Categoría: Opinión

Por: Giovanni Argel Fuentes

Una calificación crediticia en el mercado, no es más que una valoración del riesgo sobre la dinámica financiera y el panorama del endeudamiento público como del perfil fiscal de una nación. Esta calificación se redujo para Colombia por parte de una de las 3 calificadoras que emiten esta valoración para el país., S&P Global Ratings.

Además, esta calificadora quitó la nota de grado de inversión que se garantizó por una década en el país.

Esta reducción en un escalón a BB+ con perspectiva estable, no significa que se acabó el mundo. Si bien, la valoración se da después de un escenario del alto gasto público, progresivo déficit fiscal, que representará cerca del 4% del PIB y un perfil fiscal como tributario incierto, para los próximos años; también es cierto que se está avanzando en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento internacional y habrá reforma tributaria muy pronto. Es una responsabilidad del Congreso de la República.

Es de resaltar que la agencia no evidencia un claro y transparente ajuste fiscal y control al gasto público en medio de la crisis. Ello afectará los costos de las tasas de interés interna y desviará la consecución crediticia en estos momentos. De igual manera, se ahondará la desfinanciación, provocada por el déficit fiscal y presupuestal global.
Por ello, es urgente agilizar el plan de vacunación, reducir las tasas de contagio, disminuir los gastos de la pandemia e iniciar políticas nuevas de estabilización fiscal, que garanticen confianza inversionista y mejoren la calificación muy pronto.

Por último, la inestabilidad social de los últimos 20 días y los retiros de las reformas tributaria y de la salud, como el poco control al desempleo, el bajo enfoque de política fiscal y el incremento de la pobreza monetaria; dieron los criterios sustanciales para la reducción en la calificación por parte de esta calificadora.

Por; Giovanni Carlos Argel Fuentes

En reciente publicación, abril 29 de 2021, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia, presentó las cifras sobre Pobreza Monetaria al cierre del año 2020, igualmente se dio a conocer la tasa de desempleo abierto para el país, para el trimestre enero-marzo del año 2021. Los datos generaron impacto momentáneo para la fecha, pero no se realizó análisis predictivo o estudio el impacto futuro que este panorama generará en el país, específicamente al sector productivo y las consecuencias sociales que se derivan.

En ese sentido se pretende realizar un estudio breve sobre la crisis económica desatada y recrudecida no solo por la pandemia, sino por la parálisis, las movilizaciones, la protesta sistemática en las regiones y el conflicto social progresivo.

Para iniciar, es necesario conceptuar que se considera como pobreza monetaria a aquel rango de personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, bienes complementarios entre otros aspectos). El DANE define desde el año 2020, que un individuo es pobre o está en la línea de pobreza en Colombia, si su ingreso mensual es menor de $331.688, lo que significó un crecimiento de 1,2% respecto a la línea de 2019, que fue de $327.674. De otro lado, la línea de pobreza extrema, que es el estado o escenario más frágil de la pobreza y con menor capacidad adquisitiva frente al gasto, se ubica en $145.004, cuando en 2019 era de $137.350.

Como se evidencia los valores límites de la línea de pobreza son paupérrimos, demasiado bajos, representan una cifra insuficiente frente al costo per cápita mínimo de la canasta básica de bienes y servicios en las distintas áreas geográficas del país. 

Reflejo de lo anterior es la pobreza monetaria, desde 2017 estas variables evidencian incrementos puntuales que han generado alertas sociales, específicamente por la ausencia en algunos casos y por lo incierto, en otros, de políticas y programas sociales profundos que intervengan estructuralmente la problemática. La Gráfica No 1 muestra la evolución de la pobreza monetaria, teniendo presente el creciente costo de la canasta básica familiar y el moderado control ejercido sobre la inflación de precios en los regulados y alimentos.

En ese sentido, crecimientos de la pobreza monetaria del 35.2% (2017) al 42.5% (2020), manifiestan un alto nivel de informalidad y marginalidad en todas las regiones del país. Se suma a ello, el crecimiento de la pobreza extrema que asciende en 6.7 puntos porcentuales al pasar de 8.4% (2017) al 15.1% (2020). Lo cual agrava la situación social de la población colombiana y los efectos microeconómicos adversos para el empresariado del país.

Gráfica No 1. Evolución de la Pobreza Monetaria y la Pobreza Monetaria Extrema. Colombia. 2020.

Como explicamos en la publicación de la primera parte de esta emisión, la crisis económica y social desatada por la pandemia aceleró el crecimiento de la pobreza y la severidad de la misma. Los 6.8 puntos porcentuales de incremento desde 2019, representan 3,6 millones de personas nuevos que ingresaron a la situación de pobreza monetaria, anteriormente explicada. En 2019 la cifra era de 17,4 millones de pobres y para 2020 la cifra se ubicó en 21,02 millones de personas.

De igual forma, más de 2,78 millones de colombianos ingresaron a la situación de pobreza extrema en 2020, ya que se pasó de 4,68 millones en 2019 a 7,47 millones de personas el año pasado. Es decir, viven con menos de $145.000 al mes.

Es de anotar que el impacto de la pobreza monetaria en el país se concentra más en la zonas o cabeceras urbanas (42.4%) para 2020, mientras en las zonas rurales, la incidencia se ubicó en 42,9%, para el mismo año. Las migraciones del campo a la ciudad de manera progresiva, la escasez de empleo rural y la búsqueda de mejores oportunidades en las ciudades aumentan esta cifra en las zonas urbanas. A su vez, hay que destacar los programas productivos y la inversión, dirigidos al agro por parte del gobierno nacional en estos momentos, lo cual ha evitado un mayor abandono del campo. Cabe indicar, que estas restricciones han afectado el funcionamiento normal de la empresa, especialmente frente a la alta contracción de las ventas en varios sectores, la fuerte recesión del empleo y la creciente agitación social que también ha afectado el comercio y los negocios.

Finalmente, la pobreza ha golpeado más a las mujeres. En la desagregación por sexo, el 46,7% de las mujeres en Colombia viven en situación de pobreza, mientras que la cifra es de 40,1% para los hombres. La brecha de 6,6 pps está en línea de pobreza frente a lo que se ha evidenciado en las cifras del mercado laboral, pues las mujeres han sido las más afectadas en términos de desempleo e inactividad, aspectos que indicaremos más adelante.

Ahora bien, entiéndase que para este trimestre acumulado (enero-marzo) se dio una notoria reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) en el mercado laboral, aumentando considerablemente el desempleo, que para abril de 2021 se ubicó en 14.2%, ocasionando grietas sociales irreparables como rupturas sustanciales en el empleo juvenil y empeorando la situación de la pobreza monetaria. Lo anterior es de mucha alerta, en virtud de las dificultades que ha tenido la población que perdió su empleo por el confinamiento y los cierres empresariales en el 2020, en volver a recuperarlo.

En las Gráficas No 2 y 3; se pueden evidenciar, además: para el mes de marzo de 2021, la tasa global de participación se ubicó en 60,3% y la tasa de ocupación en 51,7%. Para el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 59,2% y 51,7%, respectivamente. De igual forma, el mayor desempleo para el primer trimestre de 2021, se observa en las mujeres (21%), mientras que para los hombres se ubica en el 12%.

Ahora bien, si se observa con detenimiento las cifras de Ocupados y Desocupados, que son la PEA en edad de trabajar (Tabla No 1), esta disminuyó sensiblemente de 24.44 mill a 24.37 mill personas en el mercado laboral, lo cual indica que para este primer trimestre existen 769.000 desempleados aún, que afectan sustancialmente la dinámica laboral y la reactivación económica sectorial.

Tablas No 1. Población Económicamente Activa (PEA). Total nacional. Trimestre Enero-Marzo 2021.

Finalmente, si estudiamos los datos de pobreza monetaria desagregados por entes territoriales, se logra percibir con detalle la crisis social en las regiones. El reporte del DANE para las 23 ciudades y áreas metropolitanas demuestra la brecha construida entre 2019 y 2020. Las restricciones, el desempleo y el impacto de la volatilidad de los precios del petróleo como la alta devaluación monetaria; asociada a la concentración gubernamental frente a la situación sanitaria; permitieron las cifras que a continuación se presentan, Gráfica No 4.

Grafica No 4. Pobreza Monetaria en Colombia. 2020. Publicación Dane, abril 20 de 2021.

Como indicamos, la tasa de incidencia de la pobreza monetaria nacional se ubica en el 42.5%. Los mayores aportes en materia de pobreza están en las urbes del país. En la capital (Bogotá), por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es 3,3 millones. Seguido está Antioquia, con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (1,67 millones), Bolívar (1,17 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones). Son los departamentos donde existe mayor población en pobreza monetaria.

Ahora bien, en términos porcentuales, la incidencia de la pobreza monetaria por departamentos se registra de la siguiente manera: La Guajira presenta la mayor estadística con 66,3% de la población, Chocó: 64,6%, Magdalena: 59.8%, Córdoba: 59.4%, Cesar: 58.3%, Norte de Santander: 56.3%, Cauca: 55.6%, Huila: 55.6%, Bolívar: 52.7% y Sucre: 51.4%.

Seis departamentos del caribe colombiano lideran este índice en el país, la región sigue siendo azotada por este flagelo y las políticas públicas para su erradicación, ni se conciben ni se evidencian estructuralmente.

De los 32 departamentos, hay 13 que poseen tasas de pobreza por encima del promedio nacional.

Si revisamos por ciudades, la incidencia de la pobreza monetaria extrema, comparativa entre 2019 y 2020, registra cifras preocupantes que indican la redefinición inmediata de un pacto social en las regiones y un mejoramiento en la distribución del ingreso, como a su vez, generación de empleos productivos.

Las 10 ciudades con mayor pobreza monetaria extrema, para 2020, son: Quibdó (30.3%), Riohacha (27.7%), Santa Marta (23.1%), Cúcuta (20.7%), Popayán (20%), Valledupar (19.4%), Florencia (16,7%), Villavicencio (16%), Armenia (15.5%) y Montería (13.5%). Cuatro ciudades capitales en el Caribe Colombiano ocupan los más altos índices de pobreza extrema monetaria en el país, que sumado a los resultados departamentales; expresan la urgente necesidad de intervenir esta variable con programas sociales regionales y diferenciados, más allá de lo promovidos por el gobierno nacional.

En próxima edición trataremos las cifras y dinámicas del empleo y la pobreza, exclusivamente para los departamentos del caribe colombiano.

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A un grupo de 100 madres Fami les deben 15 días trabajados en diciembre de 2020, y hasta ahora nadie les da un ápice de esperanza a esas servidoras, mientras el director de la entidad en Córdoba, permanece imperturbable, a pesar que conoce la situación. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Pocos días después de asumir la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Córdoba, Alberto Jiménez Bohórquez, invitó a los periodistas a una charla para presentarse ante los medios y exponer su hoja de ruta en la entidad. Lo mismo hizo con las madres comunitarias y con los sindicatos que las representan. Entonces se respiraba un buen ambiente y se esperaban los resultados de una prometedora gestión.

Jiménez Bohórquez, llegó pletórico de respaldos políticos. Blindado por todos los sectores para adelantar una gestión providencial al frente de la entidad. Pero, muy a pesar que el cargo se lo ganó por sus méritos académicos y profesionales, la gestión que está desarrollando es contraria a las expectativas que generó. 

La luna de miel duró poco. Con el pasar de los días las redes sociales y medios locales de comunicación se fueron copando con denuncias y presuntas irregularidades en la entidad. A Raja Tabla, habría que decir que, o un grupo de operadores del ICBF en el departamento secuestraron las decisiones de la regional, o el director de la entidad es asintomático ante el atropello que a diario sufren las madres comunitarias por parte de las fundaciones que operan programas.

A las madres comunitarias en Córdoba no las contratan a tiempo, y debido al cambio de operador cuando se vence un contrato, quedan días sin sueldo y desprotegidas de la seguridad social. Estas servidoras están cansadas de denunciar los pagos incompletos por parte de los poderosos operadores beneficiarios de la contratación en el departamento, ante el silencio indolente del director regional, Alberto Jiménez.

Para citar un solo ejemplo. A un grupo de unas 100 madres Fami (Familia, Mujer e Infancia), de Montería, se les venció el contrato con el operador el pasado 30 de noviembre de 2020 y siguieron laborando normalmente. Resulta que al operador le volvieron a legalizar contrato en el ICBF Córdoba el 15 de diciembre de ese año y ante ello manifestó que solo a partir de esa fecha les respondería a las citadas madres. Eso suena lógico, pero y entonces ¿Quién les responde por los primeros 15 días laborados de diciembre?

Hasta ahora nadie les da un ápice de esperanza a esas servidoras, mientras el director de la entidad en Córdoba, permanece imperturbable, a pesar que conoce la situación. 

En las oficinas del ICBF Córdoba se aprovechan de los tiempos de la virtualidad para eludir la cascada de quejas y denuncias de las madres comunitarias. Operadores que llegaron de otros lugares y de Sucre, precisamente el departamento de donde es oriundo el actual director regional, han pisoteado sus derechos.

Todos los años, tras el cambio de operador la incertidumbre se apodera de las madres comunitarias, así como del talento humano que labora en los diferentes CDI por la demora en la contratación.

Las denuncias.

El excandidato a la Alcaldía de Montería, Luis Fernando Ballesteros, en su calidad de veedor, le viene haciendo seguimiento a las presuntas irregularidades en la contratación del ICBF Córdoba. Ballesteros, señaló “Con Hernando de la Ossa de la Veeduría, Misión y Transparencia por Colombia, tuvimos la intención de dialogar con el director regional del ICBF, para que una comisión evaluara los contratos, pero nos negaron la supervisión como veedores”.

Luis Fernando Ballesteros, señaló públicamente en sus redes sociales y en medios de comunicación “Esperamos que el director regional del ICBF Córdoba, Alberto Jiménez Bohórquez, nos explique, ¿Por qué desde que ocupó el cargo ha habido una transición de operadores y de proveedores hacia Sucre?

Debido al alto volumen de las quejas y denuncias de Luis Fernando Ballesteros, la Fiscalía en Córdoba asumió la investigación de los hechos expuestos públicamente por el excandidato.

En varias oportunidades las madres comunitarias se han encadenado en las puertas de la regional del ICBF en Córdoba, para protestar por las demoras en la contratación y por deudas que operadores se niegan a cancelarles. Lo peor es que en toda esta situación los más perjudicados son niños y niñas de poblaciones vulnerables.

En una rueda de prensa el pasado 11 de marzo, donde oficializó su renuncia a la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional Departamental, el exrepresentante a la Cámara, Eduardo José Tous De la Ossa, señaló que el director del ICBF regional Córdoba, no le da la cara a nadie, no comunica y no da explicaciones sobre la lentitud del desarrollo de los programas de primera infancia en el departamento.

Una de las quejas más comunes de las madres Fami es que los paquetes nutricionales que deben entregarle a los usuarios no les llegan a tiempo. Una de estas servidoras me dijo off the record “El paquete de abril se entregó el 25 y se les había prometido a los padres hacerlo en la primera semana del mes, y ese atraso genera molestias y mientras el operador disfruta el contrato, a nosotras nos toca poner la cara”. Son situaciones que conocen en la regional del ICBF, pero las mismas no se corrigen.

Ni de derecha, ni de izquierda, Jairo Torres Oviedo es un libre pensador con una hoja de ruta definida: “Seguir contribuyendo para que las generaciones de jóvenes tengan en la educación un derecho y no un privilegio”. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Nunca antes en la historia de la Universidad de Córdoba se había utilizado toda una artillería jurídica para cortar un proyecto académico, como la que se viene implementando para tratar de frenar una segunda rectoría de Jairo Torres Oviedo, precisamente la persona que lideró un grupo de académicos para cambiar la historia de una universidad que en el pasado fue escenario de violencia, corrupción y politiquería.

A excepción de la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió “provisionalmente” su última elección, Torres Oviedo ha salido avante en la maratón de tutelas y demandas que han desfilado por las diferentes instancias judiciales para intentar frenar su aspiración y su posible elección como rector de la Universidad de Córdoba.

Como las acciones judiciales contra la aspiración de Torres Oviedo vienen fracasando sistemáticamente, ahora cambiaron de estrategia y tratan de venderle a la opinión pública, a los estudiantes y al Gobierno Nacional, que Jairo Torres Oviedo, representa un peligro porque “presuntamente”, es una persona cercana a los partidos de izquierda en Colombia.

Para afianzar la estrategia publican fotos del pasado donde Torres Oviedo aparece con Gustavo Petro. La mala memoria de los malquerientes de Torres olvida que en redes sociales también hay fotos del exrector con políticos de derecha (expresidentes y congresistas).

En estos tiempos se volvió costumbre en Colombia ponerle el sello político de la izquierda a quienes escalan posiciones relevantes en la vida pública y piensan diferente, o no comulgan con el actual gobierno de derecha. Le aplican la receta a personas o políticos que no necesariamente están ubicados en el lado de la izquierda como fórmula para estigmatizar sus aspiraciones en cualquier escenario de la vida nacional.

Hace rato que en este país construyeron una matriz mediática donde se condena y deslegitima a todo aquel que no siga los postulados de los partidos que acompañan al actual gobierno. Ubicar a Jairo Torres en esa ala de la política colombiana, es una estrategia producto del desespero del pequeño grupo que quiere retroceder la historia para que la politiquería vuelva a manejar los hilos de la alma máter.   

El papel de Torres Oviedo en la vocería de las universidades públicas.

Como Presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, jugó un papel preponderante, tendiendo puentes de entendimiento entre el Gobierno Nacional y la academia durante las jornadas de protestas de los estudiantes en el pasado. Torres Oviedo defendió las peticiones de las universidades públicas, pero siempre dentro de la institucionalidad.

Esa gestión de mediador entre el Gobierno Nacional, estudiantes y demás rectores de las universidades públicas, potenció el liderazgo de Torres Oviedo y desde entonces fue un referente del Ministerio de Educación Nacional para avanzar y seguir construyendo una agenda común Gobierno-Academia. 

Desde el SUE su consigna siempre fue que a la universidad pública había que defenderla, pero abierta y funcionando. Esa posición le valió para que algunos sectores lo ubicaran como una persona de derecha que defendía las políticas del Presidente Iván Duque.

Pero también se le vio alzar la voz desde la vocería de las universidades públicas, cuando en el Congreso de la República, intentaron tramitar reformas que lesionaban los intereses de la educación superior. Entonces el péndulo de su ideología política se movía a la izquierda.

 Ni de derecha, ni de izquierda, Jairo Torres Oviedo es un libre pensador con una hoja de ruta definida: “Seguir contribuyendo para que las generaciones de jóvenes tengan en la educación un derecho y no un privilegio”.  

Los comerciantes que ocupan este espacio no asumen ningún costo de arrendamiento.

Personas ajenas a la Administración Municipal estarían entregando información falsa relacionada con posibles cobros de arriendo a los comerciantes del Pasaje Comercial del Río, información que, de acuerdo al Secretario de Gobierno Municipal, no corresponde a la realidad.

«Desconocemos las intenciones de quienes estarían desinformando a los comerciantes al entregar información que carece de veracidad, pues desde el Municipio no hemos suscrito convenios con entidades públicas o privadas para efectuar cobros de arriendo en este espacio comercial, con esta información falsa están generando confusión entre la comunidad, sabiendo que estos comerciantes que ocupan este espacio no asumen ningún costo de arrendamiento y no se ha contemplado cobro alguno por este concepto», expresó Gabriel Moreno Guerrero, secretario de Gobierno.

Así mismo, aseguró que no se han dado instrucciones a ninguno de los funcionarios del municipio para adelantar estas actuaciones o entregar información relacionada con el tema.

El funcionario, quien siempre ha mostrado disposición al diálogo, invitó a los comerciantes a canalizar sus dudas a través de los canales autorizados, como los correos electrónicos: sgobierno@monteria.gov.co, plataforma de PQRS a través del portal web www.monteria.gov.co, entre otras, o a través de los funcionarios debidamente autorizados.

«Reiteramos el llamado a hacer uso de las herramientas pacíficas y la concertación previa, antes de tomar cualquier medida que afecte la sana convivencia», concluyó Moreno Guerrero.

Las obras de intervención vial, que adelanta la Gobernación de Córdoba en el corregimiento El Sabanal, zona rural de Montería presentan un avance del 60 por ciento. Así lo pudo constatar la secretaria de Infraestructura Departamental, Cilia Tobías Carrascal, en reciente visita.

El cronograma de trabajo que se cumple de acuerdo con los plazos establecidos, contemplan la construcción de 3.839 metros lineales en placa huella, con lo cual se mejora notoriamente la movilidad del sector y dinamiza la economía con la generación de empleo para la zona.

El valor de la inversión destinada por la Gobernación de Córdoba para dicha obra es de $16.294.115.333, y también contempla la intervención vial de 4.839 metros lineales de pavimento rígido en el frente de obra de la vereda Aguas Negras, también en el municipio de Montería.

Cilia Tobías, señaló que con esta obra la administración departamental beneficia a 32.300 habitantes y le sigue apuntando a la mejora continua de la infraestructura vial, como mecanismo o herramienta para aumentar la calidad de vida de los cordobeses.

 “Seguiremos realizando seguimiento a las obras que adelanta la administración departamental, con el propósito de que se cumplan con los cronogramas establecidos y se ejecuten con los estándares requeridos”, agregó la Secretaria de Infraestructura.

En su primera visita al departamento en 2021, la ministra TIC y la jefe de gabinete, María Paula Correa, explicarán a los cordobeses la importancia de los proyectos de conectividad en las regiones y su importancia en el proceso de reactivación económica y social.

La ministra Abudinen también estará acompañada del gobernador Orlando Benítez y el alcalde Carlos Ordosgoitia para entregar tabletas y equipos de cómputo a estudiantes y jóvenes del departamento.

Además,  la  jefe  de  la  cartera  TIC  invitará  a  los  empresarios  y  emprendedores  del departamento para que se unan a Vende Digital, estrategia del Gobierno Nacional que busca acompañarlos en la implementación de canales digitales.

Socializar el proyecto de conectividad rural más grande de la historia de Colombia, monitorear la calidad de los servicios móviles (voz y datos) de los operadores en diferentes lugares, activar una Zona Digital para proveer Internet gratuito a los habitantes de Montería  y entregar equipos de cómputo  a estudiantes, son las principales actividades de la ministra TIC, Karen Abudinen, en su visita este martes 26 de enero al departamento de Córdoba.

La funcionaria llegará a Montería como parte de una gira que realizará este 2021 por todo el territorio nacional para dar a conocer a los colombianos los planes del Ministerio TIC en el proceso de reactivación económica y productiva del país.

Su visita se iniciaría a las 11:00 a.m. en el parque Ronda del Sinú (Carrera 35 con Avenida 1), ubicado en la capital de Córdoba, lugar en donde activará una Zona Digital para que los cordobeses disfruten de conectividad gratuita.

En este mismo espacio, la ministra y la jefe de gabinete, María Paula Correa, darán declaraciones a los periodistas sobre la importancia tecnológica y el impacto social de los proyectos de conectividad en Montería y los invitarán a participar en la iniciativa de transformación digital de los medios de comunicación que hace parte del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, con la cual el Ministerio TIC apoyará a partir de este año a través de un presupuesto de $ 85.000 millones.

Adicionalmente, en este lugar la ministra Abudinen invitará a los empresarios y emprendedores de Córdoba, para que participen en el programa Vende Digital, cuyo objetivo del Gobierno Nacional es acompañarlos en la implementación de canales de ventas digitales y contribuir con su reactivación económica.

Continuando con la agenda ministerial, la jefe de la cartera TIC visitará el colegio Santa María Barrio Nuevo Milenio (sector de Zarabanda) para entregar tabletas a jóvenes damnificados por incendio ocurrido el pasado 6 de enero. La meta del Ministerio TIC con esta entrega es contribuir al proceso académico y facilitar el acceso a la información.

En horas de la tarde, la ministra TIC se dirigirá a la biblioteca Biblioparque David Sanchez Juliao para entregar, junto con el gobernador Orlando Benítez, la dotación de una sala virtual con 50 computadores para que cualquier persona pueda acceder a contenidos digitales.

Finalmente, la ministra Karen Abudinen se dirigirá a la Institución Educativa Juan XXIII sede Escuela Nueva, ubicada en corregimiento El Floral, para socializar con rectores, profesores y estudiantes el proyecto de conectividad que transformará el sector educativo y la vida en el campo de todos los monterianos.

Se trata del proyecto Colegios Conectados, con el cual se instalarán 14.745 Centros Digitales con internet wifi inalámbrico por 10 años. Estarán ubicados en todo Colombia, principalmente en instituciones educativas. En este espacio de socialización, la ministra TIC también entregará equipos de cómputo a rectores de colegios beneficiados de la iniciativa Computadores Para Educar.

El día de ayer, en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, la directora de Indeportes Córdoba, Leidy Moreno, junto al área de ciencias aplicadas del deporte del Programa Talentos Colombia del Ministerio del Deporte, realizaron una jornada de evaluaciones físicas y psicológicas a los deportistas cordobeses inscritos en dicho programa, correspondientes a las disciplinas de Karate.

La directora Leidy Moreno manifiesta que “Córdoba, Tierra de Atletas, tiene inscritos talentos de los deportes: Karate, ciclismo, para natación, para atletismo, boxeo y tiro con arco, con quienes se realizará un trabajo importante para proyectarlos como deportistas de alto rendimiento  que  representen con orgullo  a  nuestro Departamento tanto a nivel nacional como internacional»

En este sentido, Talentos Colombia es un programa del Ministerio del Deporte que ofrece procesos de captación, identificación, selección, seguimiento y desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades para la práctica deportiva, a fin de garantizar el relevo generacional y el apoyo a los sueños deportivos de los colombianos.

Es así como “desde el Instituto departamental de Deportes y Recreación de Córdoba continuaremos apoyando a nuestros deportistas y sus diferentes procesos, que les permiten ser mejores cada día” Afirmó la directora Leidy Moreno.

El día de hoy, desde el municipio de Los Córdobas se continuarán con las evaluaciones a los deportistas de boxeo, de los municipios de Chinú, Montelibano, Ciénaga de Oro, Canalete, Puerto Escondido y San Pelayo. Igualmente,  se  continuarán  en  los  próximos  días  con  las  demás disciplinas.

Por; Giovanni Carlos Argel Fuentes*

En el último artículo publicado analizamos los pro y contras del aumento salarial decretado en Colombia por el gobierno nacional para 2021. Siguiendo en esta temática, para esta oportunidad trataremos el impacto de este aumento frente a la Canasta Básica Familiar (CBF), entendida como una herramienta sólida para medir el verdadero consumo de los colombianos frente al crecimiento que experimentan los salarios. Se ha indicado que en el país esta canasta, al parecer, ha sido poco atendida por las comisiones de concertación laboral y de políticas salariales, ya que se ha dado mayor prioridad a las normas constitucionales y directrices técnicas asociadas a la productividad empresarial y no a la realidad contextual socioeconómica del trabajador.

Es importante indicar que, en 2019, se fijó la nueva CBF dada a conocer por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), con los elementos metodológicos e indicadores que definen los cálculos que identifican la tipología inflacionaria del país, a partir del consumo. Esta metodología se revisa y actualiza cada 10 años en el país y se mide el índice de precios al consumidor (IPC), como a su vez se actualizan los listados de productos en la economía nacional, gracias a la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares.

Algunos elementos que introdujo la nueva metodología, podríamos citar: el paso de 9 a 12 divisiones de gastos para el consumidor, ya que se analizan por separado los egresos de los bienes y servicios que se presentan en restaurantes y hoteles, los muebles y artículos para el hogar, la recreación y la cultura, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Igualmente, se modificó el rubro de vivienda que tendrá una mayor ponderación y el de alimentos que perdió peso en el cálculo. Además, se contabilizan para la inflación 84 productos nuevos y salieron 71 que se encontraban hasta 2018. Es decir, se pasó de 441 a 443 productos, entre nuevos y actualizados.

Entre los que se incluyeron, hoy vigentes en la nueva lista, se pueden destacar algunos como los servicios de streaming (Netflix, Amazon o HBO), comida como el queso mozarella, la salsa de soya o el maní, bebidas como el tequila o el vino, artículos para las motocicletas o las bicicletas, el alquiler de canchas de fútbol 5 o los alimentos y artículos para las mascotas, entre otros. También entran los almuerzos por fuera del hogar, los planes de celular, los videojuegos por internet o los cursos de natación o tenis.

Definió el Dane que se excluyen para tomar el dato de inflación algunos productos como el arroz para la sopa, el kumis, la impresión de fotografías, la cera para los pisos o el lustrado de zapato, entre otros. También desaparecerán otros como la aspiradora, el baloto o los fósforos. Estos se excluyen por su baja usabilidad, compras o demanda y baja presencia en los presupuestos de los hogares analizados durante el período de estudio.

Otro cambio esencial de la canasta es el aumento de cobertura de la aplicación, al pasar de 24 a 38 ciudades. Igualmente, se empezó por primera vez en el país, a tener en cuenta el gasto de los hogares unipersonales que según la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares representan alrededor de 14% de los hogares del país. Según el Dane, estos suelen informar que tienen una mayor proporción del gasto en servicios de telecomunicaciones y en las comidas fuera del hogar.

Es de anotar que un poco más del 67% de los productos (bienes y servicios) que se incluyen en la CBF Dane desde el 2019, no se pueden adquirir con el salario mínimo en Colombia. El valor total de la canasta básica para una familia compuesta por 4 personas y lograr satisfacer sus necesidades, es totalmente inalcanzable, más si solo trabaja uno de los jefes de hogar. Ello sumado al desempleo, ubicado por encima del 14% y la informalidad cercana al 46% en Colombia, los cual afecta en mayor proporción al núcleo familiar. Aspectos que se ahondarán en el periodo postvacuna y postpandemia que se avecina.

Según los cálculos, la canasta le cuesta a un hogar promedio –integrado por cuatro personas: $3.488.577 mensuales. Es decir, el hogar requeriría cerca de 3.8 salarios mínimos legales (SML 2021=$908.526) para la adquisición de todos los bienes y servicios necesarios y vitales, que permitan el sostenimiento de la familia en todas sus necesidades este año. Ahora, en ese sentido es importante para el análisis observar la relación entre el valor de canasta básica familiar (Vcbf) y su relación con el valor de la fuerza de trabajo (Vft) y el salario mínimo legal (SML); con el fin de determinar el grado de evolución que presenta la decadencia salarial en Colombia.

En términos generales, en el país a cifras de 2020, un hogar requería cerca de medio salario mínimo legal mensual vigente – SMLMV- para cubrir solamente alimentación. Lo cual frente a la pobreza y al crecimiento inflacionario en el año que entra, será absolutamente despreciable e insostenible; incluso llegará cerca del 80% del medio salario mínimo del año anterior. Es de anotar, que en la práctica estas canastas son mucho más costosas; estudios de Educar Consumidores, indican que estos precios de la CBF dejan a una mayor proporción de la población colombiana sin garantía de un “mínimo vital” de subsistencia, ni siquiera de su alimentación completa; empezando por quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que para 2020 se ubican cerca de los 16,8 millones de personas. Panorama que se agrava bajo condiciones de creciente inseguridad y precariedad del empleo e igualmente por la inestabilidad y lentitud en las actividades productivas sectoriales.

Frente a lo anterior, al equiparar el valor de la fuerza de trabajo familiar (Vftf), anteriormente citada, con el valor de la canasta básica familiar (Vcbf) se establece la capacidad adquisitiva del SML respecto a tres niveles de necesidades de artículos de consumo por parte de las familias de la clase trabajadora en Colombia: i) necesidades fisiológicas (NF): es el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables; ii) necesidades imprescindibles (NI): es el nivel de necesidades percibidas como esenciales por el hábito, la costumbre, las expectativas, la cultura y el grado de desarrollo del país; iii) necesidades sociales (NS): comprende el nivel de necesidades del trabajador como ser socialmente desarrollado y las exigencias acordes con su dignidad y los requerimientos históricos para el florecimiento humano y social integral.

Consecuentes a esta clasificación de las necesidades y los bajos índices de crecimiento del salario en Colombia, anota un estudio de Educar Consumidores; la clase trabajadora le ha tocado en suerte, más bien, una combinación del sistema premoderno y colonial como excluyente de una adjudicación estratificada de necesidades con el mecanismo cuantificador del mercado. En tanto las capacidades y necesidades ontológicas (esenciales e históricas) no son satisfechas, el ser humano se encuentra en permanente conflicto con su existencia (facticidad). Estas brechas entre los diferentes niveles de necesidades (NF, NI, NS) y los ingresos permite calcular los índices de sufrimiento social y pauperización que afectan a la clase trabajadora (Sarmiento Anzola, 2019).

Al relacionar el SML con el Vcbf podemos establecer que una familia de 3 o 4 personas con un salario como el decretado sigue siendo insuficiente frente a las estructuras macroeconómicas explicadas y especialmente frente a los elementos justificables de la canasta familiar básica en el país, tal como se ha demostrado. Para reafirmar lo anterior veamos algunos planteamientos relacionados con esta relación inversa.

Sarmiento, 2019; anota por ejemplo que “los indicadores de sufrimiento social de la clase trabajadora reflejan una situación de pauperismo al relacionar los valores de la CBF y el SML”. En la Gráfica No 1, adjunta, se puede observar el comportamiento entre la Inflación y el SML. Si bien la inflación ha bajado considerablemente y más por el desempleo en los dos últimos años, el SML crece moderadamente, más bien con una lentitud estructural que afina el desequilibrio del mercado laboral y el verdadero poder adquisitivo. De otro lado nótese el crecimiento significativo del valor de la Canasta Básica Familiar Mensual (VCBFM), el cual está por encima de los $3 millones y refleja un grado de desigualdad e inequidad no solo salarial sino social frente a la pobreza que se agudiza postpandemia.

En este sentido, durante el año 2021 la capacidad adquisitiva del 21.82% de la población colombiana que devengan el SML (10.6 millones), será reducida tal como se evidencia en la línea azul del grado desigualdad y/o pauperización salarial (ver gráfica citada). Ello sumado al nivel de degradación que ha sufrido el salario o el ingreso frente al desempleo masivo, incluso que ha llevado a un pago deprimente de las horas laborales, en gran parte de las actividades productivas en Colombia; promueve una tendencia injusta para el trabajador en Colombia en los próximos años.

Finalmente, nótese que el análisis se centra en los que trabajan actualmente o tienen contratación vinculante y de hecho devengan al menos el SML; ahora piensen en los que están en la informalidad o los que no devengan un peso durante el año, esos que no reportan tiempos de búsqueda de empleo, es decir, aquellos que perdieron la esperanza de trabajar (desempleo oculto) en el país. La situación seguramente es más crítica, en el sentido que no tienen para alcanzar un 30% de la CBF mensualmente. Entiéndase que las tres últimas generaciones de hombres y mujeres trabajadoras han padecido un alto grado de injusticia social, pobreza, desempleo y aislamiento en Colombia. Esto lo reafirma el Coeficiente de Gini para el país, ubicado en 0.54, constituyéndose en uno de los más altos del mundo, indicador que demuestra las disparidades y la desigualdad absoluta de las políticas salariales y sociales. Seguiremos avanzando en este núcleo temático.