Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Hay dos maneras de mirar los últimos cuatro años. Una, a partir de los hechos, con las cifras en la mano, sin apasionamientos que entorpecen la visión; esta es la visión de la historia. La otra manera es al fragor de los afanes políticos, llena de editoriales y vista a través de los intereses para interpretar una versión de los hechos, y hacer quedar bien, o mal, a los personajes que protagonizaron la historia o qué, debiéndola protagonizar, no dieron la talla y fueron meros espectadores.

Las comunidades tienen derecho a ver cómo se hacen realidad sus sueños, cómo llega el progreso a sus regiones y cómo mejoran sus condiciones de vida.

El Gobierno del Presidente Iván Duque está ad portas de cumplir su periodo. Durante su mandato, ha tenido que afrontar grandes retos y, mirando la historia, son cuatro años en los que ha logrado realizar inversiones para el desarrollo de todas las regiones del país. En Córdoba, en particular, se han destinado $9,74 billones para obras tales como la vía Santa Lucía – Moñitos, el Pacto del Golfo de Morrosquillo, 67 proyectos para el mejoramiento de 116 km de vías terciarias, la siembra de 1.912.000 árboles y se alcanzó la reparación colectiva de 108 víctimas.

A lo anterior se suma el apoyo al emprendimiento y a los jóvenes, con programas como Jóvenes en Acción que ha beneficiado a 23.510 cordobeses, con una inversión de $74.594 millones; el programa Matrícula Cero, con el que se ha apoyado a 25.900 estudiantes. Mención especial merece la inversión social de $1,58 billones, con la que se han visto favorecidos 626.740 cordobeses con los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor.

El Presidente Duque le ha cumplido al Caribe, región en la que se ha invertido la suma de $87,6 billones en obras de todo tipo. Las comunidades beneficiadas así lo reconocen y son las verdaderas validadoras del trabajo de un Gobierno Nacional comprometido.

Es histórico para el país haber logrado llevar a más de 80.000 familias el servicio de energía eléctrica por primera vez, así como haber llevado el agua potable a 2,5 millones de personas; la construcción de la granja solar La Loma con 400.000 paneles solares, con una inversión de 126 millones de dólares; la finalización de 20 vías 4G con una inversión ejecutada de $33 billones, y la creación del Ministerio del Deporte con una inversión de $1,56 billones, con el que se le ha dado gran impulso a nuestros deportistas.

La historia dirá que el Gobierno del Presidente Duque fue un gobierno en el que los ciudadanos tuvieron oportunidades para la reactivación de la economía de manera segura y sostenible. Tras la pandemia del Covid-19, se hicieron inversiones sociales del DPS superiores a los $32 billones a lo largo del país y se invirtió el 1,5% del PIB en la investigación científica, entre muchas más inversiones que han llevado el progreso a cada rincón del territorio nacional.

Las vanidades políticas, de ninguna manera deben anteponerse a la felicidad y bienestar de la ciudadanía. Por ello, hay que reconocer que este Gobierno ha tenido el talante, la sinergia y la resiliencia para cumplir con hechos lo prometido a los ciudadanos. Sin duda, este es un gobierno que construye país.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Hoy la humanidad conmemora una de las fechas más importantes de su calendario: el Día Mundial del Medio Ambiente. Y no es casualidad que Montería celebre a la vez el Día del Río Sinú, considerado su más importante patrimonio, no solo ambiental, sino también económico, social y cultural.

Cuántas historias, cuántos mitos, leyendas, canciones, pinturas y poemas, habrá inspirado desde los tiempos de los ancestros hasta nuestros días este majestuoso cuerpo de agua que tan generosamente nos ha regalado uno de los valles más fértiles del planeta y que sigue bañando la tierra bajo nuestros pies, calmando la sed de todos y aliviándonos del intenso calor de una región que sin él, seguramente sería el más estéril de los desiertos.

No solo Montería sino gran parte de Córdoba, incluyendo municipios, corregimientos y veredas, desde su nacimiento en el Nudo del Paramillo hasta su delta en San Bernardo el Viento donde se encuentra con el mar Caribe, reciben desde tiempos inmemoriales las bendiciones del río, que muy a pesar de la actividad humana adversa a todo el sistema de acuíferos compuesto por ciénagas, arroyos y humedales dispuestos por la naturaleza para funcionar en armonía con el Sinú, se ha mantenido firme en su recorrido.

Sin embargo, desde hace décadas el abuso al que han sido sometidos los cuerpos de agua, le han pasado factura a muchas comunidades campesinas y rurales, que en poco más de 50 años, han atestiguado la desaparición de ciénagas enteras, o en el mejor de las casos su drástica reducción.

Construcción indiscriminada de terraplenes para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, construcción de carreteras atravesando los lechos de las ciénagas, contramedidas insuficientes para garantizar el flujo e intercambio natural de las aguas, han ocasionado, según varios estudios, la desaparición de más de 70 mil hectáreas de humedales.

Todo ante la mirada incrédula de miles de pobladores, cuya forma de vida dependía casi exclusivamente de las riquezas que proporcionaban las ciénagas, y que en un avance letárgico ante la mirada indiferente o quizá ignorante de las autoridades, pasaron irremediablemente a engrosar los cordones de miseria en el departamento.

Citando al historiador e investigador cordobés Víctor Negrete, solo por hablar de algunos oficios ancestrales que a consecuencia se han extinguido o reducido a su mínima expresión y según la terminología autóctona de nuestra zona rural, ya poco logramos ver mangleros, cangrejeros, baharequeros, chuceadores, alfareros, arponeadores, pescadores, matadores de culebras, hacedores de canoa, balseros, campamenteros, cantores de grito de monte, vaquerías, coplas y decimeros.
Los manatí hoy son casi una leyenda, los morrocoy solo se ven en los patios y el bocachico existe de milagro, todo gracias a que el Sinú, aunque golpeado, sobre explotado y contaminado, no ha podido ser domado y sigue siendo el santuario, incluso de aquellos que lo han ignorado.

Aunque no todo está perdido y aún hay comunidades que luchan, necesitamos una dirigencia dispuesta a dar la cara. Por ello nos llena de motivación la reciente investigación presentada por la Defensoría del Pueblo que en un llamado de alerta nos conmina a todos: autoridades, ciudadanía y entidades competentes a recuperar y proteger por siempre al Sinú.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde el origen de Montería, las riberas del río Sinú han sido protagonistas de la actividad económica, social y cultural. Lo que ha sido determinante para el desarrollo y la generación de oportunidades para monterianos y cordobeses.

La Avenida Primera, conocida anteriormente como la Avenida 20 de Julio, no solo es una zona comercial de gran importancia para la ciudad, sino también un referente cultural y un lugar de esparcimiento familiar.

La Ronda del Sinú, pulmón que nos regaló la naturaleza en medio de la ciudad, partió en dos la historia de Montería. La visión del exalcalde Luis Jiménez Espitia de construir un parque lineal a lo largo de la Avenida Primera, sin duda alguna, inició el proceso de volverle a dar la importancia que merecía el río y sus riquezas naturales.

En 2022 se cumplen 20 años de la creación de este espacio biodiverso, que le ha cambiado la cara a Montería. Parque que hoy en día es uno de los atractivos turísticos más representativos de Colombia y Latinoamérica.

La Ronda ha sido determinante en la generación de conciencia de los monterianos con relación a la conservación ambiental del río y las especies de fauna y flora que allí se encuentran. Es un espacio de suma importancia para la lucha contra el cambio climático por su arborización, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de gases.

Desde nuestro Gobierno sabemos el éxito que representó haber logrado planear e integrar el desarrollo urbanístico de la ciudad con el componente medio ambiental. La gente también lo sabe y ha sido validadora de ello. En atención a ese modelo y a la solicitud de la comunidad, a través de la votación en el gran programa de integración y empatía con los ciudadanos “La Gente Decide”, hemos puesto en marcha la construcción de la Ronda en la margen izquierda.

Las comunas 1 y 2 merecían contar con este espacio, que además de embellecer la zona, contribuirá a la integración de las riberas del río, al impulso de la microeconomía de los barrios aledaños y al bienestar y calidad de vida de los habitantes del occidente. Le estamos apostando a un desarrollo integral de la margen izquierda y la Ronda es una de esas piedras angulares que estamos colocando para fortalecer el tejido social, turístico y cultural de este sector de la ciudad.

Este es un sueño que se hace realidad, gracias a la consolidación de esfuerzos de nuestro equipo de trabajo, junto con el Gobierno Nacional, los concejales de la ciudad y la comunidad. La gente decidió apostarle a esta obra y hoy me satisface cumplir ese mandato de seguir ampliando la Ronda a lo largo y ancho del río Sinú, dándole la oportunidad a los monterianos y a los visitantes de disfrutar un espacio amigable y sostenible.

Trabajamos minuto a minuto en la construcción de una Montería Grande e incluyente y la Ronda de la margen izquierda contribuye a ese objetivo. Esta es una muestra más de la dedicación y esfuerzo que hemos tenido desde el Gobierno de la Gente en el proceso de consolidación de Montería como la primera Biodiverciudad del país.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Varias regiones del país están sintiendo el impacto negativo de las fuertes lluvias. Según los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre marzo y lo que va del mes de mayo, 324 municipios han registrado algún evento relacionado con inundaciones. Son emergencias que han afectado a 20.390 familias.

Como se sabe, la atención de este tipo de situaciones está definida en la Ley 1523 de 2012, en la que se adoptó la política nacional de gestión del riesgo y prevención de desastres. Han pasado 10 años desde la promulgación de esta Ley y la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a 2030, por parte del Gobierno Nacional, llega en un momento oportuno, ya que se abre el camino para que en los próximos años exista una planificación sectorial y territorial robusta, programática y sostenible.

Este plan es de suma importancia, porque se establece la forma en la que se deben activar los protocolos y la asignación de presupuestos para lograr una mayor resiliencia, con el fin de contribuir a la seguridad de las comunidades y el mejoramiento de su calidad de vida.

Los retos son grandes, más cuando se trata de la planificación, organización, ejecución y evaluación de acciones de gestión de riesgos de desastres, adaptadas al manejo del cambio climático. Es indispensable la articulación de un plan educativo, social y económico para disminuir las situaciones de riesgo previsibles y estar preparados ante eventualidades naturales. Todo alineado con los Planes de Ordenamiento Territorial.

Es indispensable para el óptimo funcionamiento de este modelo que las entidades que hacen parte de los comités de prevención de desastres no solo sean actores convocados para una reunión de aprobación, se necesita un mayor compromiso de todas las partes para la reacción inmediata y la ejecución de las acciones de mitigación en campo.

Entre todos los estamentos estatales que hacen parte del manejo del riesgo, se está en la obligación de planificar y articular acciones de los eventos previsibles, con el objetivo de minimizar lo más posible la incidencia del riesgo. Pero ello no tiene que parar allí, también es de vital importancia hacer un seguimiento constante para reaccionar ante la inclemencia de los desastres naturales, que son imprevisibles.

Además del aporte de recursos que hacen las entidades territoriales, es de todos el manejo humanitario y social a este tipo de problemáticas, para así lograr frenar las afectaciones y construir una solución social integral que mejore la calidad de vida de las comunidades afectadas. Estas últimas también tienen el compromiso de cuidar los entornos que los rodean para hacer un buen uso de los recursos naturales y disminuir la contaminación.

El éxito de esta política dependerá de que logremos fortalecer aún más la articulación de lo planificado con la atención inmediata de las calamidades, porque a fin de cuentas lo más importante es salvaguardar la vida de quienes están expuestos a los impactos negativos de la naturaleza.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Colombia necesita un cambio, sí, es innegable y es el sentir de la inmensa mayoría de los colombianos, y me incluyo. A ocho días de la primera vuelta presidencial, el país está polarizado, en busca de alternativas que le permitan encontrar ese cambio tan anhelado.

Independientemente de ideologías y colores políticos, el gran reto que tenemos como país, más allá de implementar programas sociales y resolver los problemas macroeconómicos, es entender y sintonizar las necesidades reales que cada región de Colombia afronta, conectando con lo que cada colombiano necesita para mejorar su calidad de vida y con el sueño de construir un país que ofrezca más oportunidades para todos.

Conocí a Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara, siendo alcaldes de nuestras respectivas ciudades durante el periodo 2016-2019. Juntos hicimos parte de Asocapitales y compartimos muchos escenarios representando a nuestras ciudades. Conozco de sus calidades profesionales, pero sobre todo, de sus cualidades humanas y esa es la esencia de un buen gobernante: ser buena persona y puedo dar fe que ambos, ¡sí que lo son!

Fico y Rodrigo entienden al ciudadano, porque han sido gobernantes de calle y cercanos a las comunidades, dispuestos a escuchar y a tener en cuenta los anhelos de todos en el proceso de construcción y consolidación de un territorio. ¡Ese es el verdadero cambio que necesitamos!

Soy un convencido que Colombia es un país de regiones, y su gran reto es conectarse con ellas, pero no menos importante es la corresponsabilidad entre los ciudadanos y la ciudadanía. Necesitamos un país que no solo genere derechos sino que también promueva deberes. Sería un error elegir un gobierno asistencialista, que solo se dedique a subsidiar para emperezar a una sociedad; el cambio está en impulsar el desarrollo económico a partir del emprendimiento, la creatividad, la innovación y el talento, para generar trabajo, bienestar y prosperidad.

Lo que está en juego en esta histórica coyuntura electoral, es la concepción ideológica de dos modelos de país totalmente distintos: por un lado, uno que promueve las libertades, la democracia, la defensa de las instituciones, la libre economía de mercado y la defensa de la propiedad privada, entre otros temas y por otro lado, un modelo basado en ideas que son un salto al vacío y nos conducirían al riesgo de imitar modelos ya fracasados como los de Venezuela, Nicaragua, Argentina y Perú.

La cuestión no es hablar mal de Petro o hablar bien de Fico, pero cómo podríamos confiar nuestro país a una persona que profesa un discurso de odio, resentimiento y división, si lo que nos urge es el amor, la empatía y la unidad. Cómo podríamos confiar nuestro país a un gobernante que no tiene a Dios en su corazón, si la fe es el cimiento sobre el que construimos la esperanza en un futuro mejor.

Defender un país no es responsabilidad exclusiva de los políticos, por eso, invito a todos los colombianos a que el próximo domingo salgamos a las urnas a cerrar filas para defender no un nombre o un partido, sino el futuro de toda una nación.

Definitivamente la lucha de los habitantes de Loma Grande por tener un ambiente sano se está convirtiendo en un anhelo efímero. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Hecha la ley, hecha la trampa. En el colegio conocí a un estudiante que acusaba al profesor con el papá cuando presentaba un examen y sabía que el resultado sería negativo. Antes de recibir la evaluación se adelantaba y le decía a su progenitor que el profe de tal materia se la tenía montada, y lograba con esa jugada maquiavélica ocultar su mediocre preparación. Pero la astucia no le alcanzaba para disfrazar todas sus deleznables acciones, y al final recibía el castigo del papá y el repudio de sus compañeros.

Los habitantes de la vereda Loma Grande en Montería llevan años soportando afectaciones al ambiente, con graves consecuencias para su salud, debido, según ellos, a la mala operación del relleno sanitario que funciona en su territorio. A pesar de estar privados del derecho fundamental a un ambiente sano, las actuaciones de las autoridades para remediar esta situación se podría decir que han sido anecdóticas.

La vigilancia de la operación del relleno primero estuvo a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y desde su centro de operación en Bogotá, poco o nada se ha hecho para atender y resolver los reclamos de los lugareños de la vereda, donde además de campesinos, y gente humilde, está ubicado un cabildo indígena.

El Consejo de Estado le devolvió a la Corporación Autónoma de los valles del Sinú y San Jorge CVS, la competencia para la vigilancia de relleno, y con ello la CAR se convirtió en el faro que comenzó a alumbrar el oscuro panorama ambiental en su entorno.

Precisamente la CAR señaló que en la vereda hay presencia de lixiviados, y aquí es oportuno recordar que todas las pruebas de campo que en materia de calidad de agua realiza la CVS se practican con el laboratorio de aguas de la Universidad de Córdoba, único certificado por el IDEAM en el departamento. Son estos resultados de laboratorio los que indican si es un lixiviado o no, de manera que no es un tema subjetivo, sino técnico mediante pruebas de laboratorios.

El próximo paso de la CAR es informarles a los ciudadanos quien es el responsable de esos lixiviados, si es URBASER, operador del relleno actual o el municipio de Montería, encargado del antiguo botadero de basuras.

Desde el pasado 8 de abril la CVS le adelantó cargos tanto al Municipio como a URBASER, y en estos momentos están en la etapa de descargos. Algo seguro es que la CAR tiene los estudios suficientes y el acervo probatorio para de fondo saber quién está generado esos lixiviados.  Sin embargo, recordando al alumno que acusaba al profesor cuando sabía que iba a perder el examen, URBASER recusó al director y subdirector de Gestión Ambiental de la CAR, y con ello logró meter en el congelador las acciones administrativas que venía adelantando la CVS. Eso huele a basura.

URBASER está montado en un tinglado jurídico para derribar todas las acciones que se adelanten contra la operación del relleno. Esa actitud soterrada del concesionario de las basuras de Montería indignó a la comunidad de la vereda Loma Grande, quienes decidieron pedirle al Defensor del Pueblo en Córdoba, Ricardo Madera, acompañamiento permanente y directo para hacerle seguimiento a las medidas adoptadas por el Tribunal Administrativo de Córdoba, porque temen que se sigan utilizando artimañas para no dar cumplimiento a la ordenado por dicha Tribunal  (reducir en 40% el ingreso diario de desechos al relleno y “ordenar al municipio de Montería y a URBASER actividades tendientes a suspender el vertimiento de aguas negras (presuntamente lixiviados), con destino al caño El Purgatorio”.

Después que Montería estuvo al borde de una crisis sanitaria por cuenta de un bloqueó a la entrada al relleno, lo cual evitó durante 4 días el acceso al mismo de los carros compactadores de basuras, se esperaba una actitud más propositiva de URBASER. Pero resulta indignante y desalmado que el operador del relleno utilice todo un arsenal jurídico para eludir las acciones de la CAR mientras el daño ambiental sigue socavando la paciencia de los habitantes de la vereda. Eso huele a basura.

Entidades alcahuetas, tecnicismos jurídicos, y organismos de control ineficientes, han permitido un daño ambiental inconmensurable, no solamente en la población de Loma Grande, sino en otros municipios, hacia donde quebradas y canales arrastran sus aguas contaminadas de lixiviados. Definitivamente la lucha de los habitantes de Loma Grande por tener un ambiente sano se está convirtiendo en un anhelo efímero.   

Por: Jairo Torres Oviedo

En una columna anterior, indicaba que el centro, no era una opción de poder; en el actual debate electoral. Las razones evidentes; la mutua satanización entre izquierda y derecha; algo evidente en las últimas décadas en Latinoamérica, en particular Colombia, se podría decir que, el furor de los “debates” que se hacen y expresan con fanatismo, como si se defendiera un dogma o verdad absoluta; los partidarios, unos con los otros, se acusan mutuamente de hacer parte de una inmoralidad coexistente. Por ello, es importante seguir escudriñando el contenido de dichas acepciones y llegar a conclusiones que permitan comprender, que ambas se necesitan; en la medida en que se niegan prevalecen, anularse es reafirmarse. Igualmente, deben coexistir pacífica y deliberativamente para la permanencia y fortalecimiento de la democracia. Lo conflictivo de estas acepciones es la manera como se defienden; una defensa radical e inamovible hace peligroso su proceder cuando se convierte en gobierno; una mirada reflexiva de la historia hace comprensible lo anterior. Recordemos los regímenes comunistas de la Europa del Este; los cuales se centraron en una defensa férrea del Estado, en el manejo de la economía y la vida social, generando un totalitarismo de un Estado que anuló las libertades y empobreció económicamente su población. Este modelo de totalitarismo de Estado fracasó en los sistemas políticos que lo implementaron; como fracasó también, el totalitarismo de mercado defendido por la lógica del capitalismo radical o salvaje. Ambos tipos de modelos totalitarios han sido experimentados en distintos momentos de la historia con efectos desastrosos. En este sentido, izquierda y derecha, son opciones políticas que defienden un ideario y modelo de Estado y sociedad.

En consecuencia, ambas acepciones contienen una narrativa política que estructura una humanidad dual, donde existe: el bien y el mal, la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia. Izquierda y derecha, son fuentes teóricas donde ha emergido la teorización con la que se han construido modelos de Estados que, responden a determinado orden social; inspirando procesos de emancipación mutua. En medio de la izquierda y la derecha emergen personas o grupos que se definen de centro, el centro es al mismo tiempo una ilusión y una realidad. Muy bien lo expresó DUVENGER en su obra clásica sobre los partidos políticos; donde expresaba, que el centro político era imposible. “El destino del centro es ser separado, sacudido, aniquilado: separado, cuando una de sus mitades vota por la derecha y otra por la izquierda; sacudido, cuando vota en bloque, bien por la derecha, bien por la izquierda; aniquilado, cuando se abstiene”. Es decir, el centro pretende convertirse en una opción política, sintetizando las contradicciones que surgen de la izquierda y la derecha; por esta razón, se convierte en una expresión gaseosa y fantasiosa; por cuanto, la política es acción, y una opción política tiene que definirse desde un ideario que pueda defenderse y ser defendible. El centro se convierte en una especie de corriente política, que sobrevive sobre la negación de los extremos.

Ahora bien, los partidos de centro no existen en Colombia; pero, surge una paradoja, el centro político es la opción que prefieren los electores; debido a esto, la izquierda y la derecha acomodan sus discursos y programas político para cautivar y captar el voto del centro. En este sentido, las opciones políticas de izquierda o derecha están llamadas a repensarse y refundarse permanentemente. Como sucedió en gran parte del siglo XX en Europa; para responder a los retos y necesidades sociales de manera real; ello implica, acuerdos de coexistencia, que superen la mutua satanización y construyan escenarios de democracia deliberativa.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

La percepción de seguridad y la seguridad ciudadana son de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades del país. Además, se trata de un factor determinante para que inversionistas nacionales y extranjeros pongan su mirada en las regiones, lo que se refleja en nuevas oportunidades y generación de empleo.

Tener ciudades con plenas garantías en el cuidado de la integridad de propios y extraños también contribuye al mejoramiento de las condiciones socioculturales, la transformación económica en todas sus escalas y el impulso del turismo.

De allí la importancia de articular acciones para preservar y mantener la seguridad y para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. El imperio de la ley y la autoridad de la institucionalidad de nuestro Estado, fuerza pública y entes territoriales no pueden ser violentados por ningún grupo ilegal o narcoterrorista.

Desde las capitales debemos articular planes integrales de seguridad y convivencia, basados en principios rectores en los que se resalte la inclusión e innovación. A lo que se suman otros mecanismos importantes, entre los que debemos incluir la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el gobierno y apoyada desde Asocapitales en ese gran foro, realizado en Montería.

Esta era una ley necesaria para proteger la vida y la integridad de las personas, y con ella se le ha dado mayores herramientas a nuestra fuerza pública y a nuestros jueces en su arduo trabajo de capturar y judicializar a quienes violentan al ciudadano de a pie. Contribuyendo así a la disminución de los índices de impunidad y a dar castigos más severos a quienes deciden delinquir y perturbar la tranquilidad de los ciudadanos.

Esta es una ley que nos ayuda a desescalar la violencia y a perseguir con contundencia a los que roban celulares o bicicletas, a los que se dedican al microtráfico y a los que manejan los mercados negros de venta de armas de fuego y municiones. También es un acierto haber logrado incrementar los castigos para los reincidentes en conductas delictivas y endurecer las penas para delitos que atentan contra la vida de defensores de derechos humanos y periodistas.

Ahora es necesaria la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el marco del Plan de Desarrollo Nacional y la consolidación del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, para fortalecer la vida en sociedad, a través de programas pedagógicos.

Hoy más que nunca tenemos que trabajar unidos. Debe haber sinergia entre la población, los entes territoriales e instituciones tales como Policía, Ejército y Fiscalía para lograr que los ciudadanos se sientan totalmente tranquilos, porque se lo merecen y porque es nuestra obligación hacer lo que corresponde para salvaguardar su integridad. En nuestro gobierno trabajamos sin descanso por todos.

Por: Jairo Torres Oviedo

Tenemos una larga tradición de violencia generada por un conflicto social, económico, político y cultural que ha tenido expresiones armadas; que, durante décadas han llenado este suelo de sangre, dolor y muertos. No hemos podido reencontrarnos, tampoco, perdonar y reconciliarnos para lograr una mejor convivencia a pesar de los procesos de paz que el Estado ha sostenido con distintos actores alzados en armas de manera ilegal; intentos, que han terminado en acuerdos incumplidos y desmovilizaciones que no han sido más que un fracaso; generando, nuevas formas de violencia y degradación social. Procesos de paz que han intentado crear condiciones para la verdad, justicia, reparación y no repetición en la larga historia del conflicto armado. El último proceso de paz firmado con la guerrilla de la FARC en el año 2016 diseño un modelo de justicia transicional, que creó la jurisdicción especial para la paz, en lugar de haber sometido a la justicia penal ordinaria, todos los delitos cometidos durante el conflicto armado, la concesión de amnistías por delitos ocurridos durante ese mismo periodo, y la consagración de penas inferiores a las previstas en la legislación ordinaria. Este modelo de justicia ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Pero, detrás de este modelo de justicia transicional existe una fundamentación teórica y conceptual, resultado de muchos años de discusión de experto sobre la naturaleza y legitimidad de las normas y función del derecho penal; los fines de la pena.

Desafortunadamente en Colombia se ha dedicado muy poco tiempo a estos debates conceptuales; en cambio, se utiliza el desconocimiento del tema con fines políticos para desinformar la opinión pública haciendo creer, que el derecho penal ordinario es la única forma de enfrentar cualquier manifestación delictiva, incluidas las que hacen parte del conflicto armado. La justicia transicional se ajusta a los estándares fijados por la comunidad internacional, y pretende el fin de la violencia y la reconciliación. Un modelo de justicia aplicable al Acuerdo de paz y a quienes participaron en el conflicto armado; por eso, es transicional. Pero, si pretendemos reconciliar la sociedad colombiana alrededor de otros tipos de delitos como la corrupción; es necesario explorar otras posibilidades que no conduzcan a la impunidad.

En ese sentido, es importante repensar modelos morales y éticos; como la sanción social, moral, perdón cristiano, perdón social etc. Escenarios que deben ser estudiados desde la filosofía política, moral y del derecho; teniendo en cuenta que, el perdón social no es una institución jurídica. El tema es interesante y abre la posibilidad de un debate donde la academia debe analizar desde el punto de vista científico. Estudiar modelos de justicia que impidan la impunidad y generen tipos de sanciones, que no implique solo la cárcel. Para ello, es necesario leer La teoría de la acción comunicativa del sociólogo y filósofo alemán: Jürgen Habermas; en especial, La ética del discurso; igualmente, revisar la posición original y velo de ignorancia planteado por Jhon Rawl en su libro Teoría de la justicia y, al profesor Ernst Tugendhat, en Problemas de la ética.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
 
Hoy estamos de aniversario. Me llena de felicidad indicarles que el camino que recorremos es el indicado porque lo hacemos con la gente y respetando los 245 años de tradición de una urbe que avanza gracias a la gentileza y esfuerzo de cada una de las personas que han nacido en esta noble, fértil y pujante tierra.

Entre el 1º de mayo de 1777 y 1º de mayo de 2022 hay mucha historia por contar. Todo comenzó con la fundación por parte de Antonio De la Torre y Miranda de un sitio ubicado en terrenos anegadizos en la banda izquierda del río Sinú, al que nombró San Jerónimo de Buenavista.
Son muchos los virajes en materia administrativa. Desde 1777 tuvieron que pasar 30 años para que Montería fuera considerada como una Villa. Esa villa soñada en las ondas del raudo Sinú de la que nos sentimos orgullosos, esa que nunca ha perdido su esencia agrícola y ganadera y la que conserva la calidez y tesón de sus habitantes.
En 1840 pasó a ser cabecera de distrito, en 1923 se le dio la categoría de municipio y en 1952 se estableció como la capital del departamento de Córdoba.

Desde que asumí mi mandato como alcalde he trabajado sin descanso para lograr convertir al municipio en la gran despensa agrícola del Caribe. Hemos proyectado y construimos una Montería Grande llena de oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

El río Sinú marca nuestra historia. El transporte de productos y pasajeros iba de Montería hacia Lorica, para salir al gran puerto de Cartagena de Indias, ruta fluvial que se describía desde 1843 y que tomó mayor envergadura en 1938 con la construcción del puerto en la Avenida Primera entre calles 34 y 36, aprovechado por empresas madereras y haciendas ganaderas para fomentar el intercambio económico.

La actividad fluvial fue desapareciendo con la construcción de vías terrestres y el transporte aéreo, pero hoy le volvimos a dar la cara al río. Estamos construyendo el Sistema de Transporte Fluvial Businú para brindar una solución de transporte amigable con el ambiente. Y tenemos todo listo para recuperar las estructuras de la ribera del río que son patrimonio de la ciudad, que se deterioraron por la erosión y la falta de mantenimiento desde hace muchísimos años.

Estamos dando pasos gigantes en la construcción de una Montería Grande en la que convertimos el gasto público en inversiones. Le devolvimos el poder de decisión a los ciudadanos y trabajamos lo que sea necesario para llevar el progreso a nuestras comunas y corregimientos, con mejores vías, infraestructura educativa, espacios de recreación y deporte, proyectos sociales, transformación económica, apoyo al emprendimiento, mejores servicios de salud, impulso a la microeconomía de los barrios y la consolidación de Montería como una Biodiverciudad para un ambiente más amigable.

Me siento orgulloso de ser monteriano. Juntos estamos reescribiendo la historia y construyendo la Montería del futuro.

¡Montería, felices 245 años!