Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo

En el actual debate electoral es ineludible hacer referencia al conflicto limítrofe entre Córdoba y Antioquia. Litigio que se ha caracterizado por el silencio de quienes deben asumir liderazgo y compromiso; es decir, los congresistas y quienes aspiran. Una de las variables estructurales que permite entender este conflicto es lo referente a la planeación y poblamiento del territorio. Reflexionemos acerca de esta realidad con el fin de comprender el conflicto limítrofe. Han centrado el conflicto sobre lo territorial; en otras palabras, sobre el espacio geográfico en disputa; pero, se invisibiliza la falta de presencia de la institucionalidad nacional y territorial en gran parte de la zona en disputa. No ha existido soberanía territorial del Estado central ni local. La soberanía estatal se evidencia, no solo con la presencia de fuerza pública en los territorios; sino de manera integral: educación, salud, saneamiento básico, agua potable, vías de acceso… si esto no se garantiza, asistimos a una ausencia de Estado; en consecuencia, a la imposibilidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Precisamente, estos vacíos que deja el Estado se suplen por otras fuerzas, incluyendo estructuras al margen de la ley; que es lo que ocasiona el surgimiento de para estados.
Lo anterior ha sido una larga tradición en Colombia; de allí, que esta ausencia de Estado en los territorios sea una de las razones del origen y desarrollo de distintas formas de conflicto. Para el caso que nos ocupa; conflicto Córdoba-Antioquia, concurrimos a la expresión evidente de este fenómeno; una ausencia del Estado central de aproximadamente 100 mil hectáreas en litigio; que se complementa con la ausencia de soberanía del Departamento sobre su propio territorio; soberanía que ha sido suplida en gran parte del territorio en disputa por la institucionalidad antioqueña. Esto lo podemos observar en las poblaciones de Córdoba asentadas en los límites con los municipios de Mutatá y Dabeiba; poblaciones que son atendidas socialmente por el Departamento de Antioquia; inclusive, el acceso geográfico a estas comunidades cordobesas es más accesible desde Antioquia que desde Córdoba. Se quiera o no, es una ausencia de soberanía integral sobre el territorio cordobés expresada en pérdida del control de la frontera territorial y abandono social de sus habitantes. Esta zona en disputa tiene una posición estratégica e innumerables recursos naturales.
Estas riquezas naturales, sumado a la posición estratégica del territorio en disputa, las hace apetecible a los antioqueños; debido a que, por parte de la institucionalidad cordobesa ha existido un total abandono. Por esta razón, es imperioso retomar el liderazgo en defensa de la soberanía territorial del Departamento de Córdoba; para ello, es necesario un trabajo coordinado y técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial, un plan especial y urgente de intervención de la institucionalidad para atender las demandas y necesidades de las comunidades que se encuentran en estos sitios limítrofes. Necesitamos un liderazgo de la dirigencia política, que siente su posición de manera pública sobre el diferendo limítrofe y, que propongan alternativas. ¡Luchemos por recuperar la soberanía social de nuestro territorio!

 
Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería
 
La seguridad ciudadana es la primera obligación del gobierno de la ciudad. Para alcanzarla, es necesario forjar una relación estrecha con los ciudadanos, los gremios, las autoridades civiles y la fuerza pública. En fin, la seguridad es consecuencia de una cultura de respeto a la ley, confianza en las autoridades y cooperación entre todos los individuos de la sociedad. En el ámbito de esa cultura, los ciudadanos, quienes conocen mejor que nadie sus entornos y tienen la capacidad para detectar de manera temprana las amenazas, son los aliados fundamentales.

Ese trabajo con una ciudadanía participativa y empoderada, hace que los gobiernos locales tengamos mejores insumos para articular medidas integrales qué, al tiempo que brindan seguridad, mejoren su calidad de vida. Esto lo logramos con espacios públicos amplios e iluminados, condiciones óptimas de transporte y estrategias encaminadas a frenar la criminalidad, por ejemplo, con planes de prevención del consumo de drogas y violencia intrafamiliar.

Lo estamos haciendo. Recuperando con mobiliario e iluminación los parques que han estado abandonados durante años, brindamos seguridad; con la pavimentación de vías y construcción de espacio público, también brindamos seguridad. Y lo estamos haciendo de la mano de la gente con los encuentros de seguridad que realizamos, barrio a barrio, teniendo la oportunidad de escuchar a los ciudadanos, quienes en tiempo real levantan la mano y reciben soluciones.
Montería, así como el departamento y el país, ha sentido las acciones producto de la reorganización del Clan del Golfo, tras la captura de alias ‘Otoniel’. Esta amenaza criminal la estamos afrontando sin descanso, sin torcer el brazo, actuando con determinación.

No nos quedamos quietos, los bandidos no respetan fronteras ni horarios y se mimetizan si la sociedad les abre espacio. Por ello, nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército han entrado a operar en las zonas de mayor incidencia y recopilado información valiosa para las líneas de investigación que se adelantan contra esos actores, en especial, para desmantelar el modelo de negocio criminal de expendio de drogas y extorsión, que quieren propagar.

Bajo ningún punto de vista permitiremos que la ciudad esté a merced de los delincuentes, razón por la que acordamos con el Gobierno Nacional una mayor presencia del Ejército en la zona corregimental, un aumento del pie de fuerza con miembros de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, un incremento del parque automotor policial y mayor tecnología para la vigilancia con drones.

Con la puesta en marcha del ‘Plan Cazador’, en una semana, se ha logrado hacer efectiva la captura de 33 personas en jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería, entre ellos, alias ‘Russo’, miembro del Clan del Golfo que fue enviado a prisión y será juzgado por el delito de concierto para delinquir, además de lograr la desarticulación de la banda ‘Los Chamos’ dedicaba al tráfico de estupefacientes en el barrio Juan XXIII.

Los monterianos siguen creyendo en las instituciones y pueden tener la certeza que, desde el Gobierno de la Gente, ponemos todas las herramientas para preservar el orden. Nuestro equipo de trabajo está al servicio de la comunidad las 24 horas durante los 7 días de la semana.

No dejaremos que unos pocos alteren la tranquilidad de la gente, seguiremos atacándolos frontalmente porque la Montería Grande que estamos construyendo está cimentada con inversión social y seguridad para todos.

Por: Jairo Torres Oviedo

La Corte Constitucional; aprobó la sentencia que permite la despenalización del aborto en Colombia; allí establece, el aborto como un derecho que tiene la mujer, hasta las 24 semanas de gestación. Este fallo, ha generado reacciones encontradas entre quienes lo defienden o lo rechazan. Discusiones de esta naturaleza están determinadas por factores religiosos, éticos, morales y culturales; que definen las creencias que tienen las personas alrededor de lo bueno y justo. En este tipo de discusiones, difícilmente se construyen acuerdos; por cuanto, en cuestiones éticas, cada uno tiene acceso privilegiado. Es poco común encontrar que esta discusión se desarrolle con argumentos jurídicos y de derechos; inclusive, desconocen la función de la Corte Constitucional, negando su función de guardiana, vigilante y garante de los derechos ciudadanos, independiente de la posición social, ética, moral o religiosa; porque la Corte Constitucional es razón pública, y sus decisiones gozan del principio de aceptabilidad. Por ello, son comprensible las posiciones encontradas que pretenden centrar el tema en la dimensión religiosa y moral; desligada del ámbito del derecho.

Este comportamiento es característico de las sociedades tradicionales marcadas por una moral de contenidos, donde las conductas y acciones humanas están definidas y normatizadas de manera rígida e inmodificable; en donde, su cumplimiento define lo bueno y lo malo. Esta concepción de sociedad entra en tensión permanente con las sociedades modernas del pensamiento liberal; en el que, lo moral y ético está determinado desde el diálogo; entendimiento y acuerdo a los que puedan llegar los miembros de un grupo social; es decir, una ética comunicativa. De igual manera, sociedades liberales organizadas sobre la base de un contrato social construido de manera consensuada entre los miembros de la sociedad que reconoce la pluralidad y diversidad. Lo que se expresa desde el reconocimiento de las libertades positivas y negativas; es decir, libertades colectivas e individuales; que es deber ser de un estado de derecho garantizarlas.
En este sentido, el aborto es un derecho y no una obligación que tienen las mujeres de definir sobre su destino y su cuerpo. El Congreso de la República se negó a legislar sobre este derecho de las mujeres porque ha estado en función de sus intereses morales y político; respondiendo al modelo de una sociedad tradicional que moralmente niega los valores y principios de la modernidad. Los congresistas se abstienen de legislar acerca de un tema de su competencia; por consiguiente, los colectivos feministas recurrieron a la Corte Constitucional para que ampare su derecho a decidir sobre su cuerpo, no como obligación; sino como derecho. Por consiguiente, este debate estará abierto a las distintas visiones y concepciones sobre el tema; moviéndose entre el moralismo tradicional, religioso, compasivo y el pensamiento liberal moderno. En medio de estas concepciones, los políticos toman partido en función de las concepciones que representan y defienden. Cabe señalar que: en este debate se desconoce los fundamentos de la democracia; pero, a la vez, se reafirma su existencia.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

La pandemia hizo que tomáramos todas las acciones necesarias para preservar la vida de los monterianos de manera responsable y eficaz. Creamos el Comité Técnico Científico para el Covid-19, conformado por un equipo de expertos profesionales, que han sido una guía certera en este camino para darle un manejo efectivo a la lucha contra el virus.
 
Hoy, es satisfactorio y esperanzador decirle a los monterianos que somos la primera ciudad en el país en poner en marcha un Comité Técnico Científico para el manejo de las enfermedades mentales y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas buscando alternativas efectivas que preserven la vida de quienes padezcan algún tipo de enfermedad mental.
 
Invitamos a participar en esta causa social a un grupo de profesionales como médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para realizar un trabajo interdisciplinario y fortalecer, desarrollar y garantizar la salud mental en el municipio.
 
Actualizamos la Política Pública en Salud Mental que desde hace muchos años requería Montería, y será la hoja de ruta para la atención desde la prevención, consolidando actores fundamentales como las EPS a las que agradecemos por la articulación y trabajo en medio de las dificultades de la pandemia y actores indispensables como educadores, jóvenes, policía y, por supuesto, padres de familia. Esto construye una estrategia integral.
 
Estamos redoblando esfuerzos para disminuir las cifras de intento de suicidio y suicidio. Actualmente, son menores a las reportadas antes de que apareciera el virus en el planeta. Entre 2016 y 2019 se registraron 77 suicidios, siendo 2017 segundo año del gobierno anterior, el de más casos, 27. Mientras que en 2020 cuando iniciamos nuestro gobierno y hasta la fecha, se contabilizan en total 27, siendo 2021, segundo año de nuestro gobierno en plena pandemia, el de mayor incidencia con 15 suicidios, lo que se traduce en una reducción del 55%.
 
Cada caso vivido es realmente doloroso. Somos conscientes que las enfermedades mentales pueden tocar la puerta de un miembro de una familia sin importar su nivel socioeconómico.

He designado al médico Heiser Arteaga como gerente de salud mental del municipio y a la psicóloga Argent Escaf como referente. Mi total reconocimiento por su alto compromiso. La labor de estos profesionales con el equipo de trabajo será el de inspeccionar, vigilar y controlar que todos los monterianos reciban la atención necesaria y oportuna.
 
Muchas estrategias ya en marcha han dado resultados importantes. «Hablar para Sanar”, es una que diseñamos gracias a la actualización de la política pública la cual articulamos con las EPS, IPS y la Ese VidaSinú. Prestaremos atención en psicología en las calles para que los monterianos tengan la oportunidad de recibir atención inmediata, en el momento en que lo requieran, a través de “Centros de Escucha”.

Nota: Agradecimiento infinito al doctor Heiser por su gran y eficiente compromiso con la vacunación. Siendo Montería la capital con mayor población rural del país, y, en comparación con ciudades con menor población rural, los porcentajes de aplicación con la población urbana en nuestra ciudad son muy parecidos. Primeras y segundas dosis, 92.7% y 72.4%, respectivamente. Por fin, un gobierno miró el campo. Y llevó la vacunación sin importar lo cerca o lejos que estén sus habitantes.

Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería

La pandemia provocó millones de muertes en todo el mundo y hoy no solo tenemos el privilegio de estar vivos y de seguir luchando por nuestros sueños, sino también desde el Gobierno continuar avanzando por nuestra gente.

Hoy existe una preocupación como sociedad y es el incremento de las muertes por accidentes en las vías. A medida que se retorna a la normalidad y los ciudadanos vuelven a sus actividades cotidianas, se incrementa la movilidad y la seguridad vial se convierte en un asunto de suma conciencia y disciplina.

La preocupación se extiende a todo el país. Según el Observatorio de Seguridad Vial en Colombia, el año pasado fallecieron 7270 personas a causa de accidentes en las vías, lo que significó un incremento del 33.2% con relación a las cifras reportadas en 2020, en Córdoba las cifras en 2021 fueron de 232 personas fallecidas para un incremento del 28.8% y en Montería perdieron la vida 67 personas, 24.07% más que en 2020. La mayoría de estos accidentes ocurren en vías nacionales.

La seguridad vial es un conjunto de elementos en el que todos los actores estamos obligados a respetar las reglas actuando con prudencia para evitar desenlaces lamentables o fatales. El comportamiento humano es fundamental en la incidencia de accidentes. Exceso de velocidad, desobedecer las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol, son las principales causas.

Sabemos que como Gobierno debemos velar por garantizar a nuestros ciudadanos vías seguras y señalizadas, senderos peatonales libres de obstáculos, semáforos en buen estado, ciclorrutas y pedagogía. Sin embargo, todo este esfuerzo que hemos ejecutado como Gobierno no cobra ningún sentido si los actores viales infringen las normas de tránsito.

Con ‘Guardianes de la Movilidad’ en las calles enviamos un mensaje de prevención para el cuidado de los peatones y evitar la obstrucción de los pasos peatonales; mejoramos la señalización de la ciudad con ‘Movilidad Segura’, programa en el que se ha invertido en 686 nuevas señales verticales, 6.525 m2 de demarcaciones y la instalación de 3.795 dispositivos de regulación; además reforzamos el aprendizaje de las destrezas de conducción de motocicletas con cursos teórico-prácticos en las calles.

Entendiendo la importancia de la educación vial como principal elemento para la mitigación de la ocurrencia de accidentes, lesiones y mortalidad, hemos sensibilizado en seguridad vial a más de 10 mil personas, llevando nuestro mensaje de conciencia ciudadana a la zona urbana y rural, a las aulas y a las calles, al comercio, al transporte público, a ciclistas, motociclistas, dada la complejidad del fenómeno y la diversidad de actores implicados.

Por primera vez en Montería una administración mantiene activo, desde el primer día del año, el convenio con la Policía de Tránsito, que permite realizar labores de prevención y control de la movilidad. Además, seguimos impactando en el comportamiento humano de los actores de la movilidad con más de 91 capacitaciones en diversos temas.

El reto persistente de alcanzar una movilidad segura, es un acto de voluntad propia de la ciudadanía en todo su conjunto. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la seguridad vial como un acto de amor propio y de respeto a la vida.

Por: Jairo Torres Oviedo

Necesitamos una hoja de ruta para trabajar por el progreso de Córdoba. Para ello, es menester situar en el centro; el conocimiento, la verdadera sabiduría; es decir, la ciencia representada en la Universidad de Córdoba. Donde la institucionalidad territorial priorice esfuerzos en materia social para mejorar los indicadores de desarrollo humano. Sin duda, Córdoba necesita un acuerdo mutuo para el progreso social. Por eso, la Universidad de Córdoba lo pensó y convocó a su dirigencia e institucionalidad desde hace varios años, a trabajar alrededor de un modelo de proyección social denominado “Córdoba Transformada”, con la que pretendemos hacer posible un acuerdo trascendental que transforme y genere un auténtico progreso en la región.

Lo paradójico es que, en la historia política del Departamento, se han construido y se siguen construyendo acuerdos políticos para ganar elecciones, distribuir la institucionalidad pública como si fuera propiedad de unos pocos, dividiéndola en zonas electorales; en otras palabras, el clientelismo, que solo genera el mayor beneficio particular en detrimentos de las mayorías que siguen postergando elección tras elección con sus anhelos de bienestar y justicia social; incluso, esos acuerdos políticos han hecho parte de nuestra premoderna cultura política, teniendo como actores a grupos al margen de la ley; como fue el pacto del Marisco y el de Ralito. El primero, para controlar la institucionalidad pública del la subregión costanera y el segundo el control político del Departamento. En este sentido, lo único que nos puede permitir salir del subdesarrollo es un verdadero acuerdo social; donde los protagonistas estarían representados en la ciudadanía. Un acuerdo que logre sentar las bases para la construcción de una mejor sociedad; desde el punto de vista económico y político, que haga posible que Córdoba transite hacia la modernidad. Pero, cómo construir ese pacto social, que para la mayoría de la población parece más una quimera que una realidad posible. Es normal que las ideas de cambio cuando surgen sean vistas de manera despectiva; en especial, en nuestro contexto, donde nos acostumbramos a lo mismo de siempre; propio del subdesarrollo. Ese acuerdo social debe ser ampliado y retroalimentado por el conjunto de los actores de la sociedad civil organizada; tanto pública como privada.

Invitamos a los aspirantes al Congreso de la República por Córdoba, a deliberar y construir un acuerdo social por el desarrollo del territorio, y ver las próximas dos décadas, como una oportunidad para superar la pobreza multidimensional; además, regionalizar la Universidad. Que este acuerdo incluya el desarrollo agroindustrial, el turismo, energías renovables, salud pública, primera infancia… Con un enfoque que reconozca la diversidad étnica, cultural, social, geográfica y económica de cada una de las subregiones del Departamento y, que haga posible pensar el territorio desde la pluralidad. Solo así, estaríamos pensando en las presente y futuras generaciones; un mejor porvenir para esos niños y niñas que aún no han nacido; pero, cuando lo hagan, encuentren una tierra próspera, fecunda y justa, donde puedan desarrollar un proyecto de vida digno. Este acuerdo requiere de la voluntad política; sin egos y prevenciones, solo pensada en función de los mas altos intereses de la sociedad cordobesa.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Colombia comenzará a cambiar el día que elijamos a políticos que hagan lo que tienen que hacer: ¡trabajar en beneficio de la gente!

Mucho se ha discutido acerca del futuro del país, y cómo este solo puede ser mejor si se da un giro ideológico, bien sea hacia una izquierda radical o hacia la extrema derecha. Ambas alternativas han comenzado a escalar peligrosamente, como única salida posible a una crisis que parece eterna y que hoy tiene a todo un país desesperanzado en su clase política.

Pues yo soy de los que no cree en lo uno ni en lo otro, ya que la respuesta es mucho más sencilla y nada tiene que ver con la polarización, que lo único que logra es dividir a los colombianos, quienes más que cambio, lo que piden a gritos es resultados.

Cuando toda una sociedad deja de creer, se corre el riesgo de caer en la ruleta rusa de elegir desde concejales, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes, que sin tener preparación o bases sólidas para el ejercicio de lo público, o al menos mínimas habilidades administrativas, llegan al poder con el único mérito de representar la antítesis de los gobiernos de turno o de la política tradicional. Centenares de casos a través de la historia se han dado en el mundo, y a la postre han resultado en un remedio con consecuencias más nefastas que la misma enfermedad.

Independiente a su ideología, el líder político tiene que ser una persona que se entregue a la comunidad. La confianza necesaria para gobernar solo se logra manteniendo el contacto permanente entre gobernante y el ciudadano, generando coherencia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace en el ejercicio de su cargo, que demanda una gran responsabilidad social.

Soy un crítico de aquellos políticos que ejercen esta actividad solo cada cuatro años, visitando comunidades en campaña, prometiendo el oro y el moro, para desaparecer luego de ser elegidos. Irónicamente muchos, logran hacerse reelegir.

Colombia requiere con urgencia, líderes que le pongan el alma a su responsabilidad, tal como lo hacen nuestros gladiadores deportistas; que se inspiren al soñar con un país mejor, así como se inspiran nuestros más talentosos artistas; políticos que trabajen sin descanso, como trabajan nuestros luchadores campesinos, y que tengan vocación de servicio como la tienen nuestros heroicos docentes.

Siempre he creído que el buen político no es el que gana campañas, es el que gracias a los resultados es llamado una y otra vez por el pueblo, para que siga liderando la realización de sus ilusiones y anhelos. El día que Colombia esté lleno de políticos exitosos, será sin duda una gran nación.

No olvidemos que al final la responsabilidad de elegir bien recae sobre el pueblo, saber escoger a quienes sin descuidar el presente, ayuden a construir un futuro mejor.

“El político se convierte en estadista, cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, Wiston Churchill.

Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería

El 24 de diciembre recibí la invitación de la señora Ludy a almorzar en su vivienda en el barrio Cantaclaro. Junto a su hija Ana y sus nietos Mariano y Yadiel, quería mostrarme cómo quedó su vivienda luego del programa de mejoramiento que realizamos en su barrio y 11 sectores más.

Llegué a su casa en vísperas de navidad con un regalo especial: las calles alrededor de su vivienda hacen parte del plan masivo de pavimentación de la comuna 6.

Una vez iniciamos nuestro mandato abrimos el camino a la participación ciudadana y creamos la estrategia “La Gente Decide”, con el compromiso de entregarle la ciudad, el poder a la gente. Es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo.

Los habitantes de esta comuna eligieron entre varias propuestas, por el plan de pavimentación masivo y logramos que más de 50 líderes buscaran consenso de las vías a intervenir entre los habitantes impactando no solo a los barrios y comunas sino a toda la ciudad.  Inicialmente, destinamos 10 mil millones de pesos. Pero escuchamos el clamor de espera de la gente y fuimos más allá, triplicando lo presupuestado. Fueron muchos meses de gestión ante el Gobierno Nacional y de tocar puertas para buscar las posibles fuentes de financiación alternas que lograrán estos objetivos. Así que invertiremos 30 mil millones de los que ya adjudicamos 23 mil, para conformar lo que será el gran anillo vial de la comuna 6.

Conectaremos a más de 100 mil habitantes, que representan el 20 por ciento de la población, con la pavimentación de las vías Nueva Belén – Nueva Jerusalén, Mandala – Cantaclaro y Villa Caribe hasta la vía que conduce Montería – Planeta Rica. Obras de suma importancia para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). A esto le sumamos varias vías internas en el barrio Cantaclaro.

Mejoraremos el tráfico de la vía principal de la entrada a Cantaclaro interviniendo la carrera 30, con el propósito de que sea la segunda vía de acceso al sector, y conectaremos esta zona con La Pradera, obras que ya están adjudicadas con recursos de regalías del departamento y las que serán ejecutadas por Montería Amable. También atendimos la petición de la comunidad y pavimentaremos la vía que conduce al hospital y la conexión con el barrio 6 de marzo.

Estas son obras que llevan el sello de nuestro compromiso inicial: “Cemento con Corazón”, con obras integrales que permitirán el mejoramiento de la calidad de vida y que impacten a más ciudadanos resolviendo las dificultades de movilidad, saneamiento, recreación y seguridad. Logramos que cada peso del presupuesto no sea un gasto sino una inversión social.

No solo llegamos a la Comuna 6 con los proyectos viales, sacamos del atraso la construcción del hospital en el barrio La Pradera, el cual tenía serios problemas de diseño que corregimos a tiempo, modernizamos el sistema de alumbrado público con luminarias de última tecnología en el barrio Cantaclaro, llevamos soluciones integrales en viviendas con la construcción de pisos, intervenimos canales para mejorar el drenaje y evitar inundaciones, construimos aulas, baterías sanitarias y cocina en el colegio del barrio La Pradera, construimos un parque en el barrio Villa Caribe y mejoramos otros más que estaban en completo abandono.

Estas obras también generan empleo y contribuyen a la reactivación económica de Montería, pero aún mejor que estimulan la microeconomía de los barrios que es lo que nos motiva e impulsamos desde la Administración, concentrado todos nuestros esfuerzos con nuestra gran premisa de un gobierno cercano y empático: un gobierno de la gente.

Por fin, para nuestra querida amiga Ludy quedará en el pasado el barro y el polvo en su barrio. Y celebraremos con ella, nuevamente, disfrutando de un delicioso cerdo guisado y plátano maduro, como el que amablemente nos preparó en navidad.

Por: Jairo Torres Oviedo

Desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal SUE, hacemos pública la preocupación por la escalada de violencia y la crisis humanitaria que se vive en varias regiones del país. A partir del 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz han sido asesinados 303 excombatientes de FARC. Entre enero de 2021 y enero de 2022, fueron asesinados 46 firmantes del Acuerdo de Paz; a esta ola de violencia se suman188 líderes defensores de derechos humanos y, 96 masacres con un registro de 388 muertos. A lo cual se agregan los crecientes hechos de desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento obligado y confinamiento a comunidades de diferentes regiones del territorio nacional. Por la gravedad de estos hechos, la Corte Constitucional, el pasado 27 de enero aprobó la Sentencia SU-020/22, mediante la cual declaró un estado de cosas inconstitucionales con las personas que firmaron la paz. Esta Sentencia ordena al Gobierno adoptar “las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas”. También dispone el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, crear en un plazo de tres meses, una sala especial de seguimiento para asegurar que el Gobierno cumpla las órdenes emitidas.

Esta decisión histórica de la Corte coincide con lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas en su informe del pasado 20 de enero donde relata, que el Acuerdo de Paz está en riesgo por el asesinato sistemático de excombatientes de FARC y líderes sociales. De igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en un comunicado del 28 de enero “reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de la mencionada organización, quienes dejaron las armas para participar en el proceso de paz; del mismo modo, contra líderes comunitarios y sociales, mujeres y comunidades indígenas y afrocolombianas”.

En este sentido, la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal propone: pedir a los actores armados respetar las comunidades, las organizaciones sociales y sus territorios. Frenar la ola de atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario; en particular, invitamos a los grupos insurgentes que demandan espacios para la negociación política, a mostrar su disposición efectiva a un alto al fuego. Solicitamos al Gobierno un mayor diálogo con las comunidades y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz. Respaldamos el llamado de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz OEA en Colombia; con el fin de promover un diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -ELN, que permita avanzar hacia una paz completa.

Convocamos, a los partidos y organizaciones políticas para que en las campañas electorales en curso se sumen a estas urgentes solicitudes. Finalmente, ratificamos la importancia del diálogo y la necesidad de fortalecer la paz, como un bien supremo de la sociedad.

Por: Jairo Torres Oviedo

La subregión costanera constituida por los municipios de Moñitos, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, San Antero, Canalete y Los córdobas; territorio con ventajas geográficas, agrícolas, culturales y el espíritu resiliente de su gente. De igual modo, la belleza de sus playas y el inmenso Mar Atlántico es la evidencia, no solo de la belleza geográfica y paisajística de esta subregión llamada por sus habitantes el “Caribe Cordobés”; belleza que contrasta con la pobreza y carencias de estas poblaciones. Pero, por qué esta región se encuentra marginal y excluida del acceso al bienestar social y el desarrollo.

En relación con lo anterior, las teorías del Desarrollismo Económico plantean que, para que un territorio sea rico y desarrollado debe poseer recursos naturales y posición estratégica; pero, esta teoría por sí sola no tiene sentido sino se complementa con inversión social, educación, creación de condiciones en materia de infraestructura vial, sanitaria, agua potable entre otras. La subregión costanera posee lo primero; pero carece de lo segundo. Una subregión que tiene 124 km de costa sobre el Mar Caribe y con potencialidades para el turismo, la pesca y el desarrollo portuario se encuentra de espaldas al desarrollo. Sus necesidades básicas insatisfechas NBI, al igual que la pobreza multidimensional en conjunto supera el umbral del 80%. Sus servicios públicos son bajos y escasos, su conectividad vial rural es casi inexistente; en la zona urbana solo se aprecia en las calles principales de la cabecera y lo más paradójico aún… no existe conectividad regional para unir al Urabá Antioqueño con el Golfo de Morrosquillo; lo que ha generado un terreno propicio para la ilegalidad. Es decir, el mar lo aprecian y utilizan los grupos al margen de la ley y no el Estado. Mientras tanto, el vecino Departamento de Antioquia está haciendo millonarias inversiones para unir su capital con el mar, fortaleciendo la salida de sus productos al exterior, construyendo puertos y terminando la doble calzada entre Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Cabe señalar que, estas principales ciudades del Urabá antioqueño están construyendo sedes universitarias; además, la presencia del SENA y zonas francas convertirlas en polos de desarrollo.
Por su parte, el Departamento de Córdoba tiene en el mar su territorio con mayor pobreza; es decir, los dos extremos de Córdoba; tanto el Sur como el Norte. El primero con 504 mil hectáreas de biodiversidad y riqueza minera en todos los alrededores de sus cinco municipios, y el norte con 124 Km de costa. En los dos extremos se encuentra una gran riqueza sin explotar; contrario a esto, en esta subregión impera la desigualdad y el abandono estatal; convirtiéndolas en terreno fértil para los grupos al margen de la ley, que son quienes controlan el territorio e imponen su poderío. Es el momento de actuar y construir un gran pacto social por el desarrollo del Caribe cordobés; en donde no imperen las lógicas de la politiquería que quisieron darle color político al desarrollo generando atraso y pobreza. Es imperioso escuchar la posición de los aspirantes al Congreso con propuestas que trasciendan el plano electoral.