su más reciente escenario de dificultades acaba de salir ileso de una emboscada jurídica que le prepararon; no sus contradictores, sino, un pequeño grupo de quienes fueron derrotados en las urnas en la pasada campaña a la Gobernación de Córdoba por el movimiento político social que lideró Benítez. Se puede controvertir un modelo de gobierno, algo valido y normal dentro de una democracia, donde los grupos de oposición hoy la ley les garantiza su ejercicio. Algo que no se puede aceptar, son las diferentes maniobras (jurídicas, por ejemplo), para tratar de obtener en los estrados judiciales el propósito que no se alcanzó en las urnas. Es preciso reconocer que tras los primeros meses del “Gobierno del Pueblo”, muchos sectores que no apoyaron a Benítez en la carrera por la Gobernación, hoy miran con buenos ojos las acciones de su administración. Incluso, desde el Gobierno Nacional, los vientos soplan a favor de la gestión de Benítez. Nunca un gobernador de Córdoba le tocó enfrentar una pandemia, y ante ese reto el gobierno de Orlando Benítez no ha sido inferior, a pesar de la ostensible disminución de los ingresos, y que la crisis sanitaria paralizó la economía del departamento. Son escenarios llenos de dificultades a lo largo de su vida, donde Benítez Mora, gracias a su resiliencia y fe ha podido salir adelante. La más reciente tempestad que le tocó sortear, fue una verdadera asonada judicial desatada por esa minoría que no se repone aún del totazo sufrido en las urnas y ante la opinión pública. El intento de golpe jurídico contra Benítez Mora, fracasó en el Consejo Nacional Electoral, luego en el Tribunal Administrativo de Córdoba, y ahora acaba de naufragar en el Consejo de Estado, donde se le pone punto final a la cacareada presunta inhabilidad del Gobernador. No dejó de gobernar para salir a defenderse. Es preciso recordar que desde que inició su mandato popular, la administración de Orlando Benítez, nunca se ha detenido. Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, solo se ha quedado en su casa, desde donde continuó trabajando mientras esperaba los resultados de las pruebas COVID-19, tras haberse relacionado con personas diagnosticadas con el virus. Desde que se conoció el concepto de la Procuraduría (filtrado de forma extraña a los medios) que pedía anular su elección, Benítez Mora, señaló, “Toda mi vida he actuado con respeto y apego a la ley. Mis actuaciones como dirigente político siempre han sido transparentes y de cara a la opinión pública. Los asuntos jurídico-legales, los dejo en manos del equipo asesor en quienes deposito mi confianza y la confianza del pueblo que representamos. Sigo enfocado en gobernar a Córdoba de forma transparente, decente, incluyente y justa; trabajando sin distracciones, de la mano de Dios y por el pueblo, generando oportunidades, bienestar y seguridad para el departamento”. Toda esa promesa de seguir enfocado en la hoja de ruta que trazó para el departamento la cumplió al pie de la letra. Nunca dejó de gobernar y gestionar para dedicarse a su defensa. Volviendo al fallo del Consejo de Estado, esto dijo en su ponencia, la Magistrada, Lucy Jeannette Bermúdez, “Se analizaron detalladamente las funciones asignadas al hermano del hoy gobernador, en su calidad de Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS, y no se encontró ninguna que le entregara competencias de autoridad administrativa”. “Pa qué se acabe la vaina”, habría que agregarle. Que celebren las familias campesinas que se benefician con el programa Unidades Productivas, que les entrega insumos, asistencia técnica y asesoría para la comercialización de los productos. Un programa que dinamiza el campo, y pone al campesino en el centro de la gestión. Que celebren los primeros 4 mil bachilleres que gracias al Fondo de Educación Superior para el Pueblo, tendrán la oportunidad de ingresar a una Institución de Educación Superior e iniciar una carrera profesional, algo impensable en las familias pobres de esos estudiantes, antes que la iniciativa de política pública del Gobernador, Orlando Benítez, se convirtiera en una realidad. Que celebre todo Córdoba porque por fin el péndulo que define su estabilidad jurídica y administrativa, dejará de moverse y se quedará quieto.
La violencia intrafamiliar contra la mujer en Córdoba se disparó en un 89% en el presente año, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que comenzó en el país el 6 de marzo pasado y ha dejado más de 36 mil muertos. La revelación la hizo la presidenta de la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de Córdoba (Rosmuc), Francisca Sánchez Gómez, tras precisar que en el año 2019, la violencia intrafamiliar contra la mujer fue de 80% en este departamento. Para la dirigente el auge se da por el confinamiento que obligó a hombres y mujeres a permanecer en las viviendas durante varios meses, por el mal comportamiento de las parejas, por el machismo y celos de los hombres que no les gusta que la mujer vista o se comporte de determinada forma y porque hay mujeres que son las que trabajan y tienen que darle hasta para las cervezas a los maridos. Sánchez Gómez explicó que el pasado 25 de noviembre, cuando se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una señora de 52 años del corregimiento de Guacharacal, municipio de San Carlos, denunció que el esposo la agrede en forma permanente. La mujer tiene 14 hijos y dice que no abandona el hogar porque no tiene para donde irse. Otra dama de la misma municipalidad contó que su compañero sentimental la maltrata física y verbalmente. “Si no le sirvo la comida o le doy un vaso con agua cuando él lo pide, enseguida me manda un manotazo”, expresó la señora de San Carlos, según la presidenta de Rosmuc. Más de 830 casos de violencia intrafamiliar en Montería Pero si eso ocurre en Córdoba, Montería no es la excepción. Cuando solo hace falta un mes para que finalice el 2020, en esta ciudad se han registrado más de 830 casos de violencia intrafamiliar. Dentro de estos hechos más de 300 hombres han sido desalojados de sus residencias por haber cometido actos de violencia contra sus mujeres. La aseveración la hizo la Casa de Justicia de Montería, a través de la defensora de familia Luz Piedad Arteaga, tras precisar que 36 por ciento de las acciones tomadas, de los 830 casos, han sido contundentes para evitar mayores abusos entre las familias. La Casa de Justicia dijo que los casos de violencia intrafamiliar se registran en casi todos los sectores de Montería, pero es más frecuente en los barrios populares de la capital del departamento de Córdoba. Por su parte, la miembro directivo de la Corporación Oriana, Lina Arrieta de Alfaro, afirmó que el 95% de los casos de violencia intrafamiliar son contra las mujeres. Mientras que un 5% son contra los hombres. “Cuando las mujeres agreden a los hombres, es porque ya no aguantan más”, recalcó. Los municipios de Córdoba donde se registra más este flagelo son Montería, Cereté, Lorica y Montelíbano. Aunque hay que advertir que los casos del sur de Córdoba casi siempre se registran debido a los conflictos sociales y de orden público que ocurren en las subregiones del San Jorge y Alto Sinú.
Algunas concepciones en la literatura especializada indican que el enfoque de la economía naranja es un modelo innovador, generador de desarrollo y cambios sustanciales en la visión de prolongar la diversidad Cultural y la sostenibilidad de las costumbres tradicionales en el territorio, a partir de distintas dinámicas, inmersas en los postulados de la economía de la cultura y las industrias creativas.
Esta tendencia es pertinente revisarla y analizarla con mayor rigurosidad y detalle, especialmente frente a la estructura de ubicarse más como un modelo rentístico pegado a los sistemas culturales que a la formación de un capital intelectual y de gestión del conocimiento al interior de la cultura y sus dimensiones. La cultura, en sí, no se puede definir ni concebir como una mercancía, con un fuerte valor de uso y absurdo valor de cambio. Si esa visión se profundiza, lo más seguro es que se produzca un escenario instrumentalista, mecanicista y/o monetarista de la creatividad y la formación humanística, propia de la cultura. Incluso puede llegar a ser una tendencia peligrosa y tendencial frente al fondo social que debe impulsarse en el clásico empresariado cultural, en un país que, desde la segunda guerra mundial, ha tendido el impacto de la internacionalización, hoy la globalización, y en el futuro inmediato la afluencia de una nueva aristocracia global como del transnacionalismo productivista mundial sobre la cultura.
Si bien la construcción de valor agregado y la generación utilitaria de los emprendimientos culturales, son esenciales a la hora de garantizar al talento humano su sostenibilidad como la supervivencia y estabilidad laboral en este sector (entre otras cosas, descuidado por el estado colombiano por más de 25 años); también es cierto que se debe garantizar o lograr el equilibrio entre la productividad asociada al rendimiento y la transversalidad social que debe generar su impacto. Es decir, el balance y no la ruptura entre el rescate y sostenibilidad de valores y tradiciones frente a la descolonización cultural desde la reducción de los efectos extranjeristas en la misma.
En otras palabras, hay que cuidar, el impacto de la supremacía del capitalismo cultural y el neoliberalismo a ultranza de mercado sobre la transformación social que debe imponer el emprendimiento cultural y las industrias creativas.
La descolonización cultural y la emancipación del sector cultura en Colombia, es decir la libertad de desarrollo, sin permisos o condicionamientos monetaristas, es el deber ser de la práctica legítima de las actividades culturales en todas sus áreas.
Con el fin de ilustrar un poco más lo anterior, en reciente entrevista el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, expresó: “nuestro reto como país es abonar el terreno para pasar de un modelo de crecimiento económico, basado en rentas, a uno en el que el capital humano y el conocimiento sean la base de la expansión”. Realmente al revisar las convocatorias tanto del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, como las definidas por las alianzas de INNpulsa, SENA, Findeter y otras agencias como entidades descentralizadas del estado; no se percibe claramente, que el modelo haya transitado de ser puramente rentístico a fomentar el desarrollo y el posicionamiento del país competitivamente, desde un enfoque en el que la transformación se efectúe desde el conocimiento, la valoración social del intelecto y su apropiación en la comunidad. La expansión del país sigue en la transnacionalización empresarial, el financiamiento de la gran empresa y la producción acumulativa de capital. La cultura y sus distintas dimensiones van en esa vía, es decir explicadas desde una sociedad postindustrial liberal, tal como ocurrió con la salud y la educación.
En ese sentido, el emprendimiento cultural soportado en industrias creativas y servicios culturales de soporte, denominadas industrias culturales convencionales; son fundamentales, no se niegan, ni se rechazan; pero es pertinente garantizar la producción que verdaderamente fomente el conocimiento y la ciencia desde lo cultural asociada a la preservación, internalización y descolonización cultural que se focalice la epistemología y el pragmatismo criollo de la cultura.
Como lo afirma Lander, 2018; el modelo civilizatorio de la sociedad liberal industrial se impone a sí mismo como el único horizonte posible de llegada, desconociendo además de la tierra su plena madurez. Desde nuestra óptica, tal descolonización de los extranjerismos, deben imponerse hasta que la cultura, la creación y la empresión logren hegemonía, legitimidad e institucionalidad. Es ello lo que hará libre la nueva culturización y en ese sentido la economía naranja contenga un fuerte sentido complementario al valor agregado social y humanístico.
La globalización y el neoliberalismo engendrado desde el capitalismo, promueve disrupciones en el mercado de bienes y servicios. Es la búsqueda de la productividad sobre el valor en sí del bien. Es decir, la competitividad sectorial asociada a la rentabilidad es la razón de ser. En ese sentido lo cultural, al parecer, producto de los efectos de la globalización, la productividad y la competitividad; tiende a unificarse con el tiempo y soportarse más en un modelo rentístico que de valoración humanística.
Anota Betancourt, (2019), con la industrialización de la sociedad, a la par de la globalización del capitalismo, se mercantiliza la vida, se le asigna un precio al tiempo, a la salud, a la espiritualidad, a la educación, al placer, a la cultura; así se economiza la vida, se le capitaliza con base en las leyes de la oferta y la demanda.
Esto funciona para otro tipo de mercados, para la cultura y su emprendimiento creativo, este modelo productivista es de cuidado. El concepto que la cultura no es gratis, es peligroso y tal vez tendencioso; la empresarialidad en este subsector es bienvenida, pero en equilibrio absoluto, como se ha explicado anteriormente.
En ese marco productivista que se evidencia claramente en el enfoque de la economía naranja, llama la atención la fuerte inclinación o pronunciamiento en el enriquecimiento económico de las industrias culturales o creativas, el desarrollo económico sobre un modelo de renta y no de apropiación social cultural sostenible y de hecho programas con denominaciones atractivas, pero sin profundidad; ni en infraestructura cultural como en formación transversal y estructural. Hay que reconocer que se ha avanzado, de hecho, las Áreas de Desarrollo Naranja-ADN y los convenios de fortalecimiento de capacidades en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural, le devuelve en alguna medida, la democratización y humanización en la preservación cultural como a su vez incita a la organización de los sistemas culturales en los municipios y departamentos a futuro.
Para argumentar un poco más lo explicado, revisemos los planteamientos de Cubeles, 2000; frente al impacto de la globalización y el capitalismo rentístico en las industrias culturales. El autor expone cinco grandes ejes:
• La transnacionalización de las empresas.
• La concentración empresarial y la estructuración de redes.
• La tendencia a la centralización territorial.
• La estandarización de los medios de comunicación y de los contenidos culturales.
• El proceso de convergencia digital de los mercados.
En ese sentido Betancourt, 2019, relaciona estos ejes y considera que la transnacionalización de las empresas se hace a partir de la compra de todos los pequeños o medianos negocios posibles, arruinando a la competencia y/o comprándola, esto lleva entre otras cosas al surgimiento de grandes empresas multisectoriales (diversificación de mercados) a ocupar espacios importantes en múltiples renglones de la economía de los países atentando contra su autonomía e influyendo directamente (razón instrumental) en sus políticas públicas, por encima de los intereses de amplias colectividades, así como de la armonía de la madre tierra y de sus relaciones ecosistémicas. La gran concentración de capitales transnacionales fortalece la centralización de las relaciones de producción, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.
En ese sentido la alta concentración de capitales y la estandarización de modelos económicos e identitarios transnacionales deslocalizan los conocimientos locales y ancestrales, los descontextualizan, folclorizan o los rechazan, para imponer a través del libre mercado, por todos los medios posibles, productos de consumo masivo, iguales pero novedosos, homogéneos pero diferentes, además crea la ilusión de equidad social en el capitalismo y la autoregulación de sus mercados.
Esta deslocalización y estandarización asociada a una sociedad consumista de productos culturales homogéneos llevarán a una economía naranja desigual, monopolista y excesivamente diferencial. Recuerden, las minorías culturales podrán ser desplazadas por este modelo global y productivista, por ello el estado en estos primeros 15 años debe fortalecer en presupuestos, organización y formación, a dichas minorías para que a futuro puedan ser emprendedores culturales sostenibles en el enfoque de la economía naranja. En ese sentido, en el marco del convenio 13336 de 2020 realizado entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Córdoba; con la actuación de la Universidad de Córdoba como operador, proponemos para el Departamento de Córdoba y la consolidación del sistema regional cultural, lo siguiente:
A) Firmar un Pacto Social por la Cultura en el Departamento de Córdoba, que propicie la participación activa y los movimientos emergentes culturales, no solo de los empresarios actuales sino de las minorías culturales, es decir, aquellos que aún no tienen voz o son invisibles en el sector.
B) Constitución de un Nodo de Emprendimientos Culturales (NEC): con la participación institucional del estado, las universidades, las organizaciones educativas y los agentes culturales en el territorio. Con un enlace transversal de la empresa privada.
C) Creación del Observatorio de Economía y Cultura entre la Gobernación de Córdoba y Universidad de Córdoba. Que facilite la investigación cultural y asesore junto al Nodo en la formulación de proyectos y participación en convocatorias naciones e internacionales.
D) Diseñar pequeños circuitos de emprendimiento cultural y dinamización de la industria creativa, en alianzas con las universidades y el nodo consolidado para atender las minorías y mayorías culturales, que no tienen espacio para acceder a proyectos de impacto.
hay algo que poco o nada le ha interesado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y tiene que ver con la necesidad de procesar la basura, de transformarla y dejar de enterrarla, que al final es lo que hacen los llamados rellenos sanitarios. Por: Oswaldo Marchena Mendoza. Twitter: @marchenojob. “Nosotros generamos 2 mil 100 toneladas de residuos sólidos mensuales, cerca de 25 mil toneladas al año y no tenemos un lugar para la disposición”. La afirmación la hizo en la pasada cumbre de alcaldes de Córdoba, el mandatario de Lorica, Jorge Negrete López, a nombre de los 10 municipios de la subregión del bajo Sinú, que le dieron la vocería para que expusiera los problemas y proyectos comunes. El dato quedó flotando en el evento, y vaya uno a saber si el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, incorporó el tema a su agenda. La disposición de las basuras en los municipios de Córdoba es un problema que vienen eludiendo los mandatarios de turno. De acuerdo a datos de la CAR CVS, según información entregada por la empresa URBASER S.A E.S P. (anteriormente SERVIGENERALES S.A.E.S.P.) en el año 2018 se recibieron en el relleno sanitario Loma Grande en la ciudad de Montería (recibe la basura de la mayoría de municipios del departamento) 16.006 toneladas de residuos sólidos en promedio al mes, mientras que en año 2019 aproximadamente 15.019 toneladas promedio mes. Ha sido tan fuerte la presión de la cantidad de basuras sobre el relleno Loma Grande que al mismo se le terminó su vida útil de forma anticipada el pasado 15 de enero de 2016, algo que obligó al operador a habilitar una nueva celda en dicho relleno, y que contó con la respectiva licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. La gran preocupación siempre ha sido que Córdoba cuenta con un solo relleno sanitario y que ante cualquier eventualidad en el mismo estaríamos ante una emergencia sanitaria de gran magnitud. Expertos del tema recomiendan la construcción de rellenos sanitarios en las diferentes subregiones del departamento. Sin embargo, hay algo que poco o nada le ha interesado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y tiene que ver con la necesidad de procesar la basura, de transformarla y dejar de enterrarla, que al final es lo que hacen los llamados rellenos sanitarios. Enterrar la basura: Bueno para el concesionario y malo para el planeta. Muchos países vienen enfrentando el problema de las basuras con la instalación de plantas de tratamiento que convierten los desechos en energías renovables limpias, y ello equivale a decir que antes de enterrar las basuras y seguir envenenando el planeta, decidieron explotarlas y sacar provecho de las mismas. En Colombia los rellenos sanitarios mantienen sitiados a sus vecinos. Los de Doña Juana en Bogotá hicieron un frente común para enfrentar los perjuicios que les causa, mientras que los habitantes de la vereda Loma Grande en Montería, observan indefensos como su única fuente de agua recibe a diario lixiviados que se desprenden de las basuras. La instalación de plantas de tratamiento de basuras (con la capacidad de convertir los residuos en energías o para otros usos) en los rellenos sanitarios, sobre todo en aquellos que están en conflictos permanentes con la comunidad (la mayoría), debido a los malos olores y otros efectos ambientales, debería ser requisito para que sigan operando. En una publicación de El Espectador, Daniel Callejas, líder de la iniciativa mundial para aprovechar los residuos, sostiene que Colombia tendría un potencial económico si aprende a reutilizar las miles de toneladas de desechos que produce a diario. El lío con los concesionarios de las basuras es que estos no ven con buenos ojos la instalación de este tipo de plantas, porque para ellos es más negocio enterrarla que transformarla. ¿Y qué pasa si un alcalde o gobernador quiere tratar y procesar las basuras de su territorio?, sucede que los concesionarios se creen los dueños de las basuras y por lo tanto cualquier decisión de ese tipo pasa por su aprobación. El interrogante que se plantea es ¿Al concesionar la recolección y disposición de las basuras, se le da al operador el manejo total de las mismas?, aquí la respuesta más que de tipo ambiental es del orden jurídico. Una Planta Piloto en el bajo Sinú. Los 10 municipios que, de acuerdo al alcalde de Lorica, Jorge Negrete López, producen alrededor de 25 mil toneladas de residuos al año, tienen la oportunidad de darle una mano al ambiente con la instalación de una planta procesadora de basuras en esa subregión, y evitar caer en las manos de un concesionario privado. La idea sería estructurar un operador público donde los entes territoriales junto a la Gobernación de Córdoba se conviertan en socios. Es un proyecto que se ajusta a las propuestas del gobernador, Orlando Benítez Mora, en el sentido de fortalecer lo público para beneficiar al pueblo. Una planta procesadora de basuras genera empleo y riquezas. En esta nueva alianza por el ambiente jugará un papel importante la Universidad de Córdoba, bajo la fórmula del actual rector, Jairo Torres Oviedo: “La ciencia al servicio del desarrollo de la región”. Si dejamos de enterrar la basura, le daremos un gran alivio ambiental al planeta.
Resultados encuesta social-tercera ronda, DANE. Opinión nacional en medio de la pandemia. (II)
Por; Giovanni Carlos Argel Fuentes, Ph.D
1. ¿Qué es el Bienestar Subjetivo?: una mirada a partir de la paradoja de Easterlin.
Presentamos el segundo reporte de tres, sobre los resultados de la encuesta social en su tercera ronda, realizada por el DANE en septiembre de 2020. En esta oportunidad trataremos el componente BIENESTAR SUBJETIVO a nivel de conceptos y resultados en el país, conforme a las percepciones que se suscitan de la población encuestada y estudiada en el marco de la evolución de la crisis generada por la pandemia en los dos últimos trimestres del año 2020.
Para iniciar analicemos un poco que es el bienestar subjetivo y analicemos su estructura desde la literatura especializada en la economía y la sicología. En ese sentido, es de resaltar en primera instancia, que los estudios acerca del bienestar subjetivo o economía de la felicidad, han adquirido con el tiempo relevante importancia en el mundo, más allá de la satisfacción o conformidad de la población sobre algunas percepciones asociadas a las formas de vida y distintas cualificaciones entorno a su comportamiento en la sociedad.
Al igual que otras ciencias, como la sicología, la sociología y la antropología organizacional y territorial, la economía de la felicidad; mide la satisfacción, la plenitud, la preocupación y el crecimiento personal y colectivo a través de medidas de orden subjetivo y auto reportadas que provienen, como indicábamos, de la percepción o del sentir de la población. Si bien estas medidas son manifestadas por la población mediante instrumentos aplicados en un momento específico o tendencial, es importante resaltar que dicha información autoreportada refleja significativamente la noción de bienestar subjetivo y el comportamiento desde una primera voz, de la población identificada.
Por ello, el bienestar subjetivo es un concepto que va más allá de la felicidad y se define como un buen estado mental, que incluye las evaluaciones que las personas hacen de sus vidas y reacciones afectivas a las experiencias que se enfrentan. Es un enfoque de medición superior al comportamiento que explica os aumentos del ingreso y los gastos en la familia. Es decir, este concepto y su práctica está por encima de la lógica presupuestal individual o familiar, para atender plenitudes de la satisfacción, preocupaciones, estados de ánimo y comportamientos sociales, frente a las crisis o emergencias; entre otras dimensiones.
La OECD (2013) anota, en su publicación Guidelines on Measuring Subjective Well- being, que el bienestar subjetivo, recoge tres dimensiones, planteadas por diversos autores, saber: la evaluativa, la afectación y la Eudaimonia.
Actualmente, el bienestar subjetivo de las personas se mide a partir de las dos primeras dimensiones. La dimensión principal y más estudiada es la estructural o de evaluación de la vida, ya que hace referencia al aspecto racional o intelectual del bienestar. De hecho, esta dimensión, busca obtener juicios evaluativos sobre la vida de los individuos o aspectos específicos del ciclo vital. En otras palabras, pretende medir la satisfacción en general y no de estados emocionales.
La segunda dimensión, la afectación, mide lo emocional y relacional, los códigos sentimentales y los estados mentales como sentimentales. Ambas dimensiones se miden en una temporalidad racional y específica, de conformidad con lo que se desea analizar y estudiar frente a fenómenos especificos en sociedad y en el territorio.
Diferentes autores, Easterlin (1974), Deaton (2008), Helliwell, Layard & Sachs (2012), han cuantificado el comportamiento a lo largo de distintos grupos poblacionales, de las medidas evaluativas y de afectación que reportan las personas, así como sus correlaciones y determinantes4. En ese sentido este enfoque es relevante, en términos de correlacionar el crecimiento económico y productivo sectorial, frente a la evolución del comportamiento humano y su contexto en el marco del diseño de políticas públicas, que aborden dichas dimensiones por parte de los gobiernos.
Easterlin (2006) destaca el interés particular que le otorga la psicología a las características individuales. No son las circunstancias las que determinan la felicidad de las personas o la satisfacción con la vida; son las características personales (la influencia genética o los rasgos de personalidad, por ejemplo) las que terminan influyendo sobre el bienestar subjetivo de éstas. “En este enfoque individual, la felicidad tiende a un nivel estable determinado por la personalidad y los rasgos genéticos. Algunos eventos en la vida como el matrimonio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, hacen que momentáneamente las personas tengan niveles por encima o por debajo de su nivel habitual, pero rápidamente se adaptan y regresan a su punto de ajuste” (Easterlin (2006), pág. 466)5. Este autor define que las condiciones de vida y las circunstancias que se le dan al individuo en su comportamiento cotidiano y frente a sus metas, determinan elementos constitutivos del bienestar subjetivo. De hecho, no hay una regular correlación entre el aumento de los ingresos y la felicidad. La paradoja de Easterlin se cumple cabalmente en observar con evidencias en los países de estudio en 2010, que no necesariamente tener mayores ingresos es conducente a la satisfacción plena de las necesidades y alcanzar felicidad o la eudaimonia.
De otro lado autores como Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz y Stone (2004), estudian la importancia de la afectación o el balance afectivo en el comportamiento del individuo frente al impacto socioeconómico. El balance resulta de evaluar o medir la dimensión afectiva-emocional, y se define como la resta entre el promedio de sentimientos positivos con el promedio de los sentimientos negativos. Esta medida se utiliza en varios análisis debido a que permite tener una sola medición de afectación, tiene mayor simplicidad en su interpretación y elimina sesgos culturales.
2. Los indicadores sobre Bienestar Subjetivo. DANE, octubre de 2020.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia-DANE, viene realizando periódicamente encuestas para medir el bienestar subjetivo y fundamentalmente los indicadores de percepción y comportamiento emocional de la población durante la pandemia. Como lo han denominado “tomarle el pulso” a la sociedad colombiana frente a la dinámica económica y la crisis; se ha realizado un seguimiento fundamental con este procedimiento.
En ese sentido, se estudia cómo se siente el colombiano en los estados de evaluación y afectación, tal como se explicó anteriormente, y de allí definir la situación de felicidad o preocupación, parcialmente en Colombia mes a mes.
En la metodología el DANE, aplica una encuesta denominada “Encuesta de Pulso Social – EPS”, que indaga sobre variables o dimensiones relacionadas con:
Confianza del consumidor.
Bienestar subjetivo.
Redes de apoyo de los hogares
Bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes.
Conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.
Anota el DANE que esta información es estratégica, en especial en medio de la salida de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional e implementadas por los gobiernos locales, así como en el marco de una eventual revitalización económica y social.
En virtud de ello, presentaremos en este artículo algunas de las variables estudiadas por la entidad y se explicarán correlaciones y elementos valorativos dados por las percepciones de la población y se asocien a los conceptos explicados en el capítulo 1.
La percepción de la población en todas las regiones conforme al estado de su salud y el nivel educativo; es satisfactorio. Se ubican las opiniones en las categorías bueno, regular y muy bueno. Es destacable que no existen preocupaciones frente a esta variable, especialmente el 64.13% de los técnicos consultados y el 58,67% de los profesionales. Es decir, el 57.19% de la población estima tener buen estado de salud a pesar de la emergencia y la arremetida de la infección en todos entes territoriales en el país. De igual forma un 15.2% de los encuestados indican tener muy buen estado de salud, para un total de 72.39% de la población en las dos categorías. Ver Gráfica No 1.
Frente al contagio y la velocidad de infección, la población manifiesta preocupaciones relevantes, apenas normal en situaciones críticas como esta. El 34.19% y el 29,1% de los encuestados se ubican en las categorías muy preocupado y un poco preocupado. De la misma forma el 22.23% indica estar algo preocupado. Situación que implica un deterioro del ambiente colectivo del ciudadano, asociados a la tranquilidad personal y la pérdida de confianza sobre las políticas de salud pública en el país y las regiones.
Si analizamos frente al mes de agosto de 2020, es notoria la recuperación de confianza entre meses, véase que las opiniones en las categorías, muy ocupado se ubicó en ese mes, en el 39.7% (lo que indica una disminución en septiembre) y un poco ocupado en 27.8% (lo que indica una leve subida en septiembre, teniendo en cuenta que quienes estaban muy preocupados tomaron confianza frente a las medidas sanitarias y el autocuidado; y pasaron a las categorías un poco preocupado y algo preocupado). Finalmente, las mujeres presentan los más altos indicadores de preocupación frente al contagio y sus implicaciones para los dos meses enunciados. Ver Gráfica No 2.
Ahora bien, si analizamos esta variable por ciudades, podemos evidenciar que los indicadores de mayor preocupación se ubican en Neiva (59.8%), Riohacha (55.3%), Montería 54.4%), Cúcuta (53.6%), Pasto (53.5%), Popayán (53.5%) y Pereira (49.1%). Las ciudades y la población más tranquila y nada preocupadas en la opinión y que presentan este indicador con mayor estadística en su percepción, son:
Sincelejo (18.3%), Quibdó (14.9%), Cartagena (13%) y Armenia (13%). Ver Gráfica No 3.
Ahora bien, consultados los encuestados frente a la aplicación de la vacuna una vez esté autorizada, el 62.52% está de acuerdo y el 32.45% no está de acuerdo, aún. Los hombres superan a las mujeres en la aceptación en un 66.52%. Las cifras disminuyeron frente al mes de agosto, lo cual indica la pérdida de confianza por un lado y seguramente frente a la creencia del aumento de la inmunidad de rebaño o colectiva en las comunidades.
De la misma manera y en plena situación crítica y ad portas de posibles rebrotes, como los sucedidos en Europa, Asia y EEUU; se evidencia el afán de la población por la cura urgente. Ello indica el estado de zozobra y una luz de esperanza a su vez, que afecta el comportamiento o las conductas de la población en su estado psicológico por causa de esta razón. Es decir, un balance inicial de afectación intervenido por la necesidad de sobreponerse a la crisis o por el miedo a morir. Ver Gráfica No 4.
Como puede verse, aún existe un porcentaje moderado de personas que no están dispuestos a aplicarse la vacuna para su bienestar, veámoslo por ciudades para esta ocasión:
Ciudades como Riohacha (80.7%), Santa Marta (80.7%), Quibdó (79.8%), Tunja (75.9%) y Pasto (75.3%), presentan los indicadores más altos en el optimismo por la aplicación de la vacuna; en contraste Cali (48.9%), Bucaramanga (37.9%), Pereira (37.9%) y Sincelejo (37.4%); presentan los indicadores más altos de abstención y/o negatividad a la aplicación de la vacuna para su bienestar. Ver Gráfica No 5.
De la misma forma, según el grado de pobreza monetaria desde 2019, el 34% (no pobres) de los encuestados manifiestan estar algo favorecidas por parte del gobierno frente a las medidas económicas, sociales y ecológicas definidas, e igualmente el 28.2% (pobres) que fueron consultados. Entre tanto, el 36.5% (pobres) manifiestan estar poco favorecidas e igualmente el 28.4% (no pobre). De la misma forma el 28% (pobre) y el 23% (no pobre); manifiestan pertenecer al grupo nada favorecidas. Como puede evidenciarse, la alta incertidumbre entre pobres y no pobres frente a estar o no favorecidos en el medio de la crisis; es creciente y sostenida en la población. En ese sentido, se siente un abandono frente a la percepción de la gente en el recibo de ayudas y ante la posible situación de salir avante en esta crisis. Ver Gráfica No 6.
Las ciudades con mayor número de personas que no realizan tareas laborales o no tienen empleo son: Cúcuta, con el 43.9% (hombres) y el 67.6% (mujeres); Sincelejo con el 44.7% (hombres) y el 66.4% (mujeres); Montería, con el 42.7% (hombres) y el 66% (mujeres); Cartagena, con el 49.1% (hombres) y 64% (mujeres) e Ibagué, con el 42.7% (hombres) y el 61.7% (mujeres). Las de menores indicadores fueron: Bogotá D.C, con el 28.3% (hombres) y el 32.3% (mujeres); igualmente Pasto con el 24.4% (hombres) y el 37.7% (mujeres). Ver Gráfica No 7.
Ello explica la crisis sustancial de la población en su bienestar subjetivo, en términos de esta variable; lo cual profundiza la inestabilidad en la conducta en los consultados.
Finalmente, en el estudio realizado por el DNP, anteriormente citado, corrobora que desde 2018 se tiene un nivel de satisfacción de la población decreciente, afectados por diversas variables como las anotadas en el primer capitulo.
Anotan los autores, “La edad presenta una relación convexa con la satisfacción en la vida, hecho que se ha demostrado a nivel internacional; para el caso colombiano existe un punto de inflexión cercano a los 50 años donde la satisfacción que empieza disminuyendo y comienza a subir nuevamente (Gráfico 8).
Es decir, ciudades como Barranquilla y las del Valle de Aburrá, experimentan después de los 50 años de edad de su población crecimientos significativos en los niveles de felicidad y satisfacción plena más allá del ingreso per cápita.
Es notorio que antes y durante la crisis, teniendo en cuenta la recesión económica, el progresivo deterioro del bienestar subjetivo, sin analizar otras variables como el estado civil, el matrimonio, las discapacidades, las aspiraciones salariales, el esparcimiento, el sueño y la edad biológica. Este enfoque es urgente de interpretar a la luz de nuevas políticas diferenciales de orden regional, con el fin de intervenir estados mentales y conductas agresivas, más aun, después de un confinamiento estricto y aislamientos diferenciales como los implementados en Colombia.
Las reflexiones del 2o Coloquio Regional de ODS y Limitaciones del Desarrollo.
El planeta está en riesgo!. El moderado crecimiento frente a los anteriores Objetivos del Milenio-ODM en 2015, profundizó las brechas de desarrollo regional y definió los nuevos escenarios para atender en los próximos años. Si bien se avanzó en los ocho (8) objetivos en ese entonces, se ha concentrado en la estrategia de completar las metas no alcanzadas durante los 10 años de implementación de los mismos.
Frente a lo anterior y posteriormente, en 2015, se establecieron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, y a su vez se definió la Agenda 2030 al terminar el período de cumplimiento de los ODM, el 25 de septiembre del año citado. En ese sentido, la Asamblea General de la ONU estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático y en ese mismo escenario, los 193 Estados miembros se comprometieron a adoptar tanto los ODS como la agenda señaladaen el marco común deun programa impulsado por la ONU.
En esa dirección, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, a través de su Decanatura, dirigida por el profesor Giovanni Argel llevaron a cabo el 2o Coloquio Regional: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Distorsiones territoriales y Limitaciones del Desarrollo. Este evento contó con la participación de 4 conferencistas nacionales y en su contenido se estudió la dinámica socioeconómica y territorial en América Latina y el Caribe, las realidades geográficas y espaciales a la luz de los ODS, la problemática ambiental y sociojurídica de un estudio caso en Colombia, como es la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y el papel de las ciencias sociales, en el marco de los ODS, y la resolución de los obstáculos centrales del desarrollo en la región.
Conclusiones, como la baja destrucción de la pobreza y la miseria que asciende a 736 millones de personas en el mundo a 2019 y el 35.7% de la población en Colombia, es decir, 15.7 millones de habitantes que se ubican en pobreza monetaria a septiembre de 2020. El crecimiento del hambre, la baja intervención sobre la desigualdad y la inequidad como la progresiva problemática en términos del cambio climático en el mundo y la explotación indiscriminada de los recursos naturales como el débil tránsito hacia la Bioeconomía, las Economías Azules y el Biocomercio integral fueron elementos de tratamiento en las diferentes temáticas.
Igualmente el deterioro de los procesos de innovación tecnológica e industrialización, competitividad territorial y desarrollo sostenible marítimo y establecimiento de agendas para el desarrollo a futuro; fueron, entre otros aspectos globales; vectores claves y argumentativos definidos en el debate y exposición de planteamientos entregados en el marco del Coloquio.
¿Quiénes están detrás de la locomotora jurídica que quiere sacar a Benítez de la Gobernación?, a mí no me cabe la menor duda que en esa tarea andan quienes se han robado a Córdoba, los mismos que se enriquecieron con la educación contratada (esa que no va más en el actual gobierno departamental), y que en el pasado convivieron con los carteles de la salud.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, conoce el horror y el dolor que produce la violencia. En abril del año 2005 sufrió las consecuencias de un conflicto sórdido cuando tuvo que soportar el asesinato de su padre Orlando Benítez Palencia. Desde entonces, y con una resiliencia extraordinaria, inició una ascendente carrera política que lo llevó a la Asamblea de Córdoba, desde donde empezó a señalar el camino para la transformación del departamento.
En esa tarea de sanar las heridas, ganó las elecciones a la Gobernación de Córdoba con un discurso de paz y reconciliación. En su campaña estuvieron además de grupos políticos, organizaciones ciudadanas, campesinos, comunales, comunidades indígenas, afros y víctimas de la violencia, entre otros.
Aún no había llegado el día de las elecciones cuando Benítez Mora empezó a sentir un nuevo tipo de violencia; la jurídica. Del lado opuesto a las políticas sociales que Benítez Mora exponía en sus discursos de campaña, enfilaron las baterías jurídicas para tratar de frenar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral, bajo el entendido que sería imposible derrotarlo en las urnas.
En aquella oportunidad, el señor Jairo José Medina, solicitó la revocatoria de la inscripción del candidato Orlando Benítez, porque le atribuía inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa del departamento, debido a que su hermano, Juan Carlos Benítez Mora ejercía como funcionario público en el cargo de subdirector de Planeación Ambiental en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS.
En el proceso que se tramitó en el CNE se lee, “En el caso particular del subdirector de Planeación Ambiental de la CVS, esta Sala no advierte funciones que supongan el ejercicio de autoridad administrativa, a pesar del nivel directivo del cargo. En efecto, de sus funciones se observa que no es el nominador directo de sus subalternos, ni es su autoridad disciplinaria, sin perjuicio, claro está, del control del cumplimiento de sus funciones como jefe inmediato”.
El 22 de octubre del 2019, el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución número 6385 de 2019, “Por la cual se NIEGA la revocatoria de inscripción del candidato Orlando David Benítez Mora, a la Gobernación de Córdoba, por el partido Liberal”.
A pesar de esa jurisprudencia la andanada jurídica en su contra se trasladó al Tribunal Administrativo de Córdoba, porque el propósito de apagar la revolución social de su proyecto político se mantuvo incólume. El 2 de septiembre de 2019, pocos días después del arrollador triunfo de Benítez en las urnas, los perdedores tocaron la puerta del Tribunal Administrativo de Córdoba, y presentaron una demanda de pérdida de investidura contra Orlando Benítez Mora, en su calidad de diputado del departamento.
La demanda relacionó de nuevo una presunta inhabilidad de Orlando Benítez, porque su hermano, Juan Carlos Benítez (pariente en segundo grado de consanguineidad), se desempeñaba entonces como Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS.
El 12 de diciembre del 2019, el citado Tribunal denegó la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Edwin Antonio González Calle. A pocos días de terminar su periodo, la Procuraduría de Fernando Carrillo, radicó en el Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad electoral, un concepto que pide la nulidad de la elección de Orlando Benítez como Gobernador de Córdoba, por la presunta inhabilidad que ya fue abordada por otras instancias.
Tras conocer el referido concepto, el gobernador señaló en su cuenta de twitter, “Toda mi vida he actuado con respeto y apego a la ley. Mis actuaciones como dirigente político siempre han sido transparentes y de cara a la opinión pública. Los asuntos jurídico-legales, los dejo en manos del equipo asesor en quienes deposito mi confianza y la confianza del pueblo que representamos. Sigo enfocado en gobernar a Córdoba de forma transparente, decente, incluyente, y justa; trabajando sin distracciones, de la mano de Dios y por el pueblo, generando oportunidades, bienestar y seguridad para el departamento”.
¿Quiénes están detrás de la locomotora jurídica que quiere sacar a Benítez de la Gobernación?, a mí no me cabe la menor duda que en esa tarea andan quienes se han robado a Córdoba, los mismos que se enriquecieron con la educación contratada (esa que no va más en el actual gobierno departamental), y que convivieron con los carteles de la salud.
Educación superior para los pobres.
¿Por qué salió la gente a la calle a defender el mandato de Orlando Benítez? Hay varios motivos, pero solo me voy a referir a uno que creo, constituye el meridiano de su gestión social, y es la cuota inicial de algo que Benítez llama “comenzar a pagar la deuda social”.
El Fondo de Educación Superior para el Pueblo, FESPU, es una política pública que este gobierno instaló en el departamento a través de una Ordenanza, que destina una renta específica para financiar matriculas nuevas a estudiantes de Córdoba. Son alrededor de unos 4 mil millones de pesos que salen de los impuestos. Este año se publica la convocatoria para que en el primer semestre del año entrante 2 mil bachilleres humildes ingresen a la educación superior.
Son dos mil jóvenes que quedarán blindados contra las garras de los grupos ilegales, y que gracias al proyecto del gobernador Orlando Benítez, tendrán la oportunidad de terminar una carrera profesional, ascender en el mundo laboral, y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La Secretaría de Infraestructura, con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Montería, visitaron la vereda Maracayo, perteneciente al corregimiento Tres Piedras y escucharon las necesidades de esta comunidad en materia de servicios públicos y vías. Además de que socializaron el Pacto por la Ruralidad y los proyectos productivos que pueden aprovecharse en esta comunidad.
Según explicó Germán Enrique Quintero Mendoza, secretarío de Infraestructura la prioridad de los habitantes de la zona es la intervención en placa huella de la vía de acceso a la vereda.
«Son alrededor de 3.5 kilómetros que tenemos identificados y empezaremos a trabajar en los estudios y diseños para poder hacer esta importante obra», dijo el funcionario.
Agrego que: «también estuvimos escuchando sus necesidades en temas de agua potable, electrificación y servicio de recolección de basuras».
Durante la visita se revisó el potencial turístico que hay en esta zona con la ciénaga de Betancí, donde los pescadores informan que la ciénaga ha ido perdiendo su gran potencial de pesca.
Para atender esta situación, se buscará un convenio interadministrativo con el Sena, que tiene un laboratorio de reproducción de alevinos para hacer hacer un repoblamiento de peces.
El edil Cayetano Restán Marzola, dijo que la visita fue muy buena, «la comunidad le expuso las necesidades más prioritarias que tenemos, que es la vía y el agua potable».
Estela Delgado, habitante de Maracayo, aseguró que se plantearon muchas cosas necesarias para comunidad, «sobre todo lo de la placa huella que es algo que necesitamos (…) nos beneficiamos todos, los estudiantes y madres de familia que también necesitamos a veces trasladarnos hacia la ciudad», expresó
Desde el Gobierno de la Gente seguimos socializando y materializando el Pacto por la Ruralidad que trazamos en el Plan de Desarrollo, Gobierno de la Gente 2020-2023, que buscar saldar la deuda social y cerrar brechas entre lo urbano y lo rural, llevando desarrollo y oportunidades.
En aras de supervisar que la obra en construcción del nuevo hospital que se construye en el municipio de Cienaga de Oro, Córdoba se entregue a satisfacción el goberandor de este departamento Orlando Benítez Mora junto a la Alcaldesa de esta localidad, Ana Luz Bedoya Usta realizaron un recorrido por las instalaciones de esta nueva planta hospitalaria.
La obra que ya avanza en casi un 100% de su ejecución se espera ser prontamente entregada a la comunidad orense, entre tanto el gobernador indicó que » Nos encontramos verificando las obras que se vienen adelantando del nuevo hospital en Cienaga de Oro, una obra significativa y de gran relevancia que en estos momentos nos urge tenerla lista con la mayor celeridad, y verificando que se requiere en cuanto a la dotación para hacer un esfuerzo por parte de la Gobernación»
El mandatario indicó que se espera que en los próximos días la obra pueda estar al servicio del municipio y sus alrededores en estos tiempos de emergencia sanitaria y así afrontar la contingencia del Covid-19.
Por su parte la alcaldesa de este municipio manifestó que » El objetivo primordial es que este centro hospitalario empiece a funcionar lo más pronto posible puesto que nos encontramos en esta co contingencia de impedir que el covid-19 entre al municipio de Cienaga de oro.
